FGR acusa a Luis Videgaray de delitos prescritos

Los delitos en materia electoral por los que la Fiscalía General de la República (FGR) busca detener al exsecretario de estado, Luis Videgaray Caso, ya prescribieron, o resultan muy difíciles de comprobar como es el caso de traición a la patria, de acuerdo con lo que estipula el Código Penal Federal. Mientras que las acusaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en las que la Fiscalía busca sustentar las acusaciones contra el exfuncionario, fueron desmentidas por el exdirectivo de Odebrecht en México, quien es señalado presuntamente de haber otorgado dinero para la campaña electoral de 2012.

Si hablamos de los gastos de campaña de 2012, ya pasaron cinco años, en 2017 adiós, se acabó, ya no hay forma. Los delitos electorales están prescritos; sobre los delitos de corrupción, que así toman los sobornos, esos no están prescritos porque la penalidad es de dos a 14 años. Es decir, todos los delitos prescriben con la suma del término medio de la pena mínima y la pena máxima, y los electorales ya están fuera definitivamente”, sostuvo el abogado José Leonel Andrade Alarcón.

En entrevista con ejecentral el también docente en la Facultad de Derecho de la UNAM señaló que en el caso de la posible imputación del delito de traición a la patria, que la FGR buscaría imputar al excanciller y exsecretario de Hacienda, se trata de un “resabio histórico que es prácticamente imposible de probar hoy en día”, pues se refiere al supuesto de que el exfuncionario haya realizado actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana a fin de someterla a una persona, grupos o gobiernos extranjeros, según indica el código penal.

“La traición a la patria es un resabio de carácter histórico, antes de la reforma constitucional merecía la pena de muerte, pero se refería a ayudar a gobiernos extranjeros, hoy en día qué dirían que (Videgaray) le dio los recursos mediante la reforma energética a empresas extranjeras. Va a ser muy difícil porque fue un contrato, y no es el único que firmó o autorizó usar los recursos. Cualquier juez en su sano juicio jamás obsequiara una orden de aprehensión por este delito”, sostuvo el jurista.

En una entrevista exclusiva para Andrea Cárdenas de Quinto Elemento Lab, el exdirector del conglomerado brasileño de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, señalado como el funcionario que presuntamente entregó dinero al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, desmintió a través de su abogado, Carlos Kauffmann que la compañía haya entregado dinero a la campaña priista, de igual manera negó que se hayan entregado sobornos a legisladores mexicanos para aprobar la reforma energética, como Lozoya denunció ante la FGR el 11 de agosto pasado.

Este martes, a través de una tarjeta informativa, la FGR informó que “el Ministerio Público Federal (MPF), no ha recibido de Juez de Control, ningún rechazo a petición de orden de aprehensión en contra de Luis “V” (Videgaray), y que cuando las acciones sobre ese asunto, puedan hacerse públicas, “se cumplirá de inmediato con ese deber de información”; sobre las diligencias en el caso del exdirector de Pemex, la dependencia rechazó que se haya filtrado información algún tipo de dato al respecto.

Respecto a las filtraciones que ha habido, tanto de las acusaciones de Lozoya, como la solicitud de la Fiscalía por detener al exsecretario Luis Videgaray, el abogado Andrade Alarcón apuntó: “En materia penal no podemos hacer un linchamiento. Legalmente no se está respetando el principio de presunción de inocencia y más si se filtran las posibles órdenes de aprehensión, ahí habría una violación de carácter procesal a sus derechos humanos, a las convenciones de derechos humanos que ha firmado México”.