En días pasados tuvimos cuenta de un evento fuera de lo normal en materia de seguridad. En un poblado de la frontera sur en el estado de Chiapas, los pobladores del lugar recibieron con vítores a un convoy de vehículos. Al parecer y según reportajes como si fueran los salvadores del lugar, sin embargo, eran miembros del Cártel de Sinaloa, pero con una entrada triunfal.
El origen de lo antes referido obedece a que el poblado había sido previamente obligado a trabajar con un grupo antagónico, es decir, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el cual se ha caracterizado por ser uno de los grupos delictivos organizados más violentos tanto con sus enemigos como con la población en general.
La ola de violencia en el sur del país obedece evidentemente a la necesidad de controlar la frontera con Guatemala con la finalidad de poder seguir traficando la droga, las personas, las armas y en últimas fechas, instalar narcolaboratorios para la fabricación de droga sintética. La reacción de nuestro país vecino fue desplegar dos mil 400 soldados del ejército guatemalteco para cuidar esa zona fronteriza; en el caso de México sólo se reforzó con 800 elementos de las fuerzas armadas.
El fenómeno delictivo organizado en México, así como las pugnas por el control del territorio y por todas las modalidades en el abanico de la delincuencia organizada como lo son el tráfico de drogas, personas, armas, producción de precursores químicos, secuestro, extorsión, robo hidrocarburos, homicidios y lavado de dinero, por citar alguno de los ejemplos —aunado a ello a la necesidad de operar a través de sus brazos armados violentos de sicariato y la corrupción de algunos funcionarios del fuero común y federal en la región—, tienen algunas zonas del país viviendo de manera fáctica en un estado paralelo y fallido.
De forma y fondo, la población de algunos lugares como lo son el sur de Chiapas con lo acontecido anteriormente narrado o lo ocurrido en Michoacán desde hace ya varias décadas en la zona de Tierra Caliente, evidencian que hay espacios territoriales qué son como manchas de leopardo es decir; sólo en algunos espacios de todo el estado de Chiapas o del todo el estado de Michoacán, Jalisco, estado de México, Guanajuato, Morelos y Guerrero, la delincuencia organizada es la que controla a las instituciones y que generan temor en la población. Quizás el problema es complejo y del análisis de los hechos una de las reflexiones que me parece importante compartir con ustedes es qué resulta inminente que los legisladores pongan su mejor y mayor esfuerzo en crear una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional.
Es importante decir que el artículo 29 constitucional habla de la suspensión de garantías como un mecanismo de excepción para restablecer el Estado constitucional democrático y derecho en determinado lugar y por un periodo de tiempo en específico. El artículo de manera general establece ciertas características y condiciones que lamentablemente lindan entre lo posible y lo inviable por la falta de objetividad en los titulares de los tres poderes federales; ello en razón a que el Poder Ejecutivo domina al Legislativo; y el Judicial ha sido constantemente atacado; la base de la suspensión de garantías implica que el resto del territorio al que no se le van a suspender tenga estabilidad en los tres niveles de gobierno y respeto mutuo entre los tres poderes que lo conforman.
La aplicación de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en todas sus partes resulta indispensable, para que los ciudadanos gocemos de los derechos y libertades que de ellas emanan; la excepcionalidad a ese goce y disfrute se prevé en el artículo 29. No obstante, sin una ley reglamentaria de los detalles respecto de los componentes que prevé el propio artículo hace que no sea aplicable. Es decir, se convierte en letra muerta. La pregunta que queda en el aire es qué es más peligroso para la población de los lugares en donde la delincuencia organizada ha penetrado; que no se cuenta con un Estado Constitucional, democrático y de derecho, o qué el Estado no tenga herramientas para resarcir el daño a través de mecanismos de excepción.
Nota al pie de página:
Los recuerdos de acontecimientos trágicos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa o lo ocurrido en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, no deben de pasarse por alto. No obstante, no debe de ser el motivo de vandalismo. Manifestarse es un derecho del ejercicio de la libre expresión de cada sujeto; vandalizar es cometer delitos.
