En la semana, la noticia que no fue novedad, fue que a Joaquín Guzmán Loera conocido como “El Chapo” o “El Chapo Guzmán”, lo de “Chapo” por su estatura de casi 1.55 metros de altura, a quien el gobierno de Enrique Peña Nieto, entregó en extradición a los Estados Unidos, el último día de la administración de Barack Obama, fue sentenciado a cadena perpetua y un poco más, por todos los cargos vinculados a delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero.
Después de todo un show jurisdiccional y hollywoodense, al más puro estilo de “Law and Order”, meses fueron y vinieron, la defensa impugnó todo lo impugnable como los miembros del jurado, las pruebas, los testigos, etc.
Ahora “El Chapo” pernocta en una cárcel de mega máxima seguridad en el desierto sur de Estados Unidos, es conocida como “Alcatraz de las Rocosas”, en donde sólo podrá tomar el Sol por 1 hora al día, a través de una claraboya. Con visitas muy escasas, restringidas en general y sin visitas conyugales.
Ahora, el reto para los abogados es cómo cumplir con la sentencia en términos de lo económico o no; los Estados Unidos han cuantificado en varios miles de millones de dólares
de ganancias producto de las actividades ilícitas, la naturaleza de las operaciones es que son de tipo trasnacional, esto es la organización delictiva que encabezó Joaquín Guzmán Loera, operó en centro y Sudamérica, además de México y Estados Unidos, sin contar con los vínculos con otras organizaciones del resto del mundo.
La problemática es que, si cuando se solicitó la extradición no se establecieron los términos de cómo se daría la cooperación internacional vinculada con la confiscación de bienes, de forma tal que se cumplan con los extremos de la Convención de Palermo o bien los tratados bilaterales en materia de extradición y asistencia jurídica internacional, difícilmente se podrá negociar y generar una compartición de bienes del excapo de Sinaloa.
La problemática es de forma y fondo, ya que la 4T ha anunciado que el encargado de llevar a cabo esta negociaciones es el canciller, Marcelo Ebrard, y esto es materia a cargo del Fiscal General de la República, no obstante, puedo compartir que por mi experiencia, el gobierno de Estados Unidos, nunca lo ha hecho, ya que ejemplos existen con capos como Jesús Palma, conocido como “El Güero Palma”, los Hermanos Arellano Félix y Osiel Cardenas Guillen, por citar un ejemplo.
Estos datos nos deberían poner a pensar en qué tenemos que hacer, fue nuestro delincuente, fue nuestro fugitivo por más de 11 años y en todo el tiempo que estuvo operando en la clandestinidad, la entonces Procuraduría General de la República
y la entonces Secretaría de Seguridad Pública, pudieron construir una investigación seria con información de inteligencia de toda índole para asegurarle a ese grupo delictivo más allá de un predio en Mazatlán en donde lo aprendieron antes de la segunda fuga, 5 armas de fuego y la joyería que tenía consigo.
Si queremos negociar en serio al respecto con los “gringos” encabezados por el presidente Donald Trump, tendrá que hacerse un trabajo arduo, conjunto y coordinado entre tres instancias como mínimo, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Seguridad Pública. Para acreditar que las instituciones mexicanas tienen conocimiento, control y autoridad en temas como la investigación y extinción de dominio que es lo mismo que la confiscación civil que nuestros vecinos del norte ya aplicaron con el exprocurador de Nayarit, Vicente Zambada, el Abogado Dámaso y su hijo, por citar otros ejemplos, de que no se ha compartido nada de esas ganancias con México. Esas son cosas de forma que hacen fondo.