En seguridad, en el camino del retroceso

Veinticuatro meses después México no es ni más seguro ni está en paz. Los homicidios y feminicidios fijarán un récord; los robos, secuestros y extorsiones aún crecen. Así, las operaciones de las organizaciones criminales de gran tamaño, como grupos locales, dejan ver su capacidad criminal en 26 entidades, donde ya se supera la tasa nacional de delitos.

Si bien prevalecen los delitos del fuero común, muchos tienen su origen o vinculación directa en grupos bien estructurados y dedicados al tráfico de drogas, armas y de personas, o robos en distintas modalidades, por lo que la falta de coordinación entre la federación y las entidades explica que siga esta tendencia a la alza en los delitos, a dos años de gobierno de Andrés López Obrador, quien ha sido cuestionado por su estrategia de seguridad.

Las estadísticas sobre los crímenes cometidos entre enero-octubre del año en curso, por ejemplo, muestra que nueve estados ya rebasaron los registros de 2019. Con base en la última actualización de la incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), es posible advertir que, aún con los registros pendiente de noviembre y diciembre, estados como Guanajuato, San Luis Potosí, Yucatán, y Zacatecas ya contabilizan un mayor número de víctimas de muerte violenta de las que registraron al cierre del año pasado.

Exceptuando el caso de Guanajuato, donde la detención de José Antonio Yépez El Marro —a inicios de agosto pasado— no implicó una disminución en la ola de violencia que persiste en la entidad; el resto de las entidades que ya superan la cifra de homicidios intencionales y feminicidios, a pesar del crecimiento, no fueron incluidos en la lista de seis estados que el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, señaló como los puntos de mayor incidencia de homicidios.

“Seis estados de la República concentran el 52% de las víctimas de homicidio doloso, es decir, 26 estados del país son el 48% de todos los homicidios y sólo en seis estados está el 52%, que es Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán”, sostuvo el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al rendir el informe de seguridad al corte de octubre, en la conferencia del 19 de noviembre.

Pese a la insistencia de este gobierno por señalar el reiterado “punto de inflexión” en estos delitos, entre octubre las muertes intencionales y el asesinato de mujeres alcanzó un total de tres mil 20 víctimas, que implicó un incremento del 7.39% en comparación con las víctimas en septiembre.

›En comparación con lo registrado de enero a diciembre de 2019, en los primeros 10 meses de este 2020 la cantidad de víctimas de secuestro es mayor en estados como Chihuahua, Oaxaca y Tlaxcala; en el caso de las personas extorsionadas, la mayor incidencia de víctimas se ha focalizado en Colima, México, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Sonora.

Uno de los delitos donde el aumento de víctimas ha sido más evidente es la trata de personas, pues de enero a octubre ya suman más casos de la llamada esclavitud del siglo XXI con una tendencia de 57 víctimas al mes que se han incrementado en 14 estados del país, particularmente en el estado de México, Baja California y Quintana Roo, con un registro de víctimas de 99, 47 y 43 en cada entidad.

La contención que se esfuma

Tras la restricción a la circulación que impusieron las medidas de confinamiento por la pandemia de Covid-19 en el país, el gobierno federal y gobiernos estatales han colocado como un logro la disminución en la incidencia de algunos delitos, principalmente patrimoniales, como los robos en sus diversas modalidades.

Sin embargo, con la paulatina reactivación económica y de movilidad, los delincuentes han retomado también sus actividades, al grado de que en 28 estados ya se refleja un repunte en las tasas de delitos por cada 100 mil habitantes, particularmente en 13 entidades con la incidencia de robos a casa habitación; siete estados con el mayor robo de vehículos (de cuatro puertas); así como en ocho más donde han aumentado los robos a transeúnte.

En las tres modalidades de robo se ha superado la media nacional, con casos drásticos como lo son Colima y Aguascalientes, con tasas en robo a casa habitación del 192.7 y 142.06 respectivamente, cuando la nacional se ubica en un 47.75.

Así como los casos de Baja California y el estado de México, donde la tasa de robo de auto alcanzó el 221.88 y 155.97 en cada uno de los casos, pero que la media nacional se ubica en el 75.77.

La tendencia que reflejan los principales indicadores de inseguridad y violencia a nivel nacional deja entrever que el cierre de 2020 podría alcanzar un mayor número de víctimas del delito, por ejemplo, en el caso de los homicidios intencionales la tendencia que registraron en el primer año de esta administración fue de dos mil 889 asesinatos al mes, alrededor de 95 víctimas de homicidio cada día.

Bajo la tendencia que muestran las cifras oficiales en lo va de este año, y pese a la reiteración de las recomendaciones de restricción a la movilidad que han hecho las autoridades sanitarias al advertir una segunda ola de contagios del virus del SARS-Cov-2, hasta octubre ya se tenía un promedio de dos mil 918 víctimas de homicidio doloso al mes, equivalentes a un cálculo de 95 muertes violentas al día.

En esa misma línea se podría inferir, según los números, que al corte de diciembre México podría superar las 35 mil víctimas de asesinato, lo cual implicaría no sólo un incremento de al menos el 0.99% en comparación con las 34 mil 673 víctimas de 2019, sino el mayor número de muertes violentas de los últimos 23 años.

Este martes, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) dio a conocer su estudio titulado La Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2018-2024) Un análisis desde la perspectiva de coherencia de políticas públicas, en el que los analistas de la organización civil concluyen que a dos años de la que fue anunciada como la estrategia nacional de seguridad pública del entonces gobierno entrante, a la fecha no hay una evidencia contundente “ni del cambio de paradigma, ni coherencia en lo planteado en dicho programa.

Al contrario, abundan las contradicciones entre lo prometido y lo realizado, entre lo planeado y lo alcanzado” en materia de la política de seguridad, lo cual señaló Francisco Rivas, director del ONC, resulta lamentable de “un gobierno que se asume moralmente superior a sus opositores, que no cumple con sus promesas de campaña y que, por sus decisiones, propicie un modelo de seguridad fallido.