Laura Borbolla

En días pasados, los medios daban cuanta de un proyecto que circuló uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a una nueva consulta que plateó el titular del Poder Ejecutivo Federal, respecto de sí es viable o no investigar y enjuiciar a ciudadanos mexicanos, que hace algún tiempo fueron funcionarios públicos homólogos al que promueve la consulta.

Para no hacer la historia más larga, esa consulta ha sido publicitada como la consulta de persecución de la corrupción de los expresidentes de la República, varios de los estudiosos del derecho, analistas destacados, han referido al respecto lo siguiente:

“La justicia y el derecho, no se consultan …”;

“La consulta no es necesaria, ya que las atribuciones de la Fiscalía General de la República en términos constitucionales es, investigar cualquier hecho ilícito …”;

“No debe hacerse un distingo entre los ciudadanos y los expresidentes de México que al dejar de serlo, son ciudadanos igual que todos los demás …” entre otras.

La situación actual es que, se realizó una campaña a través de la cual se buscó juntar firmas que buscaban poner a consideración del Instituto Nacional Electoral (INE) realizar la multicitada encuesta, la ley exige que se tenga un número determinado de firmas con datos de soporte de autenticación de las mismas, lo cual no se pudo concretar, entonces en uso de sus atribuciones el Titular del Ejecutivo lo envió al Senado de la República, que podría haber tomado la determinación de hacerlo o no la encuesta, sin embargo, optó por hacer una consulta de constitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es entonces, que se ha preparado la discusión de un proyecto que será discutido el jueves, ese documento ha circulado por las redes, es de un poco más de 40 hojas, he de decir, que tiene una de las más aleccionadoras posibles argumentaciones de conceptos de faltas a la Constitución de México, lo que se conoce como conceptos de inconstitucionalidad, el Ministro ponente, analiza al menos cinco posibles situaciones de inconstitucionalidad y fallas tanto de la propuesta de la encuesta como de las Instituciones que México tiene pueden cumplir desde ya, con el objeto de la propuesta en el marco de nuestro estado de derecho.

Una frase, que resume todo lo referido es la siguiente: “… Si bien cada uno de los motivos expuestos es por si solo suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular, la suma de todos ellos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de Derecho mismo, lo cual implica la afectación de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos. …”

De forma y fondo, deseo que todos leamos este proyecto de resolución y miremos quiénes forman parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ya que es el último contrapeso jurídico nacional.  Quizá sirva ver lo que pasa en el país vecino, con respecto al remplazó de la extraordinaria Ministra Ruth Bader Ginsburg, quien falleció en días pasados a sus 87 años, quien fue un ícono en la lucha por los derecho de las mujeres, en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América. De la nueva designación dependerá la tendencia de la Corte, o se mantiene como un contrapeso para el presidente Trump o se convierte en una herramienta de debilitamiento institucional y eso sería una catástrofe para el país vecino, quien en lo político sólo tiene “conservadores” en los Republicanos y “liberales” en los Demócratas.

Nota al pie de página: 

Querétaro ha dado tres extraordinarios Ministros Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los queretanos, nos sentimos orgullos de Ezequiel Montes, Agapito Pozo y Arturo Zaldívar, todos tienen un gran legado de resoluciones que han cambiado la historia de México, es importante, no dejar de atender los perfiles de los ministros, no por quien los propuso sino por sus resoluciones y posturas de contrapeso, lecciones de un Estado de Derecho.

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