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Jose Luis Camacho

 Los coordinadores parlamentarios de diputados y senadores se han reunido públicamente en dos ocasiones, a fin de acordar la lista mínima de pendientes que serán desahogados antes del 30 de abril, cónclaves que ya han rendido sus primeros resultados en San Lázaro.

Por mayoría de votos, las y los diputados federales han aprobado la ley secundaria producto del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reformó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, publicado el 7 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Se trata de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública constituida por 216 artículos y 12 Transitorios, cuya minuta ya ha sido turnada al Poder Ejecutivo Federal, quien en breve ordenará su publicación en el DOF.

Se trata del ordenamiento que uniforma, homologa y armoniza las reglas, principios, bases, procedimientos y mecanismos que se establecen en todas las leyes relativas a la transparencia y acceso a la información.

Su objeto es establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes de la Unión, los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona, física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

A través de este nuevo precepto legal se obligar a todos los sujetos obligados a documentar todos los actos que realicen con motivo de sus funciones y otorga al IFAI la facultad para emitir criterios orientadores de interpretación en las resoluciones de solicitudes de transparencia.

Se deja atrás el criterio discrecional al establecerse el procedimiento de clasificación de información considerando la prueba de daño y prueba de interés público, ya sea como reservada o confidencial, para los datos que por sus características particulares no puedan ser publicados, determinando con toda claridad las excepciones a la publicidad.

Es creado el Sistema nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el cual está integrado por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, los organismos garantes de las entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI. Su principal atribución es establecer los lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables tendientes a cumplir los objetivos de transparencia.

Se plantea la creación de una plataforma electrónica que contenga, por lo menos, los sistemas de solicitudes de acceso a la información, de gestión de medios de impugnación, de portales de obligaciones de transparencia y de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados.

En suma, se trata de todo un nuevo sistema en el que intervienen diversas instituciones y que hará posible trasladar los principios vanguardistas contenidos en la ley, a la realidad de 122 millones de mexicanos.

Por los Corrillos…

¿Qué tienen en común Miguel Alonso Raya, Enrique Burgos García, Fernando Rodríguez Doval y Ruth Zavaleta Salgado? Además de ser legisladores federales comprometidos e impulsores de los cambios jurídicos necesarios, el próximo martes serán galardonados por el Instituto Mexicano de Estudios sobre el Poder Legislativo con la Medalla al Espíritu Legislativo “José María Morelos y Pavón”… El diputado federal por Yucatán, Alberto Leónides Escamilla Cerón, ha propuesto que la Secretaría de Educación Pública, a cargo de Emilio Chuayffet Chemor, realice un minucioso estudio de los planes de estudio, a fin de detectar si el Estado mexicano está incentivando lo suficiente el emprendimiento entre el alumnado mexicano y de no ser así, construir una estrategia que permita que en México se incremente la actual baja tasa de actividad emprendedora y las y los niños y jóvenes incluyan en su formación la visión de iniciar un negocio y ser innovadores. Se trata de una propuesta proveniente de un joven legislador que demuestra su compromiso con ese sector de la población.

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