Decae la capacidad del gobierno para corregir políticas

10 de Diciembre de 2024

Decae la capacidad del gobierno para corregir políticas

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Las dependencias con los porcentajes más bajos de cumplimiento son el ISSSTE y el IMSS

De las 184 observaciones que hizo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el ciclo 2022-2023 al gobierno federal para mejorar las políticas públicas, sólo 109 fueron atendidas y concluidas, lo que equivale a un 59 % de capacidad de rectificación.

Este porcentaje es el más bajo desde 2011, año en que se comenzaron a emitir los informes de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), herramienta desarrollada por Coneval y que contiene alertas sobre debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en diversas evaluaciones que pueden ser atendidos por los servidores públicos para la mejora de los programas presupuestarios.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el promedio de atención a los ASM fue de 90.9 por ciento. El ciclo con el porcentaje más alto fue 2017-2018 (96.7) y el ciclo con menor efectividad fue 2013-2014 (81.9 % de aspectos atendidos y concluidos).

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En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el promedio es de 80.9 % de solventación. El ciclo de mayor capacidad de corrección fue 2020-2021, con 94.4 % de atención.

“La información presentada en este documento sugiere que es necesario seguir trabajando para que las personas responsables de la operación de los programas y acciones las consideren como ejercicios fundamentales que aportan elementos importantes sobre las mejoras que deben llevarse a cabo para cumplir con los objetivos para los que fueron creados”, aconseja el Informe de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social”, para el ciclo que abarca la segunda mitad de 2022 y la primera de 2023.

Las dependencias con los porcentajes más bajos de cumplimiento son el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 33.3 %; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 40.7 %; el sector Salud, con 50 %, la Secretaría del Bienestar (que administra la mayoría de los programas sociales de alto impacto), con 64.3% y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con 66.7 por ciento.

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