Escoriaciones por los forcejeos previos a la muerte y tiro de gracia.
Cinco homicidios en la capital del país en una colonia tradicional de la más desarrollada de las delegaciones de la entidad.
El fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, dos mujeres activistas, una mujer de nacionalidad colombiana y una trabajadora doméstica de quien ninguna nota menciona el nombre y las feministas tampoco parecen exigirlo, son las víctimas más recientes de un proceso al que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal prefiere inicialmente encontrar relacionado con asuntos patrimoniales.
La otra vertiente, la de los mismo informadores politizados o no, encuentra nexo inmediato con el estado de involución en que diversos segmentos del poder veracruzano han sumergido a la sociedad y a la prensa.
Doce asesinatos de periodistas vinculados a Veracruz en lo que va de la administración de Javier Duarte.
Como ocurrió antes con los asesinatos en el Distrito Federal de Marcela Yarce y Rocío González Trápaga, el gobierno del DF siente la pulsión de privilegiar líneas de investigación en las cuales la actividad profesional periodística o el activismo no parezcan estar relacionadas con el múltiple crimen.
En aquel entonces, 2011, Yarce y González Trápaga, según el entonces procurador Mancera y el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, habían sido víctimas de tortura.
Lo dijeron entonces, a unas horas del descubrimiento de sus cuerpos in vida, a pesar de que para tipificarse la tortura debía haber un detenido, un imputado cuya responsabilidad como parte de un organismo gubernamental hubiese infringido dolencia física o psicológica constante en sus víctimas.
Mancera y Ebrard insistieron inmediatamente en la hipótesis de la tortura. Sus asesores prefirieron fortalecer el interés de sus jefes en mantener a la Ciudad de México de la imagen de relativa seguridad con respecto al resto del país.
En esta ocasión el asesinato de Rubén Espinosa ha conseguido reactivar la trágica situación en que solamente la violencia brutal a representantes de los medios de información, y mujeres, en una época en que el discurso de igualdad de género es aceptado cuando no promovido incluso por sectores conservadores del gobierno federal, nos sacude y reanima cívicamente.
No es posible ahora mismo descartar ninguna hipótesis. Tampoco asegurar una sola.
De ahí la magnitud del compromiso técnico jurídico de una autoridad sujeta nuevamente a la evidencia de sus limitaciones, frente a la eventual responsabilidad de actores externos a la geografía capitalina o frente a la indisposición de afectar la imagen del Distrito Federal y sus propias violencias.
De la integridad y capacidad de la autoridad capitalina, o de sus opuestos, tendremos nuevo registro en estos días