Cuando ya se creía olvidado, el fantasma de la crisis sexenal se asoma otra vez por el país. Con los números de la gestión pública cayendo a plomo, se ha abierto la posibilidad de un cierre de sexenio traumático, como no se ha vivido desde 1994/1995.
El paquete económico presentado al Congreso el 8 de septiembre es simplemente desolador. Reconoce, por supuesto, la incertidumbre prevaleciente como también la insuficiencia de los ingresos y la incapacidad de crecer a una mayor tasa, que es lo que apoyaría un mejor desempeño. Los números sugieren que se acabó la era de abundancia y habrá que aprender a administrar las carencias.
La economía, toral en las decisiones políticas, no podría decirse que va bien (un principio de gobernabilidad señala que cuando la economía es sólida, las decisiones políticas se asientan mejor; pero cuando la economía va mal pocas cosas van bien y el desafío al statu quo es lo que prevalece). El crecimiento promedio del sexenio resulta inferior al 2% y la perspectiva en los próximos dos años es similar; peor aún, las circunstancias del contexto se han deteriorado y las opciones también, lo que reduce drásticamente el margen de maniobra.
No basta, dicen los analistas y corredurías, con recortar el gasto, pues lo que más presiona las perspectivas es la sustentabilidad de la economía y de las finanzas públicas. En serio, ya no somos un país petrolero pero por las causas erróneas: nuestro petróleo se está acabando, el año próximo produciremos un estimado de 1.9 millones de barriles que, a bajos precios, representan sólo el 20% del total de ingresos públicos, lo cual debiera ser una buena noticia en tanto sugiere despetrolización, pero no lo es debido a que muestra la reducida capacidad de acumulación de reservas que en adelante habremos de tener.
Las reservas internacionales están exhaustas, por vez primera se han colocado por debajo del nivel de la deuda externa nominada en dólares, es decir, 176 mil 300 millones en reservas frente a 177 mil 300 de la deuda externa. Ya no muestran la solidez de antaño, en donde la razón reservas/deuda era casi del doble, de ahí que la deuda ahora sí empezará a gravitar desastrosamente sobre las finanzas públicas.
Todo recorte al gasto implica menor inversión y menor cobertura en las políticas públicas; sobre todo si no se acompaña de una reingeniería de la administración pública que hiciera pensar en que se gastará mejor. Desde la gestión de Calderón ha prevalecido una estructura burocrática de excesos, con la alta burocracia plagada de onerosos cargos adjuntos u homólogos; sigue habiendo cerca de 400 puestos homólogos a los 89 Subsecretarios; también existen cerca de mil 800 directores generales adjuntos además de los 1,100 puestos de línea y así sucesivamente.
En lo que se refiere a la deuda pública no toda la responsabilidad está en el presente. El presidente Fox entregó a Calderón una deuda externa de 47 mil millones de dólares y 1.8 billones de pesos en deuda interna; Calderón dejó estos números, al cierre de diciembre de 2012, en 130 mil millones de dólares la primera y 3.8 billones de pesos la segunda, siendo que él tuvo los precios de petróleo y los excedentes de recursos petroleros más altos en la historia con los presupuestos federales copeteados, es decir, solventes.
Si el contexto sigue deteriorándose, sea porque se profundice la desaceleración mundial, porque entremos en recesión dada la desconfianza en las perspectivas de un débil crecimiento mexicano o bien por un choque geopolítico si Donald Trump ganara las elecciones, el choque resultante para nuestra economía significaría, otra vez, una crisis sexenal con todas las implicaciones que un juego político muy competido podría traer.