Los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, así como los exsecretarios Luis Videgaray Caso e Ildefonso Guajardo Villarreal, eligieron ya a sus abogados o comenzaron a preparar su estrategia legal para defenderse tras ser implicados en la red de corrupción entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa brasileña Odebrecht.
Personas cercanas a Calderón y Videgaray comentaron a ejecentral que, en conjunto con sus despachos, comenzaron a explorar los escenarios legales que pueden enfrentar en las próximas semanas, a fin de definir la vía idónea que seguirán para hacer frente ante los posibles señalamientos en su contra, en caso de ser necesario.
En cuanto al expresidente Peña Nieto, señalaron las fuentes consultadas, se ha acercado con diferentes bufetes de abogados, y aunque ya habría elegido uno de ellos, hasta ahora no ha formalizado un contrato por servicios.
Otro que también ha consultado abogados ante la posibilidad de ser citado a declarar como testigo es el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, quien al igual que el extitular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, formaron parte del Consejo de Administración de Pemex, y conocieron de las inversiones y tratos con el conglomerado brasileño Odebrecht, al tratarse de una empresa extranjera.
Las fuentes consultadas por este periódico se rehusaron a precisar el nombre de los despachos que representan, tanto a Calderón como a Videgaray, quien permanece en Estados Unidos.
No obstante, precisaron que se trata de bufetes diferentes y se refirieron a ellos como “de los más reconocidos” en el país, y que han defendido a personajes de alto nivel, como empresarios acusados de delitos financieros, así como a exgobernadores e integrantes de partidos políticos señalados por algún delito.
Los escenarios
De acuerdo con la información recabada por este diario, una de las posibilidades que se analiza es, en caso de no ser citados a declarar por la Fiscalía General de la República (FGR), los exfuncionarios promoverían un recurso legal para su defensa, como podría ser un amparo, a fin de que puedan acceder al expediente en caso de ser imputados de algún delito.
Funcionarios de la FGR sostuvieron que hasta el día de hoy no se ha girado algún citatorio contra alguna de las personas señaladas por Emilio Lozoya en su denuncia.
De acuerdo con lo dicho por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el exdirector de Pemex acusó al expresidente Peña Nieto y al exsecretario Luis Videgaray como los personajes que coordinaron el manejo de sobornos millonarios, obtenidos de la empresa Odebrecht, para la campaña presidencial en 2012, así como el presunto pago a legisladores para la aprobación de las reformas estructurales, entre 2013 y 2014.
En el caso particular de Luis Videgaray, quien, tras haber ocupado la titularidad de la SHCP, regresó al gobierno peñista como secretario de Relaciones Exteriores (del 4 de enero de 2017 hasta el final de la administración anterior) desde 2015 se ventilaron públicamente las confrontaciones que sostenía contra el entonces secretario Pedro Joaquín Coldwell y el entonces director de Pemex, que ahora lo acusa de haber sobornado a legisladores.
De acuerdo con lo documentado desde entonces por el periodista Raymundo Riva Palacio, en su columna Estrictamente Personal, los conflictos entre ambos exfuncionarios (Videgaray-Lozoya) gravitaban en torno a los malos manejos y presuntas ilegalidades atribuidas a cercanos a Lozoya.
El problema mayor derivaba de los abusos y posibles actos de corrupción que apuntaban principalmente a la oficina del entonces coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex, Froylán Gracia, cercano a Lozoya, quien hoy se encuentra en busca de un criterio de oportunidad que lo ostente como un testigo colaborador.
La vinculación más evidente por la cual las autoridades buscarían imputar alguna responsabilidad al expresidente Calderón Hinojosa se deriva, según lo denunciado por Emilio Lozoya, del Proyecto Etileno XXI, la planta petroquímica en Coatzacoalcos que una filial Odebrecht echó a andar durante el gobierno del expanista, la cual ha generado un daño de mil 900 millones de pesos al erario.
Se trata de un contrato que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido fue sumamente desfavorable para el Estado mexicano, y que a la fecha sigue vigente.
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