Preocupación y zozobra arroja la gravedad de los hechos ocurridos en Iguala la semana antepasada, como también la categórica y contundente reacción internacional frente a la ominosa acción criminal perpetrada en agravio de los estudiantes normalistas. La intervención del Gobierno Federal es obligada y pone de manifiesto la vigencia del cierto y claro acuerdo nacional que busca privilegiar la observancia de los Derechos Humanos a favor de toda persona. Las grandes preguntas que permanecen en el aire: ¿Cómo podrá ponerse fin a los hechos de barbarie que nos acongojan?, ¿Tendrá capacidad el Gobierno de la República para hacer frente al desafío que abiertamente le presentan las bandas de la delincuencia organizada?
Una consideración es clara y se sobrepone: el esfuerzo que la representación nacional mayoritaria y los factores políticos preponderantes han realizado, y los acuerdos que se han alcanzado para permitir la concreción de los grandes aspectos de la agenda nacional, por los que el marco jurídico nacional se ha transformado, merecen una respuesta que satisfaga a la ciudadanía y ponga al país en el camino del desarrollo que se ha planteado; el porvenir de los mexicanos no se merece un contratiempo que se apoye en causas ostensiblemente inmorales e ilegítimas como las que aparecen publicadas en todos los diarios de la semana pasada.
En la búsqueda de la legalidad y de la imposición obligada del Estado de Derecho, un elemento resulta primordial e irreductible, la fuerza coactiva de la ley se funda en la ética de sus propósitos y en la pulcra conducción de los órganos públicos encargados de velar por su observancia. No existe norma jurídica que pueda imponerse, si no hay cuerpos de policía y seguridad comprometidos con las causas más altas que la Nación ha elegido otorgar a través del derecho discutido y aprobado por sus representantes.
Las evidencias demuestran que el crimen y la corrupción ha permeado hasta el desastre a los cuerpos policíacos encargados de cumplir y hacer cumplir la ley, manifestación que en la perversidad más deleznable ha comprobado la participación de los agentes municipales del orden en el levantamiento de jóvenes estudiantes. Para que el país avance, debemos decirlo, es apremiante que se depure de delincuentes y se blinde frente a la corrupción a la policía y agencias de seguridad.
El Federalismo constituye una cláusula esencial de nuestra Constitución de conformidad con la cual está organizado el Estado Mexicano. Se trata de una decisión política fundamental por virtud de la cual, entidades federativas autónomas, dotadas de un régimen soberano en lo interior, delegarían a favor de un órgano de gobierno nacional un aspecto de su vida institucional que, por su trascendencia y aspectos comunes de cara a los intereses de la Unión, debieran regularse y gobernarse por una autoridad única.
Desde el Gobierno del Presidente Calderón se ha planteado la conveniencia de un mando único de policía, más que por la organización misma de las actividades relacionadas con la prevención del delito, el control de la seguridad, la investigación o la persecución de las actividades criminales, por el control de todos aquellos que la conforman.
En esta administración se han tomado decisiones contundentes en la búsqueda de una armonización del marco jurídico nacional que permita la persecución y enjuiciamiento eficaz de la delincuencia, mediante la reforma constitucional y promulgación de un Código Nacional de Procedimientos Penales, normas que se aplicarán en sus términos, de manera indistinta, por autoridades judiciales de la Federación, de los Estados o del Distrito Federal. Se trata de una modificación normativa sin precedentes, por la que un ordenamiento jurídico destinado a los jueces, se unifica para dar certidumbre y agilidad a la actividad que realizan estos para el beneficio de víctimas y justiciables en la búsqueda más urgente por lograr la erradicación de la impunidad, mediante la adecuada interpretación y aplicación del derecho.
Ante los hechos, hoy más que nunca, para siempre o de manera temporal, sería sumamente conveniente que se evaluara la modificación del Pacto Federal con la finalidad de instrumentar una política que permita la toma de control de las policías municipales por parte de los Gobiernos Estatales o, en el mejor y más complicado de los casos, hasta por el Gobierno Federal. Sin detrimento de la actividad específica que sólo pueden realizar quienes residen en un municipio, por su conocimiento de las tradiciones, las personas y los eventos más locales, no es descabellado pensar en la conformación de una organización paralela que absorba la institucionalidad propia de las fuerzas armadas, ahora trasladada al ámbito de la seguridad.
Los beneficios propios de la organización municipal han quedado ostensiblemente rebasados frente a los grandes retos que impone el poderío económico de las bandas criminales. La corrupción de sus actividades y su fuerza bélica supera las mejores intenciones. El estado excepcional de violencia que enfrentamos, ha dejado de ser un fenómeno local y se convierte en una vorágine que perjudica en forma indudable el desenvolvimiento de toda la Unión.