Firman adendum para blindar programas sociales en elecciones

Para evitar que el uso de recursos públicos a través de los diferentes programas sociales que tiene el gobierno se condicione a intereses personales y partidistas durante este proceso electoral, las instancias encargadas de vigilar la correcta entrega y uso de estos recursos firmaron una Adendum para coordinar las acciones y estrategias de blindaje electoral. A un mes de que formalmente inicie el periodo de campañas y bajo un panorama en el que el 83% de los programas y acciones sociales, equivalente a una derrama de más de 352 mil millones de pesos, que se han puesto en marcha en la actual administración han sido incapaces de resolver los problemas de pobreza y marginación que pretenden combatir, según reveló el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federal 2017 (INDEP), elaborado por la asociación civil Gestión Social (Gesoc), y que este semanario dio a conocer en noviembre del año pasado, este jueves se firmó el acuerdo. La firma del convenio de colaboración para “garantizar la absoluta imparcialidad en el uso de los recursos públicos de los programas sociales” estuvo encabezado por el secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, acompañado por el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales y Encargado de Despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán; la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González; el fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Héctor Marcos Díaz Santana, y el consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello en su calidad de testigo del acuerdo. No obstante que en la actual administración permanecen programas que destacan por su falta de información y transparencia respecto al destino de sus recursos, así como de sus logros alcanzados, el Presupuesto de Egresos 2018, aprobado el pasado 9 de noviembre por la Cámara de Diputados, por ejemplo, otorgó una bolsa de 27 mil 771 millones de pesos al programa Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito, instrumento a cargo de la Secretaría de Gobernación y que es considerado como una de las mayores “cajas negras” dentro de la administración federal. Al considerar que los comicios del 2018 serán los más complejos en la historia de México, el responsable de la política social del país reconoció la responsabilidad que tienen las instituciones gubernamentales para cuidar los avances democráticos que desde hace dos décadas la alternancia y la pluralidad forman parte de nuestra realidad política.

Para nosotros, en la Secretaría de Desarrollo Social, el blindaje electoral es un tema que nos tomamos muy en serio, porque es una obligación normativa y por la cercanía que tenemos con diversos sectores de la población en todo el territorio nacional”, señaló Pérez Magaña.

En la reunión, la titular de la Función Pública, Arely Gómez González, hizo un llamado para que ciudadanos, medios de comunicación y a la sociedad civil a participar en la vigilancia de la correcta utilización del dinero público y a utilizar los mecanismos de denuncia, en caso de un fin distinto a los programas de desarrollo social. En 2017, detalló, dependencias de la Administración Pública Federal tenían constituidos más de 78 mil comités de Contraloría Social en 34 mil localidades de las 32 entidades federativas. Por su parte, el fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Héctor Marcos Díaz Santana, puntualizó que con este documento “queremos que los nexos entre instituciones y democracia aseguren y garanticen la equidad en la contienda electoral, una democracia de calidad, fundada en el respeto a las reglas, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana”. Ayer, durante su participación en la 12 Reunión Plenaria de los grupos parlamentarios de los senadores del PRI y Verde, el secretario de Desarrollo Social adelantaba que serían los programas sociales de: Conversión Social, Empleo Temporal, Fomento a la Economía Social, Opciones Productivas y 3×1 para Migrantes los suspendidos a fin de evitar señalamientos o denuncias contra la institución en este proceso electoral con la finalidad de garantizar que no haya señalamientos o denuncias contra la institución. El Adendum firmado en las instalaciones de la Sedesol, incluye acciones de vigilancia y supervisión encaminadas a que ninguna persona condicione la entrega de recursos y apoyos a cambio del voto, el acompañamiento en el resguardo de inmuebles y parque vehicular los días previos a la jornada electoral, así como las acciones de capacitación en materia de blindaje electoral y causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Dichas acciones están orientadas a fomentar la cultura de la legalidad, la prevención del delito y el combate a la corrupción, señaló la Secretaría de la Gobernación a través de un comunicado.

Cumpliremos la instrucción del Presidente @EPN de no hacer mal uso de los programas sociales y respetaremos el proceso electoral con legalidad y democracia en nuestras delegaciones, en cada comedor comunitario, cada estancia infantil, lechería y tienda rural.#BlindajeElectoral pic.twitter.com/0pISOJraHd

— Eviel Pérez Magaña (@EvielPM) 1 de febrero de 2018