La historia de la Guardia Nacional (GN), inició en 2019, su creación implicó primero reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y después crear la ley que articula su funcionamiento.
Parte de las modificaciones a una ley se expresan en procesos de transición y esto se legisla a través de los artículos transitorios, la reforma de la GN establece en su artículo 5 que en el año 2024 se deberá de valorar si es necesario prorrogar o no la presencia de las fuerzas armadas (Seguridad Nacional) haciendo funciones de fuerzas del orden (Seguridad Pública).
Recordarán que hacer un par de semanas ambas cámaras aprobaron que la GN dejara de estar ante las órdenes del mando civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Entonces todo estaba calmo, sin embargo, al analizar la consecuencia es que nada debería de pasar, excepto que en el 2024, se debería de analizar si continuaban o no con la presencia en las calles las fuerzas armadas y pues es un tema delicado para mezclarse con un año electoral.
Entonces, pues para terminar de ser incongruentes una acomedida Diputada Federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de nombre Yolanda de la Torre, generó la iniciativa para modificar el término de 5 a 9 años de presencia de las fuerzas armadas haciendo funciones de Seguridad Pública. Lo cual fue valorado, adoptado y votado en la Cámara baja en un santiamén.
Dando paso a la negociación y operación de la votación en el Senado de la República, que dio visos de ser una Institución pensante analítica e independiente; pues al no haber condiciones en razón a la argumentación, basada en la evaluación y rendición de cuentas de la hasta ahora poco lograda estrategia de seguridad, ya que no se ha fortalecido a las policías municipales ni locales.
La prórroga ha marcado una gran discordia entre la oposición; de forma incluso interna entre los líderes del PRI, más allá de lo que implicó que no saliera de forma sencilla una reforma constitucional más, es importante considerar los pros y los contras de mantener a las fuerzas armadas haciendo funciones de Seguridad Pública.
De forma y fondo, es necesario considerar que al día de hoy y desde finales de los años 90’s el poder ejecutivo federal, ha echado mano para combatir el crimen organizado de la SEDENA; y la realidad es que la delincuencia organizada cuenta hoy por hoy con alcances bélicos, que solo la SEDENA puede contener.
La problemática, es que la contención de la SEDENA, en un poco más de 20 años no ha sido suficientemente y obvio necesita ser apoyada por las fuerzas del orden, lo interesante sería que de inmediato la SEDENA adopte y capacite a mandos de la fuerza del orden; y viceversa que las policías se profesionalicen y los militares se capaciten y acepten que deberán de ser primeros respondientes y auxiliares del sistema de procuración de justicia; pues de lo contrario “la cero impunidad” es y seguirá siendo una utopía sistemática.
Nota al pie de página:
Sólo en este país se deja pasar por tantos años el vandalismo in crescendo de los pseudo estudiantes para ser maestros de Ayotzinapa, el caso de los 43, no justifica la incongruencia de no aplicar el Estado de Derecho ni para ellos desaparecidos ni para el resto de los ciudadanos y las instituciones.
