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Oscar Santillán

osantillan@ejecentral.com.mx

La indicación fue clara: no pactar con el crimen organizado y no maquillar las cifras. Esa es la estrategia que trazó el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, detalló en entrevista con ejecentral el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, el segundo al mando dentro del poder estatal.

Pero a un año de que asumió el nuevo gobierno los índices delictivos empeoraron. Tan sólo el homicidio doloso aumentó en 49% y el secuestro en 84%, y la razón del repunte, explicó el funcionario, se debió a las detenciones de Raymundo Isidro Castro Salgado, a quien se le consideraba jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en Morelos, así como la de Santiago Mazari, El Carrete, identificado como líder del grupo criminal Los Rojos y la de su hijo Alexis “N”, quien presuntamente había asumido el mando tras la captura del padre.

“Después de tener a julio como el mes menos violento del año, a partir del 1 de agosto ha venido aumentando la violencia y precisamente ha sido por la disputa del liderazgo dentro de los mismos grupos de la delincuencia”, afirmó.

En cuanto a fuerza y estructura para enfrentar al crimen organizado, el panorama no era mejor. Y es que de los 5 mil elementos activos de la Policía Estatal que les fueron reportados por el gobierno de Graco Ramírez, en realidad no llegaban ni a los 700 elementos, reveló Ojeda Cárdenas.

En cuanto a la infraestructura del C5 y de las 2 mil 500 cámaras que la integraban, la mayoría estaba en mal estado, sin mantenimiento y otras más, incluso, inservibles. Se les heredó, además, una deuda de más de tres millones de pesos con Telmex por la operación de las cámaras.

Ojeda Cárdenas reconoció que el crimen organizado se ha infiltrado en las estructuras estatales, municipales y en las de la Fiscalía del estado. “Tenemos un reto muy importante que es limpiar las corporaciones policiales que hay en el estado de Morelos y en eso vamos a trabajar e invertir en el elemento más valiosos de un sistema de seguridad pública, que es el recurso humano”.

La decisión que tomamos desde el principio fue bajo ninguna circunstancia asumir pactos, componendas ni acuerdos con la delincuencia organizada. Pactar con el crimen para encontrar seguridad es una realidad falsa”. Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno de Morelos

Por lo pronto, de acuerdo con información de inteligencia, la nueva administración sostiene que el gobierno de Graco Ramírez pactó con Los Rojos a cambio de apaciguar el estado. “Cuando tenga los elementos suficientes de prueba seré el primero en denunciarlo”, puntualizó. 

A un año de estar en el gobierno, ¿cuál es el diagnóstico que tienen sobre el repunte de la violencia en la entidad? 

—Heredamos un problema de seguridad muy grande, una disputa por el territorio de Morelos principalmente por dos grupos de la delincuencia organizada asociados a otros grupos locales y regionales que hacían muy complicada esta función. La decisión que tomamos desde el principio, y que creemos que fue la correcta, fue bajo ninguna circunstancia asumir pactos ni componendas, ni acuerdos con la delincuencia organizada. Pactar con la delincuencia organizada para encontrar seguridad es una realidad falsa.

“Otro tema que fue difícil fue asumir con honestidad la realidad. Se nos recomendó no hablar mal de Morelos, no hablar de las cifras, pero aquí lo que decidimos fue hacer todo lo contrario. Un problema que no se reconoce no se puede atender. Las cifras las hemos abierto y compartido con absoluta transparencia”. 

¿Quién les pidió que no dijeran nada?

—Asesores en comunicación. Esa es una práctica que se ha hecho en las administraciones anteriores en Morelos y en otros estados de la República. Aquí hablamos con la verdad y creemos que esa es la posición correcta, aun cuando hablar con la verdad a veces genere que el problema y la percepción se pueda sobredimensionar. 

¿El gobierno anterior maquilló cifras?

