De 2011 y hasta febrero de 2015, 281 mil 418 personas se han desplazado de manera forzada. En la última década, el desplazamiento forzado se ha hecho presente en México. Comunidades y municipios de estados como Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Chiapas y Chihuahua han resultado gravemente afectados por el fenómeno, pero desde el 2014, Guerrero duplicó su propio récord y se convirtió en el líder del desplazamiento por violencia en nuestro país.
Un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), señala que de 2011 y hasta febrero de 2015, 281 mil 418 personas se han desplazado de manera forzada en diversos estados del país como consecuencia de la violencia que ha dejado la lucha entre los cárteles del narcotráfico. https://bit.ly/1IRm6yb
Del mismo modo, la organización detalló que han documentado 121 desplazamientos masivos (cada uno de más de 10 familias) entre 2008 y 2014, de los cuales el 21% de los casos ocurrió en Guerrero. Pero el año pasado, en la entidad se presentaron el 40% de los 23 desplazamientos masivos que se dieron, y que implicaron el destierro de más de 9 mil personas. Los mayores desplazamientos sucedieron en los municipios de Apaxtla, Teloloapan, San Miguel Totolapan, Chilpancingo, Atoyac, Chilapa y Acapulco.
Y es que en Guerrero las desapariciones forzadas poco a poco se han convertido en lamentables sucesos cotidianos, frecuentemente en los medios de comunicación son reportadas las desapariciones de personas “comunes” como las calificó el gobernador Héctor Astudillo Flores. El último caso ocurrió el pasado martes 8 de diciembre, cuando un grupo armado secuestro a siete civiles, sin que hasta el momento se conozcan detalles sobre su paradero.
Desde antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las desapariciones forzadas eran recurrentes en algunas regiones de Guerrero, pero después de los hechos del 26 de septiembre de 2014, este tipo de sucesos se han seguido con mayor detalle por parte de la prensa nacional e incluso internacional. Pero no solo ha quedado en notas o reportajes periodísticos, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, han demandado al gobierno mexicano que lleve a cabo la creación de una base de datos de ADN de las personas desaparecidas, así como un registro oficial de las desapariciones.
En lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, poco más de 12 mil 800 personas han sido reportadas sin localizar en México, según el informe en la materia del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), casos que han dado inicio a igual número de averiguaciones previas. De las cuales 1,080 corresponden a Guerrero. https://bit.ly/1bvegtZ
Es el miedo a que les suceda algo similar y otras atrocidades lo que ha orillado a decenas de familias enteras a migrar de sus lugares de origen, a dejar sus comunidades convertidas en pueblos fantasmas. Una investigación de Animal Político, relata con detalle como Tlanipatlán de las Limas, comunidad del municipio de Teloloapan, Guerrero, fue abandonada en cuestión de días por el temor a las células criminales que se disputan el territorio.
Ante tal panorama, el pasado 8 de diciembre la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano presentó ante el Congreso del Estado un exhorto para solicitar al gobernador Héctor Astudillo Flores, que ordene la elaboración de un informe con todos los casos de desplazamiento forzado de familias que han huido de sus hogares como consecuencia de la violencia. La idea es contar con un informe público que detalle, por municipio, la situación que se vive sobre esa problemática, con la finalidad de conocer las comunidades más afectadas.
Las consecuencias de los desplazamientos forzosos afecta tanto a los estados expulsores, como a los receptores, que en muchas ocasiones no cuentan con la infraestructura social ni laboral para recibirlos, advierte Brenda Pérez, coordinadora del Área de Desplazamiento Interno y Forzado de la CMDPDH, “cuando las personas huyen de su lugar de residencia por motivos de violencia generalizada, se convierten en desplazados forzados, pierden todo y viven en condiciones terribles”.
Con más de un cuarto de millón de desplazados en México y la ausencia de instituciones específicas que puedan apoyarlos, la situación es realmente grave, pues estas personas se están enfrentando a experiencias negativas al buscar ayuda gubernamental y en la sociedad civil. Una de las recomendaciones de la CMDPDH para afrontar esta problemática es la aprobación de leyes estatales para garantizar la protección de los desplazados, pero también que sea atendido en el marco de una política integral, para lo cual se requieren diagnósticos, leyes y políticas de alcance nacional.
*Consultor en Seguridad, Justicia, Política y Educación. simon@inprincipioeratverbum.com.mx @simonvargasa facebook.com/simonvargasa Linkedin: simón-vargas-aguilar www.inprincipioeratverbum.com.mx *Si deseas recibir mis columnas en tu correo electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el siguiente vínculo: https://eepurl.com/Ufj3n
