Apenas se dio tiempo para comer algo después del anuncio de su enroque a otra subsecretaría, Roberto Rafael Campa Cifrián comenzó a hacer llamadas para reunirse con quienes han señalado públicamente la crisis en las políticas públicas para los derechos humanos y que esa área de la Secretaría de Gobernación padece un desbarajuste colosal.
Desde la tarde del mismo 23 de abril, el personal operativo del nuevo titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos entró en una actividad tan intensa como no tenía desde que renunció al cargo Lía Limón García el 4 de marzo.
Las llamadas telefónicas para hacer citas con el nuevo subsecretario se extendieron a quienes integran el consejo consultivo del mecanismo de protección de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, donde es más visible el tiradero.
Campa Cifrián debe saber que las relaciones políticas con organizaciones civiles se quebraron por la ineficacia en el cargo más la impericia política de su antecesora. Quizá por eso él se marcó como prioridad reestablecer hilos de diálogo para así encontrar respuestas a tal galimatías con menos acusaciones públicas,
UNA DE LAS LLAMADAS
Este reportero recibió dos llamadas de la oficina del Subsecretario en rededor de las 19:00 horas del mismo jueves 23, el mismo día que anunciaron su enroque, pero no pude responder por encontrarme impartiendo un taller para periodistas en Campeche. Por fin lograron comunicación conmigo el martes 28 cerca de las 18:00 horas.
-- Subsecretario, ahora le tocó la subsecretaría con más crisis—dije a manera de saludo.
Es público que desde el inicio del regreso del PRI al gobierno federal, se designó como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación al expriista Roberto Rafael Campa Cifrián, ligado a la maestra Elba Esther Gordillo y que antes estuvo en cargos públicos con los gobiernos del PAN, en esos puestos que requieren políticos con sensibilidad.
-- ¿Podemos hablarnos de tu? –Respondió Campa Cifrián-- ¿Qué nos vamos a ver pronto? –Soltó. Al parecer estaba fraguando un encuentro con todo el consejo consultivo del mecanismo y me llamó porque en los directorios internos sigo apareciendo como integrante.
-- Creo que usted debe saber que ya no soy consejero del mecanismo y que también dejé de ser operativo de protección de la Casa de los Derechos de Periodistas donde sigo como asociado. Ya me regresé a mi planeta que es el periodismo…
-- ¡Y eso por qué? --preguntó un tanto desconcertado el subsecretario.
-- Mi asociación carece de recursos para pagar profesionales; terminó mi temporalidad de dos años como Consejero periodista del mecanismo y ya no quise competir para ser reelecto. Debía obtener ingresos porque estaba prácticamente subsidiando con recursos familiares mi labor en la protección a periodistas, pero también porque un psicólogo me recomendó alejarme de los riesgos ajenos y controlar el stress que me hizo crisis--.
--- Vaya—exclamó-- Bueno, entonces permíteme que aquí en mi oficina programen un encuentro entre nosotros para un poco después y en el que puedas platicarme cómo ves las cosas y de paso me hables más del psicólogo. A ver si yo no tengo que consultar al mío –cerró la breve charla el Subsecretario. Nos despedimos con la promesa de encontrarnos pronto. El siguió con su agenda de llamadas.
EL DESBARAJUSTE
Después de la llamada, involuntariamente invoqué mentalmente tres documentos, con señalamientos severos. Se hicieron públicos el 29 de abril. Los firman decenas de organizaciones nacionales e internacionales. Campa Cifrián debe analizarlos para perfilar el desorden tremendo que encontró en la Subsecretaría:
El primero es una carta abierta donde se acusa de negligencia al mecanismo de protección frente a las amenazas de muerte contra la periodista Jade Ramírez. Circuló a nombre de 180 mujeres de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México de 23 entidades; de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género; de la Red Nacional de Periodistas y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).
Acusan que la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo (acéfala desde enero) y el titular de la Unidad de Evaluación de Riesgos se negaron a brindar protección urgente a la periodista que ha sido muy crítica dentro del mecanismo como consejera y que eso obligó a que “con el apoyo de organizaciones civiles, (ella) tuvo que diseñar, ejecutar y asumir financieramente los costos de sus propias medidas de seguridad, a fin de salvaguardar su vida”.
Un segundo comunicado remacha la percepción de que “México atraviesa por una profunda crisis de derechos humanos (y) que sus servidores públicos no pueden eludir·. Lo firman los organismos que impulsaron la ley federal de protección tales como Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos AC. (ACUDDEH), Artículo 19, Casa de los Derechos de Periodistas, Casa del Migrante de Saltillo, Frontera con Justicia, AC, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Propuesta Cívica, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos entre otros.
En este señalan que frente a las persistentes agresiones en contra de defensoras, defensores de derechos humanos y periodistas, es urgente “de atender vacíos que afectan desde su creación al mecanismo de protección”. En muchos delos casos urgentes ---asientan-- no se utilizan los protocolos de atención y muchas veces las medidas otorgadas no satisfacen la seguridad de las personas…
Acusan que la insensibilidad y voluntad política del gobierno se muestran en la falta de nombramiento del Coordinador Ejecutivo Nacional por más de dos meses. Para subsanar eso, demandan que a quien se designe debe tener “notable sensibilidad y experiencia en derechos humanos y libertad de expresión”… Al final aseguran tener voluntad de dialogo, no obstante que el nuevo titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y “presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo muestra falta de experiencia para la materia que le ha sido encomendada”.
El tercer comunicado conjunto es de organizaciones internacionales que indican con precisión quirúrgica el desbarajuste en el Mecanismo de protección. Lo signan la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), Jass – Asociadas por lo Justo; Latin America Working Group Education Fund; Protection International (PI), Washington Office on Latin America (WOLA), Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – México.
De acuerdo al largo texto el mecanismo padece lo siguiente:
“La ausencia de dirección ejecutiva retarda la protección a solicitantes y beneficiarios y los pone bajo un riesgo aún más alto;
“Recursos inadecuados…los analistas de la Unidad de Evaluación de Riesgos han tenido que cubrir ellos mismos sus gastos de viaje desde octubre 2014…La mayoría del personal está igualmente empleada bajo contratos temporales;
“Falta de claridad en los criterios de admisión de casos.
“Ritmo lento de implementación de medidas de protección y seguimiento inadecuado una vez concedidas;
“Falta de medidas de prevención. Aunque un director fue asignado a la Unidad de Prevención, Control y Análisis a principios de 2015, la Unidad aún no está operativa;
“Impunidad. Hay pocos avances sustanciales en las investigaciones relativas a los delitos cometidos y se estimula la impunidad generalizada.
“Falta de responsabilidad compartida. Las entidades gubernamentales que también participan en la Junta de Gobierno no han asumido la parte que les corresponde”.
Hasta ahí los comunicados. Tres visiones externas de un solo desbarajuste. Seguramente Campa Cifrián se reunirá con los promotores. Y yo, como reportero estaré atento al encuentro ofrecido por el nuevo Subsecretario.