—Sí. No reportaban correctamente todo lo que sucedía y tenemos indicios claros de ello. No lo he denunciado porque no tengo todavía los elementos para hacerlo, pero hacían pactos con la delincuencia organizada. Y el silencio no es seguridad. 

¿Con quién se tiene información que se pactó en el gobierno anterior?

—Concretamente con la presencia de un grupo delincuencial que tenía identificado como uno de los generadores de violencia en el estado de Morelos y Guerrero, que es el grupo criminal de Los Rojos, encabezado en ese momento por Santiago Mazari, El Carrete, que fue detenido el 1 de agosto de este año, a través de una labor de inteligencia y de colaboración entre las autoridades estatales y con el gobierno federal.

¿Este indicio de que hubo un pacto con El Carrete, él lo ha dado a conocer en sus declaraciones o cómo se llega a esto?

—Tenemos información de inteligencia que en su momento yo pretendo dar a conocer, según la cual la complicidad de algunas autoridades en el estado de Morelos permitió que este grupo generara una hegemonía importante en la entidad. 

¿Esta complicidad llegó hasta el gobernador Graco Ramírez?

—Yo creo que sí. Y otra vez, cuando tenga los elementos suficientes de prueba seré el primero en denunciarlo. 

En junio de 2019, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro denunció en la V Caminata Por La Paz que la mitad de los alcaldes, 18 de 36, pagaban entre 100 mil y 500 mil pesos mensuales por derecho de piso a las bandas del crimen organizado. Por tal motivo, lanzó un llamado a las organizaciones Jalisco Nueva Generación, a Los Rojos, a la Familia Michoacana, a los Clahuicas, a los Mayas, a dejar la violencia.

Ahora se ha señalado con información de inteligencia que al menos 17 de los 33 ayuntamientos de Morelos tienen nexos con el crimen organizado.

¿Reconocen esta situación?

—Lo primero que yo quisiera decir es que el crimen organizado no gobierna en Morelos. Sí tenemos información de que hay infiltración de la delincuencia organizada en las estructuras municipales y también reconocer que hay infiltración en las estructuras del estado, como también existe en las estructuras federales. Tenemos un grave reto, un reto muy importante que es limpiar las corporaciones policiales que hay en el estado de Morelos y en eso vamos a trabajar e invertir en el elemento más valiosos de un sistema de seguridad pública, que es el recurso humano. Vamos a hacer una evaluación completa de todos los elementos de seguridad pública con los exámenes de control y confianza,nuevamente. Y vamos a invertir en generar un salario digno a los policías. Tenemos uno de los promedios de ingreso salarial más bajos en el país.. 

“Tenemos policías que ganan menos de 2 mil 500 pesos. No puede generar un elemento de Seguridad Pública una vida digna y ejercer sus funciones correctamente cuando ganan muy poco. Entonces, el esfuerzo presupuestal más grande que vamos a hacer es homologar los sueldos de los policías. Quisiéramos terminar la administración con un ingreso homologado y que ninguno gane menos de 12 mil 500 pesos”.

Pésima infraestructura de seguridad

Hemos hablado con cúpulas empresariales, con la Canaco, con el Consejo Coordinador Empresarial en Morelos, y señalan que en el gobierno anterior de Morelos se habló de 2 mil 500 cámaras y un C5. ¿Cuándo ustedes llegaron encontraron esa infraestructura?

—Tuvimos una de las entregas-recepción más opacas que ha habido en la historia. No hubo un intercambio de información que nos permitiera a nosotros como gobierno hacer una planeación estratégica de ingreso, porque todo era a través de declaraciones y la información que se dijo públicamente no correspondía a la realidad. El estado de fuerza en el número de elementos de policías, en sus capacidades, en sus entrenamientos, en la tecnología que se decía que tenía el estado de Morelos por supuesto que no correspondía a la realidad y nos vimos con un estado de fuerza muy disminuido.

