“Para conseguir la paz hace falta valor, mucho más que para hacer la guerra.”
Papa Francisco
Fotografías donde a plena luz del día peritos y personal uniformado indagan en cuerpos sin vida tirados en la calle, sirenas de ambulancias y patrullas iluminando la noche o cintas amarillas que prohíben el paso, se han transformado en escenas que nos recuerdan constantemente que el crimen y la violencia continúan cobrando vidas, pero sobre todo, estas imágenes se han convertido, desafortunadamente, en actos cotidianos que poco a poco han colocado a América Latina como la región más violenta del mundo.
Y es que de acuerdo al Estudio Mundial sobre el Homicidio 2019, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) nuestro continente presentó la tasa de homicidios promedio más alta con un puntaje de 17.2, muy por encima del promedio global de 6.1, e incluso somos la región con más número de víctimas de homicidio con un total de 173,000 lo que representa un 13% de la población mundial; el análisis hace una interesante mención ya que se detectó que en algunas zonas de Brasil, Honduras y México, el aumento en el flujo de cocaína causó que las tasas de homicidios se dispararán, mientras que irónicamente, en otras áreas se registraron tasas estables o decrecientes.
Este estudio además de mostrar el panorama sobre la violencia, analiza el homicidio, las tipologías, los factores demográficos y los mecanismos; afirmando que el crimen organizado produce el 19% de todas las muertes a nivel mundial y que en América Latina el 75% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego; sin embargo, uno de los temas más importantes a considerar es que al igual que los conflictos armados, la delincuencia y las muertes violentas, rompen con el tejido social, desestabilizan económicamente a los países, socavan el desarrollo socioeconómico y debilitan el estado de derecho.
La delincuencia es un fenómeno que debe ser estudiado y atendido desde diversos ángulos, sin embargo, dos de los rubros que exigen un análisis profundo y cuidadoso son el costo económico que implica para los países la implementación de programas sociales y la inversión en la disminución de la inseguridad.
Ambos rubros son abordados en la investigación Crime and Output: Theory and Application to the Northern Triangle of Central America publicada por el Fondo Monetario Internacional, donde se menciona que tan sólo en Honduras y el Salvador la actividad delictiva generalizada está costando entre un 16% y 13% del PIB directo; lo cual se ha relacionado incluso con el cierre de empresas y 3% indirectamente asociado principalmente a la falta de oportunidades de empleo; así mismo, Guatemala podría estar perdiendo 7% del PIB a causa de la delincuencia: 6% directamente y 1% indirectamente.
Los análisis muestran que los costos indirectos o intangibles del crimen y la violencia son significativos y tienden a impactar a los grupos de población más vulnerables, exacerbando las condiciones de pobreza y marginación social; convirtiéndose en un ciclo difícil de eliminar que suele comenzar con la falta de confianza en las instituciones de seguridad pero que sin duda, al que afecta directamente en muchos de los casos es al ciudadano.
De acuerdo al estudio Los costos del crimen y de la violencia: Nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe, presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a la región de América Latina le cuesta el doble que a los países desarrollados la implementación de mecanismos que reduzcan la violencia e inseguridad; principalmente debido al incremento en la aplicación de programas sociales y al enorme gasto privado en seguridad; es así como si se compara el gasto público en seguridad con otros sectores, en promedio en los 17 países que se tomaron como muestra entre los cuales se encuentran: Argentina, Brasil, Chile, Honduras, México y Uruguay; los gastos gubernamentales por delitos representan alrededor de una tercera parte de las cantidades invertidas en educación y salud.
El crimen afecta directamente a las familias de aquellos que pierden la vida, sin embargo, también golpea a la sociedad en su conjunto, y en consecuencia erosiona la economía y la inversión, es por eso que hoy debemos entender que la inseguridad se ha convertido en un desafío para el desarrollo y que tanto gobierno, sector privado y población tenemos que actuar conjuntamente para poner en marcha una agenda que nos permita restituir el tejido social y gradualmente elevar el desarrollo económico.
*Analista en temas de Seguridad, Justicia, Política y Educación.
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