CNDH emite recomendación a Semar

Servidores públicos adscritos a la Semar violaron los derechos humanos a la libertad personal, inviolabilidad del domicilio, integridad y seguridad personal y jurídica de dos agraviados en Ciudad Mendoza, Veracruz, afirmó este jueves la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al emitir la Recomendación 20/2016, emitida y entregada al Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz. La CNDH radicó el expediente CNDH/5/2013/6128/Q tras recibir una queja el 12 de agosto de 2013 debido a que el día 6 de dicho mes y año, policías estatales y elementos de la Secretaría de Marina, se introdujeron sin orden de cateo ni consentimiento de sus moradores a un domicilio, para golpear y privar de su libertad a un hombre y una mujer, sin mostrar documento alguno que justificara su detención, en donde fueron objeto de actos de tortura física y psicológica. Una vez concluida su investigación, la Comisión Nacional encontró elementos suficientes que acreditaron violaciones a los derechos humanos de los dos agraviados, quienes fueron objeto de detención arbitraria, retención ilegal, allanamiento de su domicilio y sujetos a actos de tortura en su integridad física y psicológica, atribuibles a elementos de la SEMAR.

Por todo lo anterior, la CNDH pide al titular de la Secretaría de Marina se investigue a los servidores públicos federales que intervinieron en los hechos, así como se repare el daño a los dos agraviados derivado de la responsabilidad del Estado, en términos de la Ley General de Víctimas, y se les proporcione atención médica y psicológica.

También solicita, de acuerdo con la Recomendación, que se imparta un curso en materia de derechos humanos a los elementos de la SEMAR destacamentados en el estado de Veracruz a fin de evitar subsecuentes detenciones o aprehensiones arbitrarias o ilegales, así como actos de tortura, y se les exhorte a dar efectivo cumplimiento de las directivas de esa dependencia, relacionadas con la protección de los derechos humanos, incluida su actualización.

Por último, que la institución colabore en el seguimiento e inscripción de ambas personas en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que prevé la citada Ley General de Víctimas.