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Jonathan Nácar

Las autoridades de Estados Unidos pusieron un ultimátum al gobierno mexicano: si el próximo año no hay un avance en el combate a los cárteles del narcotráfico y sigue sin presentarse una estrategia clara e integral contra el flagelo, se considerará que el país “ha fallado demostrablemente en mantener su compromiso internacional del control de drogas”.

El Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2020, que elabora la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos, sostiene que aunque la cooperación y el trabajo bilateral se está cumpliendo “valientemente en desafiar y confrontar a las organizaciones criminales transnacionales”, los esfuerzos por frenar el flujo de drogas en la
frontera entre ambas naciones no son contundentes.

El Departamento de Estado deja en claro la urgencia de que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador debe implementar las acciones necesarias para reducir la producción de heroína, combatir la producción ilícita de la mortal droga sintética de fentanilo, y de manera general todas las formas de tráfico de “drogas mortales” que se presenten en la franja fronteriza y sus puertos de entrada con los Estados Unidos.

“Necesitamos que el gobierno mexicano intensifique sus esfuerzos en aumentar la erradicación de la amapola, la prohibición de drogas ilícitas, el procesamiento e incautación de activos y precursores, y desarrollar un estrategia integral para el control de drogas (…) Necesitamos ver un compromiso sostenido de los funcionarios del gobierno mexicano en todas sus agencias militares y civiles que trabajan con sus socios extranjeros”, subraya el informe, fechado en marzo de este año, que incluye el reporte del combate a las drogas de más de 60 países.

Para Estados Unidos, México se ubica dentro del listado de naciones consideradas de mayor tránsito de drogas ilícitas, como país productor de estas drogas, uno de los principales productores de los precursores químicos para su fabricación, así como de la lista de los países con los más altos índices de lavado de dinero de las ganancias que genera el mercado ilícito de la producción y tráfico de drogas, en donde las “instituciones financieras participan en las transacciones de divisas que involucran significativos ingresos del narcotráfico internacional”, indica el documento consultado por ejecentral.

Amenaza a la seguridad nacional

El señalamiento que la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley hace en su más reciente informe es contundente: “México es la fuente de la gran mayoría de heroína y metanfetamina que ingresa a los Estados Unidos Estados, y un país clave en el tránsito de cocaína y opioides sintéticos”.

Aunque en el documento queda constancia de que el gobierno mexicano “demostró cierto progreso” en el combate a los cárteles y el tráfico de narcóticos durante 2019, acusa que la cantidad de drogas traficadas a territorio estadounidense por parte de las “poderosas organizaciones criminales transnacionales”, y la violencia, corrupción e impunidad asociadas a su actuación, implican “una inaceptable amenaza para la salud pública, la aplicación de la ley y la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

En consecuencia, reitera el informe, México debe intensificar sus esfuerzos para interrumpir la producción y el tráfico de heroína, metanfetamina, opioides sintéticos, como el fentanilo, así como de los precursores químicos que facilitan la producción de dichas drogas.

México también debe, de acuerdo con el reporte, emprender las investigaciones penales, enjuiciamientos e incautaciones de activos que debiliten y desarticulen a los cárteles que son considerados como grupos de la Delincuencia Organizada Transnacional (TOC, por sus siglas en inglés).

El criterio del Departamento de Estado estadounidense para responsabilizar a México del combate a las operaciones de los cárteles de la droga y el tráfico de drogas ilegales que son una amenaza a su seguridad
nacional, radica en que nuestro país aún es considerado como uno de los puntos más importantes de origen y tránsito de cocaína, heroína, mariguana, metanfetaminas y los opioides sintéticos que llegan al territorio
estadounidense.

Como muestra de esta percepción, señala el informe, es que arriba de 90% de la heroína incautada en ese país proviene de México, y advierte que el muestreo de esas incautaciones indica que cada vez contienen más fentanilo. “México también es un país de tránsito principal para la cocaína de Sudamérica, una ruta de tránsito y destino para el fentanilo y los precursores asociados que se originan en China, así como una fuente de fentanilo y píldoras falsificadas del mismo narcótico que se producen en México y que son destinados a los mercados estadounidenses”.

›La corrupción y los altos niveles de impunidad que persisten en el país, sostiene el documento, son la ayuda que reciben las organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de drogas y otro delitos, por lo que el gobierno estadounidense reitera la relevancia del trabajo conjunto de ambos países enfocado en reducir el suministro y el tráfico de drogas ilegales y precursores químicos.

Estos esfuerzos, sostiene el reporte del gobierno estadounidense, son supervisados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) de México.

Sin estrategia… ni confianza

Aunque el Departamento de Estado, que encabeza el secretario Mike Pompeo, reconoce en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “ha expresado su compromiso de reducir la delincuencia y la violencia”, considerando incluso la legalización y regulación de la cannabis como medida para la reducción del delito, la percepción es que los esfuerzos mexicanos contra el narcotráfico son insuficientes.

El Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2020 sostiene que “México carece de una estrategia gubernamental de control de drogas con objetivos para reducir la producción y el tráfico”, pese a que nuestro país figura como participante activo, junto con Canadá y Estados Unidos, en el Diálogo de América del Norte sobre la Política de Drogas, así como en la Iniciativa de Seguridad Marítima de América del Norte enfocada
en compartir información, mejorar la respuesta ante las amenazas transnacionales y desarrollar protocolos para el transporte marítimo.

La falta de confianza deriva de que el gobierno mexicano “no cuenta con un sistema de información confiable y centralizado sobre la erradicación y datos de incautación de drogas, (ya que) la mayoría de las incautaciones no se informan. Como resultado, es difícil medir los esfuerzos de prohibición que se comparan anualmente”, refiere el reporte.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos pone en duda la información que recopila el Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la erradicación e incautación de narcóticos, en los que se asegura que en el primer semestre del año pasado se logró erradicar 592 hectáreas de cannabis y seis mil 150 hectáreas de amapola; y al cierre de 2018 se eliminaron dos mil 258 y 21 mil 556 hectáreas de mariguana y amapola, respectivamente.

Los gobiernos de México y Estados Unidos trabajan en establecer los protocolos necesarios para informar sobre todas las incautaciones que se hacen en México, mejorando la recopilación de datos que a nivel nacional
hace el Cenapi sobre el aseguramiento de drogas, asegura el informe, el cual agrega que el gobierno mexicano participa en un programa de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) para fortalecer la capacidad de medir, verificar y planificar la erradicación de los cultivos ilícitos; y en otro programa para medir el cultivo de adormidera (amapola), así como el contenido y rendimiento del opio y la morfina.

Estados Unidos colabora con la FGR y la Armada de México para aumentar su capacidad para desmantelar laboratorios clandestinos de drogas e interceptar químicos precursores en los puertos marítimos. Desde junio de 2019, la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina opera una base aérea restaurada con apoyo de Estados Unidos para realizar operaciones antinarcóticos en el noroeste de México”, destaca el documento.

No obstante la evidencia de esa colaboración bilateral, en la que el Departamento de Estado reconoce que la Unidad de Inteligencia Naval en México “tomó la delantera en el papel de la coordinación en las incautaciones de laboratorios clandestinos”, con lo cual se lograron desmantelar 46 de estos laboratorios y 24 almacenes con precursores químicos, con casi 50 toneladas de metanfetamina durante los primeros ocho meses de 2019, el informe sostiene que “aun así la producción de metanfetamina continúa a nivel industrial”.

En el contexto del fallido operativo en Culiacán, Sinaloa, para detener a Ovidio Guzmán, heredero del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, el 17 de octubre pasado, este periódico documentó la participación de funcionarios de la Agencia para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en la planeación de dicha acción.

En esa investigación se dio constancia de que entre el 11 y 13 de septiembre del año pasado, al menos una docena de agentes de dicha agencia recorrieron las instalaciones de un laboratorio clandestino asegurado por la
Marina, así como encuentros privados entre enviados de la DEA y autoridades mexicanas, y la presencia de su personal durante los hechos violentos que culminaron con la liberación del capo del cártel de Sinaloa.

En noviembre pasado, documentos de la Unidad de Inteligencia Estratégica de la DEA, a los que este periódico tuvo acceso, dieron cuenta de la presencia que la agencia estadounidense mantiene en territorio mexicano, a través de las 11 oficinas que tienen en nueve entidades, incluso en aquellos en los que el gobierno estadounidense no tiene consulados, con un despliegue de 107 funcionarios, 21 de los cuales son personal administrativo y el resto se trata de analistas de inteligencia e investigadores de campo.

A ese respecto, el tomo II del Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2020, que tiene que ver con el lavado de dinero, señala que la agencia antidrogas estadounidense ha priorizado el aspecto financiero como un “elemento clave” en las investigaciones que hacen sobre objetivos prioritarios. “La DEA tiene aproximadamente 20 equipos de investigación financiera en todo sus oficinas nacionales, así como equipos con sede en el extranjero en México, Perú, Panamá y Colombia”, indica el documento.

La amenaza del fentanilo

Bajo la advertencia de que el fentanilo y sus similares son los “potentes opioides” que han abonado en la última década a una creciente epidemia de drogas sintéticas en Norteamérica, donde si bien las muertes por sobredosis por el consumo de esta droga —que resulta 100 veces más potente que la morfina y 50 más mortífera que la heroína— se concentran en Estados Unidos, también han aumentado en otras partes del mundo, incluyendo partes de Europa y el Pacífico Sur, señala el informe.

El papel de México al respecto, según los señalamientos de las autoridades estadounidenses, radica en que el tráfico de esta droga sintética y sus precursores químicos, que en su mayoría provienen de China, está
aumentando a través de la frontera suroeste de México.

