Las perspectivas de la economía mexicana, no obstante los ajustes cautelares que ha venido sufriendo debido al menor dinamismo del contexto internacional, aún son sobresalientes entre las economías emergentes
1.- Dos años de Gobierno
El 1º de diciembre, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, habrá de cumplir dos años en el ejercicio del cargo para el que fue democráticamente electo. El recuerdo del onomástico permite reflexionar sobre lo que ha sido el primer tercio del mandato presidencial, al igual que las perspectivas hacia adelante. Por lo pronto, para descuento del cálculo de absurdos o los teóricos del complot, el gobierno cruzará el umbral de los dos años en los cuales una eventual sustitución presidencial habría requerido el llamado a las urnas, en tanto que ahora correspondería al Congreso el nombrar a un sucesor en caso de ausencia absoluta.
Han sido dos años de avances, de diálogo, negociación y acuerdos con las diferentes fuerzas políticas, y de indudable mesura a la hora de ejercer el poder público. Les guste o no a quienes le impugnan, el Presidente no ha optado por las salidas fáciles o las decisiones totales, al estilo de quienes, aprovechando algún titubeo, exigen la renuncia de todo lo que se les anteponga, trátese del Primer Mandatario, el gobernador de alguna entidad, un presidente municipal, los legisladores, el rector de la UNAM o el director del Instituto Politécnico Nacional.
En el incierto contexto internacional, en donde las economías se deslizan a la baja o están próximas a la recesión, y en el que estamos asistiendo a una recomposición geoestratégica de los mercados y del petróleo, a nuestro país no le ha ido tan mal. La espiral de violencia de los últimos dos meses ciertamente ha afectado la imagen internacional, al igual que las imputaciones de opacidad en el entorno presidencial o la impaciencia de diversos sectores por soluciones rápidas o respuestas firmes ante las provocaciones de los grupos radicales dedicados a la pesca en río revuelto.
Todo ello ha motivado una respuesta institucional, encuadrada en el marco de la ley, para aclarar lo que deba aclararse y resolver en donde deba resolverse. En este sentido, el balance de los dos primeros años es que se realizaron las reformas estructurales completamente en la fase legislativa, lo que ha redimensionado la capacidad de nuestro país para competir y buscar recuperar la senda del crecimiento necesario para generar empleos y bienestar para la población. Sin las reformas, es claro que nuestros competidores, los países del sudeste asiático y otros del área latinoamericana, nos desplazarían cada vez más de nuestra posición privilegiada en el mercado de América del Norte. Con las reformas, podemos aspirar a crecer por encima del 5% anual en los próximos años de una manera sostenible, más del doble de la tasa de crecimiento poblacional.
Las perspectivas de la economía mexicana, no obstante los ajustes cautelares que ha venido sufriendo debido al menor dinamismo del contexto internacional, aún son sobresalientes entre las economías emergentes. Este año, creceremos entre 2 y 2.5%, según Banxico y el FMI; la Secretaría de Hacienda ha reajustado sus previsiones entre 2.2 y 2.5%, en tanto que para el próximo año, cuando las reformas estructurales empiecen a dar frutos, será posible obtener un punto más, situándose la expectativa entre 3 y 3.5%, con otro punto más hacia el 2016, cuando estaríamos creciendo a un 4.5%, ya muy cerca del objetivo del 5%; es decir, aún con las pruebas en seguridad pública e inclusión social a que ha sido sometido, nuestro país podrá superar sus retos y lograr un mejor porvenir.
No hay mejor igualador social que el crecimiento, el empleo y la educación de calidad, diría el diputado Manlio Fabio Beltrones en reciente gira por Chiapas. La implementación de las reformas estructurales, concluidas en su etapa legislativa, hará posible que esto suceda.
2.- El reto en seguridad pública
El balance en materia de seguridad pública es aún insuficiente. Claramente, la criminalidad ha mostrado estar más entreverada con la sociedad de lo que hubiera sido dable prever, sobre todo en las zonas de la cuenca de mayor pobreza en el país, que son los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Morelos, Estado de México y Distrito Federal. En estas entidades, la alternancia política que se vive intensamente en el nivel estatal o en el municipal, se ha traducido en permeabilidad y connivencia con organizaciones criminales. Las policías locales son frecuentemente capturadas o colonizadas por los delincuentes y los munícipes sometidos a la ley del plomo o la plata.
