Hoy, los mexicanos se sienten más vulnerables por la violencia. Su sensación de riesgo se ha convertido en una referencia inmediata, y la ansiedad que se venía arrastrando desde 2018, se disparó desde el culiacanazo en octubre. La claudicación del gobierno frente al Cártel de Sinaloa, borró la diferencia que había establecido el presidente Andrés Manuel López Obrador con su predecesor, Enrique Peña Nieto. No sorprende, entonces, que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, revele que durante la primer quincena de diciembre pasado, el 72.9 por ciento de la población mayor de 18 años consideró que vivir en su ciudad era inseguro y el 62.5 por ciento no tiene una perspectiva positiva de la seguridad pública, con lo cual se cayó casi 100 por ciento la confianza que había depositado en López Obrador cuando inició su administración.
El presidente asegura que la violencia e inseguridad es lo más difícil con lo que se topó en su primer año de gobierno, y responsabiliza al deterioro que le dejó Peña Nieto. Es cierto, pues no combatir criminales durante los primeros ocho años de su gobierno en 2012 al tiempo de avalar y armar a paramilitares en Michoacán, comenzó la catástrofe en materia de seguridad del gobierno peñista, a lo que se sumaron las deficiencias del nuevo sistema penal acusatorio, que terminó de disparar el número de homicidios dolosos y llevarlo a niveles no vistos antes, hasta que se empezaron a contabilizar los de López Obrador. Es decir, si como en alguna ocasión declaró Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, les habían dejado un “desastre”, el nuevo gobierno lo amplió.
Las expectativas que había generado López Obrador con su política de ir a las raíces del fenómeno de la violencia, abrirle los brazos al crimen organizado y promover una amnistía para delincuentes, acompañadas por un discurso dentro del gobierno que minimizaba las críticas sobre la inseguridad con soberbia, se esfumaron. Más de la mitad de los encuestados por el INEGI antes de la toma de posesión el 1 de diciembre de 2018, pensaban que la seguridad mejoraría en los siguientes 12 meses. Poco tardaron en ver que no sería así. Inteligentemente, el gobierno ha estado insistiendo que el problema se circunscribe en cinco estados, lo que es tan real hoy como lo fue antes. La inseguridad siempre está focalizada, pero es la forma como se empaqueta el discurso de la oposición como se incuba en la mente de la gente.
En Ciudad Juárez, por ejemplo, la violencia se ubicaba en 250 de alrededor de dos mil 500 colonias que hay, pero la percepción era que toda la ciudad era un campo de guerra entre cárteles de la droga. En la zona metropolitana de Monterrey, el problema era en cuatro municipios, pero la forma como se manejaba el fenómeno cambió patrones de comportamiento entre los regiomontanos. En el gobierno de López Obrador diagnosticaron mal el problema, por lo que lo atajaron de manera equivocada y fustigaron a quienes lo advirtieron. Durante meses descalificaron a quienes decían que no combatían a los cárteles de la droga y que aparentaban tener un acuerdo para establecer la Pax Narca, hasta que el culiacanazo cambió la percepción sobre el gobierno y desmontó ese discurso.
Los prejuicios sobre el pasado contribuyeron a ello. En la Ciudad de México, siguieron el ejemplo de López Obrador y relevaron a mandos policiales con personas incompetentes, pero que decían eran honestas, quienes cambiaron protocolos y métodos que antes se instrumentaban. Ciudades donde el acceso a tribunas de opinión pública y capacidad de denuncia inmediata como Polanco y San Ángel, experimentaron un crecimiento en los delitos de manera de forma muy rápida, reflejando el colapso en la seguridad capitalina y generaron presiones a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, mientras que en zonas como la Condesa y la Roma, incrementaron las extorsiones de narcomenudistas a restaurantes y bares, orillando a algunos a cerrar.
La mala actuación de la policía en el arranque del gobierno de Sheinbaum produjo que durante el segundo semestre del año pasado, el 35.3 por ciento de los hogares tuviera al menos una víctima por robo o extorsión, aunque los porcentajes se elevaron en Coyoacán, Gustavo A. Madero y Tláhuac. Colapsos en los sistemas policiales en Morelos y Puebla, cercanos a la opinión pública de la capital federal, donde se encuentran los medios de comunicación más influyentes del país, contribuyeron a extender la percepción de indefensión. Violencia como la que se vive en Veracruz, donde el gobernador Cuitláhuac García está rebasado, o permanentes incidentes en Tapachula, como consecuencia de la nueva política migratoria, cuyas imágenes circulan por todo el país, alimentan la idea de caos en la seguridad.
La encuesta del INEGI sugiere que el discurso que utiliza el espejo retrovisor para achacar a Peña Nieto y al gobierno de Felipe Calderón la violencia que se vive está agotado. No se les quita responsabilidad, pero tampoco se les adjudica en primera instancia la violencia que azota buena parte del país. El culiacanazo fue el parteaguas para el presidente López Obrador, y el discurso del pasado quedó en el pasado. Dentro del gobierno todavía hay contradicciones y contraposiciones, pero se ajustó la estrategia de seguridad, reincorporando a la Marina a la seguridad pública, y fortaleciendo el papel del Ejército.
Sin embargo, no está claro qué tan comprometido está el presidente con esta nueva línea de acción, porque significaría que finalmente rompió el pacto de no agresión con los criminales, se elevaría el número de víctimas antes de comenzar a bajar, y retomaría la estrategia que Peña Nieto abandonó. El sólo pensarlo se antoja imposible. Reducir la inseguridad, en las condiciones actuales, también. Probablemente, las cosas empeoren.
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