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Redacción ejecentral

Ante la petición para promover una controversia constitucional en el Senado contra el decreto presidencial para “blindaje” de obras, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero consideró que ello es improcedente.

Sánchez Cordero indicó que, desde su opinión, el agravio señalado por senadores y senadoras de oposición es inexistente.

En el documento que entregó a senadoras y senadores que solicitaron la impugnación del decreto sobre obras, la presidenta del Senado detalló que la procedencia de la controversia está condicionada al principio de agravio, lo que supone la existencia de una afectación a las atribuciones tuteladas legal o constitucionalmente.

Fue durante la sesión del pasado 25 de noviembre que el senador de Movimiento Ciudadano Noé Castañón informó sobre un acuerdo suscrito por distintas bancadas para interponer una controversia constitucional.

De acuerdo con el senador, el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador representa un atentado contra la división de poderes, por lo que consideró que la controversia serviría para regular la invasión de competencias.

“Este acuerdo excede la esfera de competencias que tiene el Ejecutivo Federal, y legisla en materia de obras y asignaciones, facultad exclusiva de este Senado y su homóloga, la Cámara de Diputados”, indicó.

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Ante la solicitud de apoyo para presentar este recurso ante la Suprema Corte, Sánchez Cordero indicó que “el Senado carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente López Obrador”.

Tras señalar como improcedente el procedimiento, la presidenta del Senado indicó que ello no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial.

 “Otros organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos, bajo la perspectiva de interés legítimo y la existencia de un principio de afectación podrían encontrar motivos para interponer una controversia constitucional”, indicó.

La ministra en retiro indicó que la presidencia del Senado representa la unidad, y ello implica escuchar todas las voces, sin embargo, añadió, también ello obliga a respetar los procesos legales “tomar decisiones con sustento jurídico y no político”.  CJG

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