A woman places a candle on photos of the missing students during a protest against the disappearance of 43 students from the Isidro Burgos rural teachers college, in Mexico City, Wednesday, Oct. 22, 2014. Tens of thousands marched in Mexico City's main avenue demanding the return of the missing students. The Mexican government says it still does not know what happened to the young people after they were rounded up by local police in Iguala, a town in southern Mexico, and allegedly handed over to gunmen from a drug cartel Sept. 26, even though authorities have arrested 50 people allegedly involved. They include police officers and alleged members of the Guerreros Unidos cartel. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

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Luis M Cruz

Todo está podrido en Guerrero, lo que pone a prueba la credibilidad institucional en el combate a la criminalidad y la violencia

1El horror en Iguala

Como si de una historia de horror de Halloween se tratara, lo acontecido en Iguala a partir del 26 de septiembre pasado, con la agresión artera de fuerzas policiales locales a ciudadanos y estudiantes de esa población y de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, revelaron de pronto todo lo podrido que hay en Guerrero, una entidad proverbialmente violenta que ha puesto a prueba la credibilidad institucional en el combate a la criminalidad y la violencia. Ante esos hechos, en que se registró la muerte inmediata  de seis y la desaparición forzada de 43 estudiantes, cualquier resultado que se quisiera suponer en materia de seguridad se estrelló con la realidad, que por doquier cuestiona las cifras oficiales.

Hace un mes, la opinión pública percibía a un país en pos de las reformas estructurales, buscando construir un mejor futuro. Ahora, en que se hilvanaron la ejecución extrajudicial de una veintena de detenidos en Tlatlaya, Estado de México por elementos del Ejército Mexicano con la desaparición forzada de casi medio centenar de estudiantes en Iguala perpetrada por narcocriminales, en el mundo se cuestiona la capacidad institucional para garantizar la paz y la seguridad interior, ante el desafío que presenta una delincuencia que en vez de menguar, pareciera expandirse, infiltrando y contaminando todo lo que toca.

Es mucho lo que está podrido, que no es de ahora sino de hace una década por lo menos, cuando según la revista norteamericana Stratford, especializada en cuestiones de seguridad, en nuestro país se enfrentaba a las organizaciones criminales con criterios selectivos, combatiendo frontalmente a unos grupos para favorecer a otros. De esta forma, tras la confrontación y muerte hace cinco años de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, Morelos, cabeza de un desprendimiento del cártel de Sinaloa, sus remanentes se reubicaron en Iguala y se reorganizaron en el grupo de los Guerreros Unidos, que habrían de llevar a la presidencia municipal a uno de sus integrantes, José Luis Abarca, cuya esposa, María de los Angeles Villa Pineda, quien aparentemente le sucedería en el cargo tras las próximas elecciones de 2015, tiene claros vínculos con el cártel delincuencial. En Iguala, se instauró un narcomunicipio, en el que las fuerzas locales de seguridad estaban al servicio del cártel, cuya influencia se extendía a otros 13 municipios colindantes de la zona de La Montaña guerrerense.

En esta debacle, la excesiva fuerza y ferocidad mostrada por los “Guerreros Unidos” arrastró en su caída al Partido de la Revolución Democrática y al gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, empeñado en mantenerse en el poder a toda costa no obstante la evidente descomposición social, corrupción y violencia que caracterizaron su gestión, plagada de escándalos y de una presumible cercanía con el titular del Ejecutivo Federal. El desmoronamiento de la situación hizo insostenible al gobernador, cuya salida era más que necesaria para mostrarle al país y al mundo que habría castigo para los culpables y se limpiaría el Estado de los nexos criminales.

2- El inicio de una solución para Guerrero

En total, en la zona de Iguala, han sido localizadas 30 fosas clandestinas con decenas de cuerpos macerados y descuartizados, se detuvo a los elementos de las policías municipales de Iguala y de la colindante Cocula, quienes declararon haber entregado a los 43 estudiantes desparecidos al cártel de los “Guerreros Unidos”, algunos de cuyos integrantes, incluido su líder, han sido también detenidos, lo que ha hecho temer lo peor.

A la par, en diversas ciudades del país, incluida la ciudad de México, cundieron las protestas y las movilizaciones ciudadanas, estudiantiles y magisteriales (éstas últimas se apoderaron de 21 presidencias municipales en Guerrero, incluido Acapulco) generaron tal ola de indignación que al gobernador Aguirre no le quedó más remedio que solicitar licencia, que es el primer paso para lo que será la difícil reconstrucción de la institucionalidad y la legalidad en la entidad. Con todo intentó mantenerse en el cargo, pero tras las evidencias y la fuerza de las movilizaciones le obligaron a dimitir.

