Algo rechina en las tres coaliciones electorales que disputan la presidencia de la República. Los engranes de un partido no siempre embonan con los del compañero de fórmula, lo que provoca que, al ponerse en marcha, las alianzas crujan, saquen humo y tiren aceite.
ejecentral revisó las plataformas electorales 2018 de los nueve partidos registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE), mismas que fueron aprobadas el 31 de enero. Se cotejaron los documentos de las fuerzas políticas coligadas y se descubrieron incongruencias en el diagnóstico de los problemas, así como en los planteamientos para su solución.
Por ejemplo, mientras Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dice que garantizará certidumbre jurídica a los contratos derivados de las “reformas estructurales”, el Partido del Trabajo (PT) llama a eliminar las “contrarreformas” que implicaron traición a la patria. Mientras que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) plantea eliminar la figura presidencial para dar paso a un jefe de Estado y un jefe de Gobierno, el Revolucionario Institucional (PRI) sólo llama a reglamentar los gobiernos de coalición. Y mientras el Partido Acción Nacional (PAN) propone fortalecer el plebiscito y el referéndum, el de la Revolución Democrática (PRD) destaca la ruta de los presupuestos participativos y los observatorios ciudadanos.
De acuerdo con el artículo 236 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, “para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el partido político postulante deberá presentar y obtener el registro de la plataforma electoral que sus candidatos sostendrán a lo largo de las campañas políticas”.
El PRI y Morena son las fuerzas políticas que enviaron al INE los documentos más escuetos, pues más que detallar las acciones para cristalizar sus propuestas de gobierno, plantean escenarios ideales, en el entendido de que el documento será enriquecido con la participación de la sociedad. No obstante, de acuerdo con la legislación electoral, estos expedientes contienen el ADN de su ideología, su visión de país y los cambios que piensan realizar en el futuro
Juntos nos haremos trizas
Morena, el PT y el Partido Encuentro Social (PES) conforman la alianza Juntos Haremos Historia, que postula a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República. Se trata de una combinación de dos partidos considerados de izquierda con uno de inspiración cristiana conservadora.
Dichas divergencias se hacen patentes en los documentos, pues el PT coloca al PES del lado de los enemigos.
“El 1° de diciembre del 2012 regresó el PRI al poder presidencial. Se alardeó de que sería un regreso de cuando menos otros 70 años”, reseña el PT en su plataforma. “El gobierno de Enrique Peña Nieto arrancó con muy altas expectativas para el bloque dominante (la oligarquía, los cinco partidos PRI, PAN, PVEM, Panal y PES, los consorcios mediáticos —Televisa, Tv Azteca—, medios de comunicación impresos —con algunas excepciones—, cúpulas eclesiásticas e ‘intelectuales orgánicos’ de derechas), derivadas de la firma del denominado Pacto por México. Se trató en realidad de un ‘Pacto contra México’”, señalan los petistas en una lista de “traidores” que incluye al partido que dirige Hugo Eric Flores.
El PT no escatima calificativos para repudiar la reforma energética, enmienda que Morena ve con matices y que el PES ni siquiera menciona.
“En agosto de 2014 el Ejecutivo federal promulgó las leyes secundarias en materia energética para completar la privatización de este sector, especialmente de la explotación del petróleo, que se inició con la contrarreforma constitucional en la materia, aprobada por los senadores y diputados de los cuatro partidos de derecha: PRI, PAN, PVEM y Panal entre los días 10 y 12 del mes de diciembre de 2013. Dicho grupo actuó como si el petróleo, el gas y la electricidad fueran de su propiedad, transfiriendo estas riquezas patrimonio de la nación a empresas privadas, particularmente extranjeras. Esto ha sido un robo a todos los mexicanos y una traición a la patria”.
Al respecto, la plataforma del partido de López Obrador señala que, en caso de llegar a la Presidencia, se reducirán al mínimo las reformas que el Ejecutivo propondrá al Legislativo.
Los proyectos gubernamentales habrán de respetar la separación de poderes y la autonomía de los organismos autónomos del Estado y garantizar la certidumbre jurídica de todos los contratos vigentes, particularmente los derivados de las llamadas ‘reformas estructurales’, las cuales, desde luego, serán sometidas a evaluación para determinar si cumplen o no con los propósitos establecidos en su argumentación”.
