Decreto sobre obras, inconstitucional y neoliberal: organizaciones
UAYMA, YUCATÁN, 05MARZO2021.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador en compañía de Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur, visitaron el estado de Yucatán para la supervisión de obra del Tren Maya, tramo en construcción carretera Kalkini- Cancún kilometro 140-134. FOTO: FRANCISCO BALDERAS/CUARTOSCURO.COM
/Francisco Balderas/Francisco Balderas
Un grupo de 32 agrupaciones pidió al Congreso y a la CNDH ir en contra del decreto de López Obrador sobre obras de la 4T; es violatorio de los derechos humanos, aseguraron
El Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) deben de proceder legalmente en contra del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las obras de infraestructura del gobierno. Así lo solicitó un grupo de 32 organizaciones ciudadanas a través de un comunicado.
Estas organizaciones criticaron varias situaciones que se traen consigo la orden del mandatario tabasqueño. La posible aparición de la opacidad, uso discrecional de recursos y violaciones a los derechos humanos son parte de ellas. Además, añadieron, se trata de un decreto “inconstitucional” y “neoliberal”.
Al respecto, se indicó que el hecho de que se “genere una calificación anticipada sobre el carácter de seguridad nacional” atenta en contra de la Constitución. Toda vez que se da pie a que se reserve información sobre proyectos de infraestructura.
También se da cabida a la “discrecionalidad en la gestión de obras”, indicaron las organizaciones. Y advirtieron que se “genera un régimen de excepción con la regulación de los proyectos de desarrollo” en el país.
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Por otro lado, se hizo énfasis en que el acuerdo firmado por López Obrador representa dejar de lado las obligaciones del Estado para cumplir con requisitos para la realización de obras. Como lo son estudios de impacto ambiental, procedimientos de consulta y consentimiento, entre otros.
En lo que respecta a la etiqueta de neoliberal que se le adjudicó al decreto, las organizaciones externaron que se suma al “marco normativo neoliberal vigente en México desde décadas atrás”.
En este sentido, argumentaron que al hacer de los proyectos de infraestructura un asunto de interés público y seguridad nacional, se estipula “estas actividades como de utilidad pública y preferentes frente a cualquier otro uso del territorio a costa de los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas”.
Dentro de las agrupaciones que firmaron el comunicado conjunto se encuentran Equis Justicia para las Mujeres, GESOC, Oxfam México, Red en Defensa de los Derechos Digitales y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. GA
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