La indignación nacional e internacional por lo acontecido aún presagia momentos difíciles para reconstruir al Estado de Guerrero. La sociedad espera no sólo ejemplar castigo para los responsables, por comisión o por omisión, de los trágicos acontecimientos de Tlatlaya e Iguala, sino también que se vaya a fondo en la cuestión y se acepte que el caso de Guerreo no es único en el país, sino que podría ser el botón de muestra de lo que está sucediendo en otras entidades en donde se observa cómo la criminalidad opera al amparo de las autoridades y con la protección de fuerzas policiales, que suelen aparecen involucrados en la comisión de todo tipo de delitos, sea en Morelos, Estado de México o el Distrito Federal, que es por donde corría aquel infausto cártel de los Beltrán Leyva. La sociedad exige justicia, el Estado mexicano requiere dar resultados más allá de las estadísticas; resultados claros y espectaculares, iniciando con una revisión a fondo de las policías municipales. Quizá fuera tiempo de pensar en la experiencia de la Guardia Civil española, una organización policial militarizada al servicio del Estado español, de las comunidades autónomas y de las municipalidades, sin las injerencias de éstas.

3- En torno a la movilización estudiantil

De manera paralela pero al mismo tiempo eslabonándose, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional han mantenido una lucha hasta ahora exitosa, pues logaron en poco tiempo detener una reforma académica inconsulta y lesiva para la comunidad politécnica, obtuvieron la renuncia de la directora general, Xoloxóchitl Bustamante, autoritario remanente del calderonismo y también con su proverbial insensibilidad. Los estudiantes entablaron el diálogo directo con el titular de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, quien consideró que obsequiando las demandas podría obtener un rápido resultado para desmovilizar las protestas, más pronto, con esa característica de los movimientos urbano populares para organizarse y eslabonarse unos con otros, decidieron mantener la movilización en busca de viejos anhelos, como son la autonomía del Politécnico y la democratización de la designación de las autoridades educativas, algo así como “autonomía y democracia” en el Instituto Politécnico Nacional.

A la par, el movimiento estudiantil se solidarizó con la demanda de presentación de los estudiantes desaparecidos en Iguala, sin necesariamente mezclarse con los grupos radicales que se están moviendo para confrontar al Estado mexicano –se habla ya de varias guerrillas en Guerrero, Morelos, Jalisco  y la ciudad de México en busca de las contradicciones que suelen explotar– .

Así las cosas, el gobierno mexicano dio un giro al diálogo con los estudiantes, comprendiendo quizá que no habría logros instantáneos, devolviendo al secretario de Educación, Emilio Chuayfett,  la construcción de una mesa de negociaciones que resuelva las demandas politécnicas. No debe olvidarse el inminente año electoral que se aproxima, cuando en todo el país estarán a debate los resultados que el gobierno federal habrá podido ofrecer en materia de seguridad pública, combate a la corrupción, crecimiento y generación de empleos, por ahora todos ellos aún en el camino. Tampoco, que el año entrante también habrá de concluir la segunda rectoría de José Narro Robles, quien ha mantenido en un puño a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que de persistir la movilización estudiantil para esas fechas muy pronto podría incendiarse la pradera, pues todos los agravios que han sido evidentes en el último mes tienen un efecto inmediato en el ánimo de los universitarios.

4-  Lucha contra la corrupción

La corrupción en nuestro país ha sido un mal endémico. No en vano hemos sido herederos de una tradición francoespañola, basada en el pillaje, el saqueo y las simulaciones que crearon instituciones informales como el compadrazgo, los “coyotes”  y las “mordidas”. Todo diagnóstico sobre la corrupción en México coincide siempre en que la buena ley resulta vulnerable porque se le puede dar la vuelta si se tiene un contacto o se paga una dádiva.

Pudiera ser cierto entonces que la corrupción es una expresión cultural distorsionada en nuestra realidad actual, pero no por ello tiene que ser un destino inexorable. El costo social de la corrupción se refleja en la disfunción institucional, en la merma del bolsillo y en la elevación de los costos de servicios, bienes y mercancías en donde, además, suelen pagar más quienes menos tienen.

Es por ello relevante que, tras la congelación del primer proyecto de una cruzada nacional anticorrupción comprometida por el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto, quien presentara por conducto de la bancada del PRI en el Senado una iniciativa para crear una Comisión Nacional Anticorrupción, ahora surja una convergencia entre el PRI y el PAN para impulsar la creación de un Sistema Nacional contra la Corrupción, derivado de la reciente reforma política para transformar la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General con autonomía constitucional, en cuyo seno existirá la Fiscalía Especializada Anticorrupción, con carácter de Ministerio Público y facultades para investigar, integrar averiguaciones previas y consignar a los presuntos responsables, sean servidores públicos o ciudadanos privados.

