Cifras de Hacienda no cuadran

El gobierno federal enfrenta discrepancias en las cifras sobre el impacto presupuestario de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en pensiones. Se propuso inicialmente un fondo semilla de 64 mil millones de pesos, pero la SHCP advirtió a los diputados que el costo fiscal de la reforma ascenderá a 6.9 billones de pesos.

Las cuentas poco claras han generado críticas de diputados, asesores y especialistas en pensiones, quienes cuestionan la seriedad del gobierno y lo tildan de “irresponsabilidad fiscal” y “un disparate”. Además, consideran que la SHCP “se equivocó en los cálculos”, pues 6.9 billones de pesos contrastan con los ingresos fiscales estimados para este año, de 4.5 billones de pesos.

En el documento de la SHCP no se especifica el lapso para obtener 6.9 billones de pesos ni las jubilaciones que cubriría ese monto. Sólo se menciona “un periodo evaluado” que no se especifica en la iniciativa ni en la exposición de motivos, ni en los oficios enviados a la Cámara de Diputados.

Un extraño oficio

Junto con la iniciativa, les llegó el oficio número 416/DGPyPA/2024/0273 a los legisladores, firmado por el director general de Programación y Presupuesto de la SHCP, en el que se advierte que, para las modificaciones propuestas por López Obrador, Hacienda tendría que establecer un fondo en el Banco de México.

“El proyecto considera la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, por parte de la SHCP en el Banco de México, mismo que tendrá por objeto complementar las pensiones a que hace referencia el párrafo tercero del artículo 123 constitucional que se modifica. Lo cual tiene un costo fiscal estimado de 6,955,006.15 millones de pesos de 2024, para el periodo evaluado”, precisa el oficio del cual ejecentral tiene copia.

Y agrega que la Secretaría de Gobernación (Segob) considera que el financiamiento del fondo se compone de aportaciones iniciales y complementarias del gobierno, sin un impacto presupuestario adicional.

Estas incluyen 75% de los ingresos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, parte de la liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Rural, Forestal y Pesquero, recursos de la venta de inmuebles de Fonatur, y el cobro de adeudos a instituciones públicas.

Las aportaciones complementarias comprenden los fideicomisos del Poder Judicial, las economías generadas por la eliminación de órganos autónomos e instituciones con duplicidad de funciones, la enajenación de inmuebles del ISSSTE, las inversiones del Fondo de Pensiones para el Bienestar y las donaciones de personas físicas y morales.

“La opinión de Hacienda está sesgada, evidentemente sí existe un impacto presupuestal adicional a las finanzas públicas”, expuso el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez Hernández, quien analizó la iniciativa presidencial.

El legislador panista afirma que las aportaciones iniciales y complementarias se pensaron para un fondo semilla de 64 mil millones de pesos, pero mencionar la cifra de 6.9 billones de pesos es “un completo disparate financiero”.

“En las 74 millones de cuentas individuales de trabajadores, es decir, los fondos de retiro que existen según la Consar, se están administrando cerca de seis billones de pesos. Hablar de más dinero es un disparate que no tiene ninguna concordancia; sería un universo estratosférico de recursos. Me parece que ese cálculo es erróneo y no lo podemos compartir de ninguna forma”, afirmó.

En entrevista con ejecentral, Abraham E. Vela Dib, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), aseguró que el oficio de la SHCP “es una irresponsabilidad desde el punto de vista fiscal”. El documento, expresó, no es congruente con la iniciativa presidencial. Hacienda precisa que la reforma sólo aplicará para la “generación Afore”, pero la redacción de la reforma constitucional parecería que aplica para todos los trabajadores.

“La persona que redactó la propuesta constitucional tiene una muy mala técnica jurídica. El oficio de la SHCP dice que tiene un costo fiscal estimado de 6.9 billones de pesos para el periodo evaluado, pero no menciona si son 10 años o 20 años o 25 años”, expuso.

“Yo hice un cálculo donde este costo fiscal acumulado en los próximos 20 años era de dos billones de pesos, y en el supuesto de que iba a aplicar para todos los adultos mayores de 65 años o más que cumplan esa edad a partir del 5 de febrero de este año, cuando se presentó la iniciativa. Pero si solo se está considerando la generación Afore, pues entonces no sé cómo lo calcularon, pero este número, de casi siete billones de pesos, es gigantesco”, agregó.

Freno a la discusión

Convencido de que “las ocurrencias tienen consecuencias”, Vela Dib explicó que la iniciativa presidencial tiene una redacción general que garantiza la pensión por 16 mil 777 pesos independientemente de las semanas cotizadas, ya que el texto no especifica que se deben cumplir los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social.

En cuanto a las aportaciones para el Fondo, dijo que no hay claridad; por ejemplo, el gobierno está contando con las utilidades que puedan tener el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y esos proyectos están operando con números rojos, “entonces es una vacilada”.

El diputado Héctor Saúl Téllez señaló que muchas fuentes de financiamiento no estarán disponibles debido a la firme oposición a la desaparición de órganos autónomos, la controversia sobre los fideicomisos del Poder Judicial, los proyectos deficitarios a cargo de las fuerzas armadas por al menos una década, y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado que solo ha recuperado cuatro mil millones de pesos en total.

En la Cámara de Diputados, todas las fuerzas políticas muestran inclinación hacia la aprobación de una reforma sobre pensiones dignas, pero el financiamiento para ello ha detenido la discusión y los acuerdos.

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