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El gobierno de Colombia se comprometió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a investigar 21 homicidios ocurridos durante las cruentas protestas antigubernamentales, al cierre este jueves de la visita extraordinaria del organismo para evaluar la situación tras casi mes y medio de crisis.

El presidente Iván Duque está «totalmente comprometido en que se sigan haciendo todas las investigaciones (…) sobre las causas de la muerte de esas 21 personas que tristemente ya se ha comprobado que fallecieron como consecuencia de estas protestas», expresó la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, tras una reunión con miembros de la CIDH en Bogotá. 

La delegación llegó el domingo al país para analizar denuncias de violaciones a los derechos humanos en Bogotá y las ciudades de Cali, Popayán y el municipio de Tuluá, en el suroeste. 

También se reunió con Duque, la fiscalía, organizaciones civiles, víctimas y altos mandos de la policía, cuestionada por la dura represión de las manifestaciones. La ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y oenegés internacionales han denunciado graves excesos cometidos por la fuerza pública.

Al menos 61 personas han muerto desde que iniciaron las protestas el 28 de abril, según autoridades y la Defensoría del Pueblo (ombudsman). Además, le entregó a la CIDH más de 500 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.

En un principio la protesta iba dirigida contra un proyecto para aumentar impuestos a la clase media, el cual fue retirado. Pero la represión policial avivó la llama hasta convertirla en un estallido social sin precedentes. 

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Los manifestantes exigen un cambio de rumbo a las políticas del gobierno, una reforma a la policía y un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia, que atraviesa su pico más letal en 15 meses de emergencia sanitaria.

Las protestas se mantienen a diario con jornadas más intensas que otras, bloqueos viales y violentos choques entre civiles y la fuerza pública.

La visita de la CIDH coincidió con el anunció de un plan del gobierno para «modernizar» la policía enfocado en derechos humanos, sin sacarla de la tutela del ministerio de Defensa, otra de las exigencias de los manifestantes.

La Comisión, con sede en Washington y adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA), analizará toda la información recibida y emitirá «una declaración pública» con «observaciones y recomendaciones», según dijo su presidenta, Antonia Urrejola, durante la visita.

Ramírez expresó que recibirá las recomendaciones de la comisión «con la mayor disposición a seguir mejorando (…) para que el Estado colombiano siempre sea un Estado garante del respeto a los Derechos Humanos».

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