Esta semana el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) dio a conocer su actualización del índice delictivo 00. La contribución de este estudio radica en diseccionar los delitos que más impactan en la percepción de seguridad de los ciudadanos tomando en cuenta su incidencia. Los tres mensajes principales del documento son de gran relevancia para tomar en cuenta en los siguientes pasos del combate a la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado, y se discuten a continuación.
En primer lugar, el índice se basa en el grado de impacto que tiene cada delito en la percepción de la ciudadanía. La percepción es muy importante ya que las personas adaptan sus conductas de acuerdo a lo riesgoso o violento que consideren su entorno. Como resultado, en un estado con altos niveles de percepción de inseguridad, veremos afectada la actividad económica, las decisiones de inversión y la calidad del tejido social. Esto, a su vez, abrirá espacios a mayor delincuencia e inseguridad.
De igual forma, la percepción de inseguridad afecta la relación de los ciudadanos con sus autoridades. En tanto más consideren los ciudadanos que las autoridades no son capaces de protegerlos o, incluso, que están coludidas con el crimen, menor será su disposición a colaborar con ellas y se erosionará el mecanismo de rendición de cuentas. Este panorama es por demás preocupante ya que año con año observamos un deterioro importante en los niveles de percepción de inseguridad en las distintas entidades a la par de un aumento grave en la incidencia delictiva.
Según la última medición de la encuesta de victimización del INEGI, el 73% de los ciudadanos a nivel nacional considera que la entidad en la que viven es insegura. En 28 de las 32 entidades del país, más del 50% de los ciudadanos califican su estado como inseguro. El estado con niveles más altos de percepción de inseguridad es el Estado de México en donde la incidencia delictiva asciende a 93 mil delitos por cada cien mil habitantes. Es decir, 9 de cada 10 personas han sido víctimas de un delito, o bien, existe una masa crítica de personas que ha sido víctima de más de un delito en un mismo año.
En segundo lugar, 8 Delitos Primero habla de la necesidad de priorizar delitos. Hasta hace poco, se procesaba de igual forma la denuncia por un robo de celular que la denuncia de un robo con violencia. El nuevo sistema de justicia que se está implementando de manera paulatina a partir de la reforma penal de 2008, busca enfocarse en los delitos que son considerados más graves. Es decir, delitos privativos de la libertad o delitos con violencia. Esto permite a los ministerios públicos desestimar la persecución de delitos que son considerados de bajo impacto para enfocarse en los que más lastiman a la sociedad.
La priorización de delitos sugiere hacer diferenciaciones importantes entre los mismos con el fin de ser más eficaces en el combate al crimen. De igual forma, requiere de una mejor preparación de las autoridades locales de seguridad y de impartición de justicia para lograr una correcta implementación de las nuevas leyes. Esto se vincula con el tercer mensaje del documento que hace referencia al papel de los estados.
Tomar en cuenta la perspectiva estatal es necesario para lograr tener objetivos más precisos, indicadores de éxito más claros y un manejo más eficiente de los recursos. Algunos estados se ven más fuertemente afectados por ciertos delitos que por otros, mientras que existen entidades con niveles graves de afectación en todos los delitos. El caso más grave es el estado de Guerrero que exhibe una afectación severa en 6 de los 8 delitos que más impactan a la ciudadanía. Por el contrario, estados como Tlaxcala o Querétaro muestran afectaciones en uno o dos de los ocho delitos.
Esto nos indica que la estrategia que se debe implementar en Tlaxcala no debe ser la misma que se llevaría a cabo en Guerrero o en Nuevo León ya que la dinámica de criminalidad que aqueja a cada uno no es la misma. A su vez, pone de manifiesto la importancia que tienen las autoridades estatales en el combate a la inseguridad y la necesidad de que se les responsabilice también a ellas por la criminalidad que existe en sus entidades.
Hasta el momento, muchos gobernadores y alcaldes han sido velada o abiertamente criticados por permitir la operación del crimen organizado en sus territorios. Se conocen historias en diversas entidades, desde Veracruz hasta Colima, en donde autoridades estatales y municipales han permitido la injerencia directa del narco para nombrar a jefes de policías, o que le han permitido al crimen organizado llevar a cabo sus actividades ilícitas en colusión o coordinación con las autoridades policiales y de impartición de justicia.
Actualmente en el estado de México se ha contabilizado la operación de al menos cinco cárteles. En Veracruz las semanas recientes han manifestado la presencia de grupos criminales organizados a pesar de las diversas negativas del gobernador al respecto. En Tamaulipas la ola reciente de violencia es uno más de los distintos picos históricos que hemos observando en la entidad desde hace más de una década. Y lo sucedido en Jalisco mostró lo enraizado que está el cártel Jalisco Nueva Generación así como su capacidad de organización y la fortaleza armamentista que ha alcanzado.
Como lo indica el documento 8 Delitos Primero, no sólo es necesario diferenciar entre delitos, sino también entre entidades. La criminalidad que está lastimando a la sociedad es tal que es imposible seguir pensando que, en un sistema federal como el nuestro, la responsabilidad de los gobernadores en este tema puede seguir siendo evadida.
