En México nos enteramos, quizá sin suficiente atención, de la decisión de más de 300 medios de comunicación estadounidenses que el 16 de agosto, a convocatoria de The Boston Globe, publicaron editoriales contra las agresiones discursivas de Donald Trump, especialmente en repudio al calificativo de “enemigos del pueblo”, que les ha endilgado a los informadores que cuestionan o son críticos de sus declaraciones y ocurrencias. Es improbable el consenso para una acción así en la prensa mexicana. Sin embargo, el periodismo aquí también enfrenta riesgos. En su informe 2017, Artículo 19 calificó a México como la nación más peligrosa para ejercerlo en América Latina y detalló que en cinco años hubo mil 986 agresiones contra periodistas y 41 asesinatos de profesionales de la información. Los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU, David Kaye, y de la CIDH, Edison Lanza, en el informe conjunto de su visita a México, realizada entre noviembre y diciembre de 2017, identificaron casos de amenazas y ataques físicos, secuestros, intimidación, intentos de cooptación, condiciones adversas de trabajo, falta de capacitación y respaldo de las empresas mediáticas, espionaje y ataques digitales, desconfianza ante autoridades coludidas con delincuentes, despido de reporteros por posturas críticas, falta de pluralismo en el acceso, titularidad y criterio editorial de los medios y, por supuesto, la endémica discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial, entre otros peligros y obstáculos. El informe refiere un “ataque expansivo contra los periodistas y el periodismo” que representa “la amenaza más directa y significativa a la libertad de expresión en México” y recomienda acciones inmediatas para enfrentarlo. Pese al contexto adverso y por el ensanchamiento de márgenes impulsado desde medios digitales, el periodismo en México ha promovido cambios políticos y sociales. Sin los reportajes críticos sobre pifias de los últimos gobiernos o las investigaciones que revelaron excesos, fraudes y corruptelas en los años recientes, no se hubieran generado tan altos niveles de hartazgo y deseos de cambio en la escena pública. Aunque algunos estudios advierten mayor desconfianza y distanciamiento de la sociedad hacia los medios, el trabajo que realizan tiene innegable influencia. Las toallas de Los Pinos, los “daños colaterales” de la guerra contra el crimen, las casas blancas, estafas maestras y socavones, entre otros escándalos, provocan reflexión, conversación en las redes sociales y ajustes de tendencias electorales, tras ser reportados por periodistas profesionales. La información publicada impacta en los votos. La alerta de los diarios de Estados Unidos amerita atención. Subraya la exigencia a los gobiernos, de allá o de acá, de garantizar respeto y protección a la libre expresión y al trabajo de los medios que, aunque incomoden, no son enemigos, sino contrapeso democrático necesario. El periodismo no es perfecto, pero sí es más trascendente que sus errores que no pueden servir de pretexto para embates en su contra y menos desde gobiernos que lo son por los votos. En democracia, el periodismo no está para apoyar las acciones o la retórica oficial, sino para cuestionar e indagar sobre contradicciones, vicios y fallas del poder. The New York Times aseveró en su editorial del 16 de junio que “los ataques más dañinos provienen de funcionarios del gobierno. Criticar a los medios… es completamente correcto. Los reporteros y editores son humanos y cometen errores… sin embargo, insistir en que las verdades que no te gustan son ‘noticias falsas’ es peligroso para el alma de la democracia. Y decir que los periodistas son los ‘enemigos del pueblo’” también es peligroso. Cuando eso no se entiende, es el pueblo el que pierde.
Medios incómodos