En el resto del país, hay que decirlo, no hay tal percepción de inseguridad o zozobra. Como si las cosas sucedieran sólo en Guerrero y las protestas se hubieran trasladado al Distrito Federal buscando escalar un problema local al ámbito nacional.
La alternancia ha generado una zona de nadie, en donde los criminales han podido sentar sus reales. Urge por tanto, como lo exigen diversas voces en la sociedad, que existan otras estructuras de combate a la delincuencia, como podrían ser el mando único y una fuerza federal que devuelva credibilidad al combate contra la delincuencia, más allá de si los gobiernos locales son de tal o cual partido. Tales fuerzas existen en Chile, Italia, España o Francia, sin que las formas locales de gobierno vean menguada su soberanía.
Es muy probable que en estos días se estén gestando iniciativas y decisiones públicas para atender la problemática de la dispersión y vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad pública así como de reforzamiento del Estado de Derecho y la impartición de justicia, que eviten, precisamente, la repetición de acontecimientos como los vividos en Iguala o la penetración de las organizaciones criminales en las esferas públicas; es claro que no bastan los test de control de confianza, sino que se requieren cambios institucionales que permitan blindar tanto a las fuerzas de seguridad como a los procesos electorales, ambas vías por las que las organizaciones criminales se han apropiado de territorios y municipios de nuestro país.
Al respecto, se escuchan voces en el Congreso para construir el mando único que permita resolver las diferencias entre el fuero federal y el fuero local en el combate a la delincuencia organizada, que debiera incluir la expedición de la Ley General Penal, sucedánea de un Código Penal Unico; y en el Instituto Nacional Electoral, ya el consejero Presidente, Lorenzo Córdova, advierte del riesgo que pudieran representar reglas de financiamiento laxas o las candidaturas independientes, ambos vericuetos por donde suelen colarse candidaturas opacas como la que llevó a la presidencia municipal de Iguala, con candidatura conjunta de las izquierdas, al capo criminal José Luis Abarca.
3.- Responsabilidad solidaria del Estado
En lo que se refiere a la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala, causada por un grupo de criminales que se habían apoderado de uno o varios municipios de esa zona de la montaña guerrerense, el caso jurídicamente ha sido resuelto: los criminales, autores materiales e intelectuales de la desaparición y presunto asesinato de los normalistas de Ayotzinapa están confesos y en la cárcel, donde serán sometidos a riguroso proceso judicial para que paguen por sus crímenes; las autoridades han sido sustituidas tanto en Iguala como en el gobierno de Guerrero, propiciando la recomposición política, en tanto que las fuerzas federales se han hecho cargo de la seguridad pública para que la seguridad local se recomponga.
Conforme a los principios del Derecho Internacional, el Estado mexicano es responsable solidario en esta lamentable falla en la seguridad pública, pero no es responsable imputable, es decir, no es quien cometió las atrocidades. Como ha sido evidente desde el primer momento en que trascendieron los lamentables hechos, el Estado mexicano ha respondido identificando y capturando a los criminales, realizado la búsqueda de los desaparecidos y, con la coadyuvancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la Ley General de Víctimas, pudiera asumir la reparación integral que resulte, incluyendo la remediación, no repetición y reposición de la memoria que honre a los afectados por los hechos delictivos de la banda criminal.
Ante los legítimos reclamos, marchas y expresiones de voz de los padres y familiares de los desaparecidos, el Gobierno Mexicano ha optado por la prudencia y la tolerancia, sin ignorar que hay infiltrados grupos guerrilleros y anarquistas que buscan la caída del Estado y que tratan de manipular las marchas para provocar incidentes y vandalizar los recorridos. Es precisamente la fuerza del Estado la que permite contener cualquier posibilidad de represión abierta, sin que ello implique renunciar al monopolio del uso de la legalidad que es consustancial al Estado. Tarde o temprano, ya lo han visto los criminales de Iguala, habrán de responder ante la justicia.
4.- Transparencia presidencial
La Presidencia de la República ha optado también por transparentar su situación patrimonial, saliendo al paso de las suspicacias y cerrar, con transparencia, la maledicencia que estaba surgiendo. Definitivamente, hubo errores en la forma en que se llevaron las cosas, por lo que el mejor remedio es el control de daños, alejar la suspicacia y hacer público el estado patrimonial del Presidente y de su consorte.
