El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó sanciones contra servidores públicos tras habérseles encontrado responsables por la filtración y comercialización información confidencial sobre el 28º concurso interno de oposición practicado por el Instituto de la Judicatura Federal (IJF) en 2018.
A través de un comunicado, el CJF indicó que entre los responsables por dicha filtración se encuentra el ex director general del Instituto de la Judicatura Federal, quien fue sancionado con la destitución e inhabilitación por 10 años.
Igualmente, se resolvieron sanciones contra el resto de los involucrados en función de su participación, al señalar que no preservaron la dignidad, imparcialidad y profesionalismo en el desempeño de sus labores, esto basándose en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
“La ética en la formación judicial y el desempeño de sus servidoras y servidores públicos es pilar fundamental para este Consejo. No hay situación alguna en la que habremos de tolerar conductas similares en el Poder Judicial de la Federación”, indica.
Asimismo, refiere que la profesionalización, integridad y capacidad de nuestras y nuestros juzgadores ha sido prioridad para el Pleno del CJF, así como para su presidente ministro Arturo Zaldívar.
El Pleno manifestó estar convencido del fortalecimiento del IJF como medio para lograr una mejor justicia, más profesional y socialmente sensible.
“Estamos convencidos de que el servicio público de la procuración de la justicia se debe completamente al bienestar y dignidad de la gente. Y ahí, la falta de integridad ni tiene cabida”, aseguraron.
Fue en 2018 cuando el Consejo de la Judicatura Federal decidió abrir un procedimiento disciplinario en contra de 14 integrantes del Poder Judicial de la Federación por supuestamente adquirir y comercializar el examen para competir por el cargo para juez de Distrito.
Tras ello, en diciembre de ese mismo año se indicó que 10 servidores habían sido encontrados como responsables, por lo que se indicó que serían sometidos a sanciones administrativas.
En ese momento se indicó que se buscaban sanciones administrativas contra 15 personas, pero sólo una de ellas era ajena al CJF. Tras la comercialización del examen aplicado por el IJF el proceso tuvo que ser suspendido. CJG
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