Laura Borbolla

El pasado 30 de agosto se conmemoró, el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y días previos el Presidente Andrés Manuel López Obrador comunicó que mandó al Senado de la República la ratificación para reconocer la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) sin restricción alguna. 

Sin duda la acción es políticamente extraordinaria, el CED es el último comité creado por la ONU y México es un estado parte de la Convención en materia de Desaparición Forzada, la ratificación de aceptar la competencia, implica poner en el corolario internacional al país con un mensaje de apertura y autocrítica, es poner los puntos sobre las “ies” en un problema muy sensible relacionado con posibles violaciones graves a los Derechos Humanos, a cargo de algunos agentes del Estado, en un contexto político, social e histórico determinado. En el corto plazo mediáticas es una buena nota. 

La organización no gubernamental “Change.org” por conducto de Sofía me hizo llegar un correo electrónico y compartió conmigo algunos datos que permiten entender la magnitud de este problema; en México existen “…más de 75 mil personas desaparecidas. Según datos de la Secretaría de Gobernación, desde el año 1964 hasta el día de hoy se han reportado alrededor de  177,863 desapariciones en México, de las cuales permanecen en este estado más de 75,092…”

El reconocer la competencia del CED sin reservas es que tienen competencia para solicitar información, investigar y recomendar por cualquier caso en materia de desaparición forzada, respecto de eventos y personas involucradas e eventos del pasado, presente y futuro; esto técnicamente en razón a que el ilícito es de comisión permanente en tanto y cuanto no se encuentre a la persona desaparecida viva o muerta, por lo tanto, este ilícito es prácticamente imprescriptible.

Otro dato que es importante que Change.org me hizo llegar a través de este correo es que;  “…desde que inició esta administración, se han denunciado ante la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas alrededor de 63 mil desapariciones y el Subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, señala que de diciembre de 2006 a julio de 2020 se tiene conocimiento de alrededor de 3,978 fosas clandestinas en todo el país. Los estados con más fosas clandestinas son Veracruz, Sinaloa, Colima, Guerrero y Sonora…”.

A partir del 2014, México tipificó la desaparición forzada como delito grave, no podrá antes de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero y lo que hicimos es tener una serie de conductas establecidas como delito por encima del estándar mínimo internacional, ya que incluso en nuestro país, se establece como desaparición forzada la que llevan a cabo no sólo agentes del estado contra particulares, sino también, la que realizan los particulares en contra de otros particulares.

Cuales son los riesgos que se tienen que tomar en consideración antes de que el Senado de la República ratifique la competencia del CED:

  • Implícitamente se tiene reconocida la competencia del CED, ya que está incluida en la establecida por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, actualmente el Estado mexicano, tiene documentados tres casos, por esta vía, aunado a que se duplicaría la competencia con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; con la diferencia de que el CED es más expedito, para la emisión de sus recomendaciones.
  • Las recomendaciones, si bien es cierto no son vinculantes, generan un precedente ya que el Estado al ser parte, está obligado a dar atención a medidas como las acciones urgentes, soluciones amistosas, etc. y todas ellas tienen como primer tópico la reparación del daño, entonces, la implicación económica y presupuestal, puede ser un problema más si se aplica la concurrencia de criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que en un caso (Alvarado Espinoza), tazó la reparación del daño en 10 millones de pesos por persona desaparecida. Por lo que no sólo es un tema presupuestario complejo para la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas (CEAV), sino para todo el sistema de Derechos Humanos del país. 
  • En el mediano plazo (2 a 5 años), el CED, será el mecanismo por excelencia para la atención de casos de desaparición forzada y eso tendrá un costo de operación y atención muy elevado, ello basado en el número de personas desaparecidas reportadas por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El reforzamiento institucional es costoso y debe ser en los tres niveles de gobierno para que realmente estemos en posibilidades de generar la garantía de no repetición. 
  • Tanto la Comisión de Búsqueda, como la Fiscalía Federal del tema, son de reciente creación y sus resultados, no son medibles, ante una serie de recomendaciones emitidas por el CED, se carece de personal policial de investigación especializado en el tema y eso también impacta en las múltiples tareas a cargo de la Guardia Nacional, que impacta en la capacidad de respuesta, atención y coordinación ante un tema muy complejo y sensible; por lo tanto, todas las instituciones estarán muy expuesta en base a los resultados, en contraste con el número de desaparecidos y/o encontrados; por lo que, se debe de invertir en la especialización y certificación del personal, lo cual también es una carga presupuestal e institucional.
  • El CED puede calificar la problemática como sistemática y generalizada y ambas son materia de la jurisdicción de la corte penal internacional, lo cual requerirá de una serie de modificaciones legales desde la constitución hasta leyes secundarias ya que se deben armonizar para que es estatuto de Roma pueda tener jurisdicción para México como ocurre con otros países, ello con la finalidad de que los funcionarios señalados como responsables por las desapariciones, sean llevados a juicio ante esa instancia.

Sin lugar a dudas, el presidente abre la puerta para que desde 1964 que se tiene documentada la desaparición forzada en México, sea investigada y no exista impunidad en el tema como hasta ahora, ya que el único esfuerzo similar, fue el de la extinta Fiscalía Especial para movimientos sociales y políticos del pasado “FEMOSPP” creada en el sexenio de Vicente Fox.

De forma y fondo, deseo que todos los que tenemos un familiar desaparecido, lo encontremos, y que las instancias en cargadas del tema, desarrollen protocolos nuevos o que dominen los ya adoptados como el ante mortem/post monten del Comité Internacional de la Cruz Roja (AM/PM de la CICR) y que los datos que Chenge.org difunde y que comparto a continuación:

“… El 75% de las personas desaparecidas son jóvenes de entre 15 y 30 años de edad. De este porcentaje de jóvenes el 75% son hombres y el 35% son mujeres, resaltando que los desaparecidos menores de 18 años son en su mayoría mujeres. Este dato puede responder a problemas graves como la trata de mujeres, feminicidios y abuso sexual.

Los estados con mayor número de casos de desapariciones son: Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Ciudad de México, Nuevo León, Puebla y Chihuahua.” 

Sin duda, los números son impactantes, ahora hay que traducirlo y multiplicarlo, por los familiares afectados en torno a cada desaparición, es verdaderamente una tragedia humanitaria sin precedentes, siendo un país en el que no se tenga declaración de un conflicto bélico interno.

Nota al pie de página:

Algunos segmentos del artículo formaron parte del último análisis realizado como Directora General Adjunta de lo Consultivo y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección  Ciudadana, agradezco infinitamente al Dr. Alfonso Durazo Montaño y a la Maestra Bertha María Alcalde Luján, haberme dado la oportunidad de ser parte de su equipo de trabajo. 

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