“Un pueblo que tiene memoria no repite los errores del pasado; en cambio, afronta con confianza los retos del presente y del futuro”. Papa Francisco
No sólo este año, sino que lamentablemente desde hace un par de décadas los escenarios electorales se han convertido en momentos cargados de tensión, miedo, e inestabilidad; aunque no se quiera admitir, ha quedado claro que la violencia y sobre todo los atentados y muertes de aspirantes a cargos de elección popular no han sido exclusivos de este proceso, lo que sí, es que hemos pasado del miedo al terror, y su aumento ha sido significativo.
Esta elección es una de las más grandes e importantes y la preocupación es palpable; diversas instituciones se han pronunciado sobre la intranquilidad que provoca la cada vez más visible presencia de los cárteles en el país; entre estas organizaciones se encuentra la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) quien advirtió en enero su intranquilidad por el aumento de las agresiones contra los participantes, ya que se preveía que los grupos criminales buscarían influir en los resultados electorales, además de su inquietud por la constante desacreditación de las instituciones de derechos humanos y de familiares de víctimas.
El crimen organizado ha buscado infiltrarse en los diferentes niveles de gobierno y no distinguen entre ideología o color siempre y cuando les brinden aquello que buscan: amparo, protección y un libre tránsito; a cambio, algunos actores políticos negocian la posibilidad de permanecer en y con el poder, y es que aunque duela reconocerlo, en nuestro país como en muchos de Latinoamérica, los cárteles se encuentran “íntimamente” relacionados con diversos funcionarios en distintas jerarquías.
Pero, negociar no siempre es suficiente, es así que desde el 2000 se ha notado un incremento en el número de asesinatos de candidatos, y aunque se ha registrado una mayor incidencia en presidentes municipales, alcaldes, regidores y síndicos, el crimen organizado continúa aplicando el viejo dicho popular: “Plata o plomo”.
Los años pasan y los escenarios empeoran, en 2018 los comicios tuvieron un total de 133 actores políticos asesinados en 26 estados; sin embargo el resultado de aquel año cubrió de esperanza a México y la Cuarta Transformación arribó con el slogan de “abrazos no balazos”, que tampoco ha dado los resultados esperados, incluso las elecciones de 2021 también fueron violentas, se tuvieron un total de 102 políticos muertos y 1,066 agresiones lo anterior de acuerdo con la consultora Etellekt.
Desafortunadamente, la situación es mucho más compleja; en datos de Integralia, de septiembre de 2023 al pasado 21 de mayo se han registrado 225 homicidios de políticos, aspirantes, candidatos o exfuncionarios, 17 secuestros, 21 desaparecidos, 137 atentados, 218 amenazas y tan sólo en Chiapas 515 candidatos se han retirado por miedo a la inseguridad, lo que perfila estos comicios como los más cruentos e intimidatorios de la historia.
Es indignante y doloroso ser testigo de la forma en que la violencia ha permeado en la gran mayoría de las áreas sustanciales de la vida, y pocas dudas quedan de que la participación del crimen organizado en los comicios sexenales e intermedios ha sido permanente. La inseguridad es atroz y desconcertante, incluso obispos de Chiapas han mencionado que no consideran que existan las condiciones en este estado para llevar a cabo las elecciones.
Hoy más que nunca se requieren esfuerzos y trabajos responsables y unidos de todos los sectores de la sociedad, no sólo de las instancias gubernamentales. Las cifras son escalofriantes y aún quedan días por delante, por lo que es probable que las agresiones se sigan sumando; de lo que sí podemos estar seguros es que se deben tomar medidas radicales que comiencen a garantizar una gobernabilidad que hasta el momento se ha vulnerado.