En situación similar, el Presidente Barack Obama adquirió una casa en Chicago que le costó poco más de 1.5 millones de dólares hace cuatro años, hoy valuada en unos cinco millones tras las remodelaciones de que ha sido objeto, la número 5046 de la avenida Greenwood. El terreno tiene unos dos mil metros cuadrados y está disimulada por altos pinos, vallas de seguridad, y en la puerta dos agentes del Servicio Secreto. Para adquirirla, los Obama dieron a conocer primero su situación financiera, que es cómoda y holgada, para después optar por la compra.
Ahora, es clara la decisión presidencial y de su esposa por hacer las cosas de la manera apropiada, ya los mexicanos sabemos que viven en una situación económica desahogada, la que bien puede darles la posibilidad de adquirir la morada de su elección.
Habrá a quienes no les guste que la familia presidencial posea una situación económica desahogada, pero lo cierto es que así es y es lo que está siendo revelado. Lo relevante es la decisión personal de salir al paso de cualquier especulación y haber corregido públicamente aquello que pudiera molestar, como es la cancelación de la opción de compra que había ejercido la esposa del Presidente de la República.
Cortar por lo sano, por doloroso que sea, es sin duda una mejor alternativa que sostener una dañina polémica en el lindero entre la vida pública y la privada. Es algo que se le debe reconocer al Presidente de la República al ser algo que muy pocos se atreverían a hacer, incluidos varios de los que hoy vituperan.
5.- Hacia el tercer año
Hacia el tercer año de gobierno, habrán de acontecer las elecciones federales intermedias y las concurrentes en otras 17 entidades, nueve de las cuales incluyen la renovación de los gobiernos estatales.
En el año venidero, las reformas estructurales recientemente aprobadas por el Congreso, habrán de empezar a dar frutos. El presupuesto federal para 2015 registra ya uno, que es tangible: ante la volatilidad de los precios del petróleo, cuyos ingresos representan todavía un tercio de los ingresos fiscales mexicanos, la reducción de hasta un 30% que ha habido en el precio del barril en los últimos seis meses ha sido más que compensada por el incremento en la recaudación tributaria, como resultado de la aplicación de la reforma fiscal aprobada hace un año.
De no haber sido así, el horizonte del gasto público sería vulnerable y estaría comprometido con reducciones paulatinas, conforme el precio se fuera reduciendo. Así sucedió en anteriores ocasiones de extrema volatilidad, cosa que no acontecerá ahora. Más aún, al haberse previsto una estructura diferencial para los ingresos tributarios, en donde quien más ingresos tiene contribuye en reciprocidad en mayor medida, el impacto de la volatilidad podrá irse amortiguando, pues los ingresos públicos descansan más en el potencial de crecimiento de la economía, el cual, como se ha anotado líneas arriba, sigue siendo positivo para México en un entorno internacional adverso.
Con garantías para un gasto público suficiente y estable, el Gobierno Federal habrá de someterse al natural referéndum de las urnas. A poco más de seis meses de las elecciones en todo el país, el 6 de junio próximo, un mes antes de lo que solía acontecer, los mexicanos acudiremos a las urnas a evaluar al Gobierno. ¿Lo ha hecho bien? ¿Requiere corregir el rumbo? ¿Se reafirmará el mandato presidencial? ¿Habrá un revés legislativo?
Es ahí donde será posible apreciar si la estridencia de los medios, las marchas o los zafarranchos en las calles es lo que prevalece en el país. Hay sin duda un gran descontento, tales son las exigencias porque haya resultados tangibles de que las cosas están mejor que en el pasado inmediato. Pero la gente no come lumbre, el Gobierno Federal tiene un programa en marcha que está por dar los frutos que la sociedad exige, tal y como estiman las distintas agencias internacionales que siguen sosteniendo que a México le irá bien.
Al momento, las principales mediciones demoscópicas (publicadas por Grupo Reforma, El Universal y Demotecnia) registran similares niveles electorales a los de la elección federal del 2012, es decir, 30% de intenciones para el PRI; 18% para el PAN y 12% para el PRD, con 5 y 4% respectivamente para el Partido Verde y Morena, el nuevo feudo del señor López. Sobre esta base, nos encontramos ya en el preámbulo de las elecciones intermedias, que estarían perfilando una reafirmación del mandato presidencial para construir un México mejor.