“Se hablaba que había 5 mil elementos activos, pero lo cierto es que la Policía Estatal no llega ni siquiera a los 700 elementos activos de fuerza, más las policías municipales que tenían muchas deficiencias en muchos sentidos. En la parte de la tecnología nos encontramos con un C5 que estaba mal mantenido, que tenía adeudos muy importantes. Solamente para la operación de las cámaras de videovigilancia se nos heredó una adeudo importantísimo con las compañías telefónicas que hacían muy difícil continuar con la operación, con cámaras muy mal mantenidas, muchas en estado inservible”.

Después de tener a julio como el mes menos violento del año, a partir del 1 de agosto ha venido aumentando la violencia y precisamente ha sido por la disputa del liderazgo dentro de los mismos grupos de la delincuencia Pablo Ojeda Cárdenas secretario de Gobierno de Morelos

Esta diferencia que se ha evidenciado con el fiscal general del Estado ¿entorpece la indagatoria de los delitos?

—En un examen interno, propio, hay que reconocer que había corrupción en el gobierno del estado, pero también lo hay en la Fiscalía y también en el sistema de impartición de justicia. Entonces sí se generaba que el concepto de seguridad que tiene que pasar no solamente por la prevención del delito, sino también por la procuración de justicia y la administración de justicia, pues es un círculo que si no se combate la corrupción difícilmente vamos a poder avanzar. 

“Fue difícil al principio, pero consideramos que lo más importante era que no intervinieran factores políticos en el tema de la seguridad pública y ahí generamos condiciones para poder colaborar con la Fiscalía de una forma sana, de una forma institucional”.

En cuanto a la alza en los homicidios dolosos, el secuestro y los feminicidios, ¿qué se piensa hacer, cuál es la estrategia en el estado? 

—Hay un tema que es importante aclarar: esta percepción de inseguridad que hay en el estado de Morelos no corresponde a la realidad. Las cifras en los delitos que impactan realmente a la sociedad en todos los casos están a la baja. Si hablamos de robo a casa habitación, robo de vehículos, tanto de automóviles como de motocicletas, si hablamos de robo a transeúnte, los delitos que tienen impacto en la vida de las personas vienen a la baja y han disminuido. 

“El delito que tenemos a la alza es el de homicidios dolosos. No es una justificación, pero es un delito que se da entre miembros de la delincuencia organizada y que poca afectación tienen más allá de la percepción que genera la violencia entre ellos mismos. El 90% del homicidio doloso se da entre miembros de la delincuencia organizada. Sabíamos que esto iba a suceder, porque tenemos un cambio de administraciones municipales que se da a partir del 1 de enero, lo que propicia el reacomodo de las fuerzas, de los pactos y las componendas que tenían otras administraciones municipales y estatales con la delincuencia. Pero la estrategia de inteligencia que hemos venido realizando nos ha permitido detener a las cabezas de los grupos más peligrosos y sabíamos que esto iba a tener un efecto en el repunte de la violencia. Cerrar los ojos y hacer acuerdos y no haber hecho el trabajo para detenerlos habría sido lo irresponsable. 

En redes se señala que dentro del gobierno hay dos grupos. Uno que dirige el actual jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz. Y otro que lidera el medio hermano del gobernador, Ulises Bravo. ¿Realmente existe esta división?

—Ulises Bravo no tiene ningún cargo, ninguna comisión en el gobierno del estado, es un familiar del gobernador a quien, por supuesto, como todos los hermanos, se le tiene un cariño y un reconocimiento, pero no tiene injerencia ni ninguna responsabilidad en el gobierno. 

“Se ha dicho que asiste a las reuniones de seguridad, pero eso es totalmente falso. Yo he asistido a todas las reuniones de seguridad desde que inició la administración y por supuesto que nunca ha asistido y ese no sólo es mi testimonio, sino el de cualquier otra autoridad estatal o federal que está presente en estas reuniones. No hay ninguna injerencia y no existe ninguna división que esté provocada por él”, apuntó el número dos del gobierno de Morelos. 

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