Empresas fantasmas y outsourcing proveedoras de la CFE: ASF
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En 2018, la CFE registró la mayor pérdida operativa de la historia con más de 70 mil 800 millones de pesos; por cada peso que facturó, gastó 1.16 pesos
Entre los más de 218,700 millones de pesos (unos 11,500 millones de dólares) de contrataciones que realizó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un amplio número de irregularidades, entre ellas que los proveedores de la empresa del Estado eran empresas fantasmas; otras compañías de la talla de la regiomontana Xignux, la mexicana Grupo IUSA, la brasileira WireCo WorldGroup y la estadounidense GE, tuvieron esquemas de outsourcing y otras ganaron contratos sin estar al corriente en el pago de impuestos.
Ese nivel de adquisiciones, dijo la ASF, “representó un incremento de las contrataciones por bienes muebles y servicios del 79.3% respecto del monto original autorizado por el consejo; además, que se detectaron irregularidades en los procedimientos de contratación”.
Por designación de Peña Nieto, desde 2016, hasta el 28 de noviembre de 2018, el director general de la CFE fue Jaime Francisco Hernández Martínez, cargo que ocupa Manuel Bartlett Díaz.
En el último año de Peña Nieto, la CFE registró ingresos por 68,518 millones de pesos y gastos por 499,578 millones, lo cual arrojó una pérdida operativa de 68,518 millones de pesos. Hasta ese momento, 2018, ese monto fue el mayor descalabro financiero en casi tres décadas, esto se desprende de un análisis realizado por EjeCentral.
Ante ese boquete financiero de 2018 en la CFE, el Gobierno federal inyectó 85,250 millones de pesos (poco menos de 4,500 millones de dólares al tipo de cambio de hoy).
Derivado de todas las irregularidades que encontró la ASF, se explica que por cada mil pesos que facturó la CFE en 2018, gastó 1,159 pesos.
Sin embargo, en lo financiero, la CFE con Bartlett las cosas se mantiene como en el llamado régimen neoliberal. En 2019, por cada mil pesos facturados, la empresa gastó 1,162 pesos. Ese mayor gasto generó un descalabró de 70,836 millones de pesos (unos 3,730 millones de dólares, al tipo de cambio de hoy) en el balance operativo.
Para cubrir el déficit financiero de la CFE en 2019, ya con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, inyectó 76,271 millones de pesos (unos 4,000 millones de dólares).
Las irregularidades
Fueron muchas las anomalías que detectó la ASF, sin embargo sobresalen las relacionadas con la verificación de la situación fiscal (vía Servicio de Administración Tributaria, SAT) y del pago de la seguridad social a sus trabajadores (vía Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS).
Destaca la empresa del regiomontano Eugenio Garza Herrera, que además de producir y vender jamón y otros embutidos de las marcas Zwan y Kir, quesos Caperucita, Peperami, y botas saladas Encanto y Leo, también es un importante proveedor de la industria eléctrica con sus empresas Conductores Monterrey (Viakable), Prolec (que lleva como socio a la estadounidense GE), y también con la empresa Voltrak.
La ASF recibió información del IMSS sobre Conductores Monterrey, Condumex y Prolec-Ge Internacional, las cuales a pesar de las millonarias adquisiciones por parte de la CFE, no tienen registró en el instituto de seguridad social, las cuales para cumplir con la normatividad, contrataron los servicios de representación de empresas de prestación de servicios de personal: Shareser, Nacional de Conductores Eléctricos y Prolec GE Industrias. Las tres, también del mismo grupo.
Otras anomalías fueron detectadas en Grupo IUSA, compañía que fundó el empresario Alejo Peralta y que actualmente tiene como director general a Raúl Salinas de Gortari. La ASF señaló que el “IMSS informó que no se encontró registro patronal” de tres compañías de ese grupo que ganaron contratos con la CFE.
Para cumplir con la normatividad, las empresa Controles y Medidores Especializados (Conymed), Industrias Unidas, Iusa Medición contrataron empresas de outsourcing. Presentaron a la compañía de prestación de servicios de contratación, reclutamiento y selección de personal a Industrias Unidas de Pastejé. Aunque Industrias Unidas, se abstuvo de presentar “opinión de cumplimiento de obligaciones
fiscales en materia de seguridad social”
Otro caso fue la empresa Servicios Troncalizados (Servitron), que a pesar de tener más de 25 años en el mercado, que registró su “alta patronal” ante el IMSS, pero en diciembre de 2018, es decir nueve meses después de obtener la “contratación del servicio de radiocomunicación digital troncalizado” presentó su “alta patronal”. A través de una “carta justificativa” dijo que “no contaba con comprobantes de pago de cuotas, aportaciones y amortizaciones de crédito al IMSS e INFONAVIT”.
Para justificar sus carencias, Servitron informó que contrató los servicios de dos empresas de outsourcing: EIC Soluciones Integrales en Administración de Proyectos y EIC Soluciones Integrales de Ingeniería en Telecomunicaciones.
En esa misma situación está la firma DAC Ingeniería de Procesos y Equipos; la argentina Data IQ; la española Tecnatom; Tensor Cable; Tensor Mexicana; Valnamex, y dos personas físicas que obtuvieron contratos de abastecimiento.
Por el lado fiscal, destacan las empresas fantasmas. Comercializadora de Hidrocarburos del Mezquital, con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) CHM160810SA5 que obtuvo un contrato de 208.5 millones de pesos, en su declaración anual la presentó en ceros.
En el mismo caso de declaración en ceros, está Gonfra Corporativo, con RFC GCO1007035S8 que ganó un contrato de 30.5 millones de pesos.
Otras empresas que ocultaron ingresos al fisco, en 2018, son PHI Energy, con RFC PEN1207316KA que ocultó al SAT de Raquel Buenrostro, siete millones de pesos de los 175 millones del contrato con la CFE.
La empresa, Del Castillo, Reza, Rubio y Yáñez, SC, con RFC CRR12072657A, no presentó su declaración anual 2018, año que se obtuvo un contrato de 21.5 millones de pesos.
La ASF informó que emitió alertas de “responsabilidad administrativa”, sin embargo, será la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad quien deberá considerar o no iniciar las investigaciones correspondientes.
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