Laura Borbolla

El pasado 1° de septiembre de 2020, se presentó el Segundo Informe de Gobierno por parte del titular del Ejecutivo Federal, pocos fueron los avances presentados en materia de seguridad, entre lo más destacado está el incremento en el despliegue de la Guardia Nacional, la cual tiene un año y meses de vida, y se coloca en el centro de la estrategia fáctica, táctica y operativa de la cuarta transformación.

El Informe de Gobierno no presentó los retos pendientes en materia de seguridad, en lo particular, de forma y fondo considero que hay dos temas indispensables para modificar los resultados que hasta el momento se han dado; uno tiene que ver con la implementación sistemática, del modelo de justicia penal adversarial, el cual tiene un gran faltante a nivel federal, no existe ni la autoridad encargada de dar el seguimiento a las medidas cautelares, ni al cumplimiento de sentencias con sanciones distintas a la pena de prisión y por otro lado la implementación del sistema de justicia para adolescentes en conflicto con la Ley, no hay ni agentes del Ministerio Público especializados, mucho menos jueces y ni hablar de la autoridad que sustituye el sistema tutelar federal.

Los problemas en materia de seguridad y justicia, son multifactoriales, la falta de un sistema de justicia federal para adolescentes en conflicto con la Ley, se ha minimizado, ya que se ha planteado desde el análisis del número de adolescentes que tienen una sanción definitiva, equiparable a una sentencia con prisión oficiosa en materia de adultos, en ese supuesto son menos de dos mil jóvenes, sin embargo, los riesgos no son atendidos desde el génesis del problema, que implica a la delincuencia organizada en macro y en narcomenudeo, ha permeado en los adolescentes, ya que se ha incrementado el consumo de drogas, lo que ha gestado el rompimiento del tejido social desde el medio rural, hasta el más alto nivel socioeconómico, no solo es en términos de antivalores, sino que la forma de enganchar a nuestros jóvenes es muy conocida, la droga, se regala, y después si no tienen forma de salir a tiempo de sus adicciones, como dice el comercial, “en el mundo de las drogas, no hay final feliz” ya que serán copados como distribuidores, sicarios, etc. de los grupos de narcomenudeo, que es el eslabón más débil de la cadena de la delincuencia organizada.

En el caso de la Autoridad Federal para el seguimiento de las medidas cautelares y del seguimiento a sanciones diversas a la prisión preventiva, impacta tanto al poder ejecutivo federal, en materia de seguridad ya que debe ser creado como un órgano administrativo desconcentrado diverso a la Guardia Nacional y al de Prevención y Readaptación Social, impacta a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial de la Federación ya que se debe de contemplar formación y capacitación de personal, para hacer uso de las figuras jurídicas de forma adecuada.

Otro factor, es que la implementación de estos dos pendientes, requieren tiempo, para el diseño institucional, selección, capacitación y especialización del personal que formará las instituciones y la operación de este tipo de organismos nacionales, requieren de una serie de acciones, legales, normativas y presupuestales, considerables. Todo este trabajo, no se ve y no se puede cuantificar, excepto cuando los beneficios, impactan en percepción y en la modificación conductual de autoridades y sociedad. Son los pendientes que pueden hacer que cambie de forma y de fondo el sistema de justicia penal mexicano de forma holística.

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