Los elementos considerados en el Sistema Nacional contra la Corrupción son la Fiscalía Especializada Anticorrupción en la FGR; mayores facultades para la Auditoría Superior de la Federación durante y después de los ejercicios presupuestales; rehabilitación de la Secretaría de la Función Pública con nuevas facultades preventivas y de contraloría interna, con ratificación senatorial para su titular, y transformación del actual Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, en un Tribunal Federal de Cuentas.  En la coordinación de todo el Sistema, se ubicaría un Consejo Nacional, presidido por el titular del Ejecutivo Federal, en el que participarían los ejecutivos estatales, los titulares de las dependencias y entidades relacionadas, así como la representación ciudadana que de manera autónoma e independiente habrá de vigilar a los vigilantes.

Es claro que en esta lucha contra la corrupción es mucho lo que hay que hacer para pasar de una cultura de simulación e impunidad, a una del deber y el cumplimiento espontáneo de obligaciones. Lo que es inaceptable es seguir como estamos y no hacer nada. Por ello, es de esperar que las iniciativas en comento, algunas ya en el proceso legislativo, sean dictaminadas, debatidas y votadas en lo que resta del actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

5-  Prosigue la labor legislativa

Entretanto, en  la Cámara de Diputados y con el impulso siempre decidido del presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones, prosiguen su curso los temas legislativos relevantes. De esta forma, se ha aprobado ya la Ley de Ingresos para 2015, la primera mitad del paquete económico del próximo año, con un enfoque prudencial y al mismo tiempo eficiente para mantener la salud  y la estabilidad de las finanzas públicas, conforme al planteamiento del Gobierno Federal para garantizar ingresos por 4.7 billones de pesos, considerando además que el precio del petróleo, que representa aún el 30% de los ingresos públicos totales, habrá de mantener una tendencia a la baja.

Ese enfoque prudencial permitirá compensar los menores ingresos petroleros estimados por un precio límite de 81 dólares el barril, uno menos que lo solicitado en la iniciativa original, garantizado además por las coberturas del precio contratadas por SHCP, con mayores ingresos tributarios como resultado de la reforma fiscal aprobada el año pasado. De esta forma, uno de los primeros resultados observables de la aplicación de las reformas estructurales  es que, al crecer los ingresos tributarios, se reduce la dependencia de los ingresos petroleros, que en el futuro habrán de copetear el recién creado Fondo Mexicano del Petróleo. Con ello, al garantizarse los ingresos previstos para impulsar el crecimiento, calculado al 3.7% en 2015 y 4.7% en 2016, muy pronto el país podría estar creciendo a tasas sostenibles del 5% anual, que es más del doble de lo que ha crecido en los últimos 13 años.  Al crecer más y más rápido, se generan empleos –cada punto de crecimiento de PIB significan 150 mil nuevos puestos de trabajo—y se distribuye de mejor manera la riqueza nacional.

De igual forma, se aprobó la primera iniciativa preferente enviada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para ampliar y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes entre otras cosas, a una vida libre de violencia y acoso en las escuelas (el famoso “bullying” que se buscará erradicar). La Ley General de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene por objeto reconocerles como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, conforme a lo previsto en el Artículo 1º Constitucional.

Con la nueva legislación, los menores podrán contar con instrumentos para proteger y garantizar sus derechos, enfrentar el maltrato, el acoso escolar, la necesidad de migrar, la interrupción de sus estudios o la discriminación. Entre otras cosas, se establece el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a la banda ancha de internet; se protege su vida ante cualquier circunstancia, así como su intimidad ante cualquier manejo lesivo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en medios de comunicación; se vela por la igualdad sustantiva ante situaciones de discapacidad y se promueve su inclusión; se garantiza la atención y protección a pequeños migrantes, y se reconoce la necesidad de una educación sexual y reproductiva integral, con participación de padres y tutores, profesionalismo y progresividad conforme a la edad de las niñas, niños y adolescentes.

En la semana que se avecina, el pleno de la Cámara de Diputados se apresta a debatir y votar el dictamen, recién aprobado, de la Ley de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), que con plena autonomía constitucional podrá analizar y evaluar las políticas públicas  y la gestión del Estado mexicano y en las próximas tres semanas, habrá de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, que es la segunda mitad del paquete económico del Presidente Enrique Peña para la inversión, crecimiento, desarrollo e inclusión social en el próximo año.

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