“Ahí está una evidencia de que, al margen de la ley, los cárteles mexicanos de la droga están consolidando su participación en la producción y el tráfico de fentanilo, utilizando métodos de producción alternativos que involucran productos químicos precursores”, advierte el informe.

En estudios del Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Psiquiatría se sugiere que el uso de fentanilo en México se encuentra con “bajos niveles” actualmente, el documento refiere que “funcionarios de seguridad locales en todo México informan que las ventas minoristas de drogas, especialmente de la metanfetamina se está convirtiendo en un importante problema de seguridad en todo el país”, por lo que en julio de 2019, el presidente López Obrador lanzó la estrategia federal contra las adicciones denominada Juntos por la Paz para reducir el consumo de drogas en el país a través de la educación y el tratamiento.

En su edición 192, ejecentral publicó una entrevista con Gady Zabicky Sirot, comisionado nacional contra las Adicciones, en la que reconoce que el consumo del cristal-metanfetamina representa “el foco más rojo del tablero” dentro de la estrategia nacional contra las adicciones del actual gobierno.

El funcionario dijo que aunque el fentanilo podría considerarse como un “problema en la puerta”, actualmente no significa la crisis de salud que su consumo, junto con el otras drogas sintéticas, tuvo que ver en la muerte de 60 mil personas por sobredosis Estados Unidos durante el año pasado.

De acuerdo con la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de este año, la participación de México en el tráfico del fentanilo y sus precursores está creciendo, en un marco donde hasta antes de 2019, las autoridades tenían identificada a China como la principal fuente de envíos directos de esta droga y sus análogos hacia Norteamérica, a través de servicios postales internacionales y el envío directo en consignación principalmente.

El lunes 23 de marzo, al dar a conocer el primer informe de seguridad de 2020, el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, informó en la conferencia matutina de Palacio Nacional sobre los avances en cuanto al combate al narcotráfico, entre los cuales mencionó que en lo que va del año las fuerzas de seguridad en México lograron asegurar 36.45 kilogramos, 211 mil 92 pastillas y 392 ampolletas de fentanilo, la cual, señaló, “es de las drogas que hacen mayor daño, que con unas cantidades muy reducidas es sumamente peligroso para la salud y
causa hasta la muerte”.

Corrupción, el ancla

El Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos considera, en el caso específico de México, que la política gubernamental busca combatir la producción y tráfico de drogas; “sin embargo, la corrupción continúa impidiendo que México tenga resultados significativos”. En el tomo II del informe, referente al lavado de dinero, se
considera a México como una de las principales jurisdicciones en el blanqueo de dinero durante 2019; advierte que la corrupción resulta un “subproducto significativo y un facilitador del comercio internacional de drogas y el crimen organizado transnacional”.

Si bien los riesgos de corrupción ocurren en cualquier país, destaca el reporte, los riesgos son particularmente altos en los países donde la voluntad política puede ser débil, las instituciones ineficaces o la infraestructura del país en materia de combate al lavado de dinero es “deficiente”.

En cuanto a las vulnerabilidades y metodologías de lavado de dinero que el Departamento de Estado detecta en México, el informe sostiene que las ganancias del tráfico de drogas ilegales en Estados Unidos resulta la principal fuente de recursos que son ‘lavados’ a través del sistema financiero mexicano, por parte de las organizaciones criminales transnacionales mediante una variedad de métodos de lavado.

Entre esos métodos se incluye el lavado de dinero basado en el comercio que implica el uso de ganancias ilícitas en dólares para comprar artículos al menudeo y después revenderlos en México o Estados Unidos, para luego
enrutar los ingresos por la venta a las propias organizaciones criminales, que también incluye el sobrevalorar las exportaciones o informar de exportaciones de mercancías inexistentes o de mercancías que nunca fueron exportadas.

En ese sentido, el informe destaca las acciones que el presidente López Obrador emprendió para fortalecer las sanciones en contra de quienes emitan facturas fiscales fraudulentas, actividad que se asocia a dicho método de lavado.

La inversión que los delincuentes hacen en activos financieros, como propiedades, negocios y artículos de lujo, donde el sector inmobiliario de lujo sigue siendo una de las mayores preocupaciones, es una de las principales vulnerabilidad detectadas por el gobierno de Estados Unidos.

Lo mismo ocurre con los depósitos estructurados en México a bancos “contrabando” por altas sumas de dólares estadounidenses y el uso de ”cuentas en embudo”, en las cuales los depósitos en efectivo a cuentas en Estados Unidos se canalizan en una sola cuenta y se conectan a México.

“Aunque las autoridades reconocen el abuso criminal de ciertos sectores, las respuestas de las fuerzas del orden están limitados por la corrupción y la falta de capacidad (…) La escasez de condenas por lavado de dinero son
representativas de la incapacidad y dificultad de enjuiciamiento de México en la transición del sistema de justicia penal a un modelo acusatorio”, destaca el informe.


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