Uno de los mayores contrastes entre el PES y sus socios políti- cos es el relativo a la familia, el aborto y los matrimonios homosexuales. Encuentro Social propone crear una Secretaría Nacional de la Familia, la cual tendrá entre sus funciones proteger la vida desde la concepción, reglamentar que el matrimonio sólo es posible entre un hombre y una mujer, combatir el embarazo adolescente y regular los contenidos de los medios de comunicación. Tales banderas no son postuladas por Morena y el PT.
Chocan de Frente
El combate a la corrupción es un tema que une al Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), integrantes de la alianza Por México al Frente, que postula a Ricardo Anaya para la Presidencia de la República. Sin embargo, al momento de hacer su diagnóstico, el partido de Dante Delgado Rannauro pisa los callos a sus compañeros.
En su plataforma electoral, MC sostiene que cuatro de cada cinco empresas del país perciben actos de corrupción por parte de servidores públicos de manera frecuente o muy frecuente. Pero enfatiza que entidades como Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México, la cifra se eleva a nueve de cada 10 empresas. Dos de estas tres entidades son gobernadas por el PRD y la otra por el PAN.
Uno de los mayores contrasentidos entre los tres aliados tiene que ver con la política económica. Mientras que Movimiento Ciudadano propone el relanzamiento de la inversión pública como instrumento básico para el crecimiento nacional, sus dos aliados, PAN y PRD, favorecieron la desincorporación del Estado de sus empresas productivas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el acuerdo firmado a principios de este sexenio conocido como Pacto por México.
En el capítulo “México con inclusión social e igualdad”, el PRD adelanta que continuarán desarrollando la agenda legislativa para garantizar derechos plenos de las mujeres a una vida libre de violencia, a decidir sobre su cuerpo y sobre su proyecto de vida. Pero Acción Nacional sostiene lo contrario: “Promover la defensa de la vida humana desde la concepción y hasta la muerte natural.” Y va más allá “Promover que la legislación y las políticas públicas reconozcan, respeten y promuevan el valor de la familia como cimiento de la sociedad mexicana, así como la dignidad, derechos e interés superior de los niños.”
De esta manera, el PAN contradice una de sus principales banderas de su ahora amigo, el PRD, que a la letra dice que “garantizar igualdad de derechos a las poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTTI) y defensa de todas las formas de cohabitación, elevar a rango constitucional el derecho a la identidad y expresiones de géneros, tipificación de la discriminación, crímenes de odio y lesiones por orientación sexual y eliminación de las leyes y normas tendientes a reprimir, condenar, estigmatizar y discriminar la orientación sexual, expresión e identidad de género”.
En materia de enseñanza, las incongruencias también saltan a la vista. El PAN busca profundizar la reforma educativa actual, impulsada por el presidente Peña Nieto en 2013, con la idea de incrementar la calidad de los contenidos y medios educativos. En tanto, el PRD habla de impulsar otra reforma educativa que modernice las pedagogías y las didácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Todos contra todos
Del lado de la alianza Todos por México, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Nueva Alianza (Panal) y que tienen como abanderado a José Antonio Meade, las mayores contradicciones están en la futura forma de gobierno. El Verde propone recortar el número de comisiones en el Congreso, reducir el número de diputados y senadores, y la instauración de un sistema de corte parlamentario que comparta el poder con la figura de un primer ministro y un Jefe de Estado.
Al respecto, la postura del PRI se limita a “legislar los alcances del gobierno de coalición”, mientras que el Panal de manera poco detallada refiere la construcción de mayorías plurales y coaliciones legislativas “sobre la base de la diversidad de visiones y la unidad de esfuerzos para coadyuvar al buen funcionamiento del gobierno”, y no hace referencia a la desaparición de la figura del Presidente de la República.
La densidad del documento es otro factor que diferencia a los aliados de Todos por México, pues mientras el Verde entregó al INE un grueso expediente donde se detallan acciones y leyes de deben ser reformadas para su implementación, el PRI sólo enuncia soluciones y justifica lo escueto de sus argumentos diciendo que la plataforma “no pretende ser exhaustiva; es apenas el punto de partida. Es indispensable que, además de las propuestas mencionadas anteriormente, recojamos las expresiones y demandas de la sociedad para construir un proyecto de gobierno representativo. En el desarrollo de México todas las opiniones cuentan y tienen que ser escuchadas”.
Detalles en el camino. El PRI y Morena son las fuerzas políticas que enviaron al INE los documentos más escuetos, pues más que detallar las acciones para cristalizar sus propuestas de gobierno, plantean escenarios ideales, en el entendido de que el documento será enriquecido con la participación de la sociedad.