El día de ayer, miércoles 15 de noviembre, el titular del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador envió al senado de la república la propuesta de tres mujeres quienes podrían sustituir a Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
María Estela Ríos, actual consejera jurídica de la presidencia del país. Bertha Alcalde Lujan, actual consejera jurídica de COFEPRIS y Lenia Batres, actual consejera de la presidencia en asuntos normativos y legislativos de la presidencia.
De las tres hay muchas cosas que decir, más allá de su curricula personal, aunque no es lo que quiero resaltar centralmente en este momento, aunque si hay que mencionar algunas cosas.
María Estela Ríos, ha sido una discreta consejera jurídica, cosa que se agradece después del tormentoso paso del abogado Sherer por dicha consejería. Sin embargo, también se ha mostrado poco delicada en el manejo de asuntos entre, precisamente, el poder judicial y el ejecutivo, como cuando no quiso recibir una notificación de la SCJN, porque estaba de vacaciones y así dar tiempo para que los efectos de una resolución no se consideraran notificados y el ejecutivo tuviera que echar para atrás la publicación y ejercicio positivo de dicha ley.
Bertha Alcalde, ha participado, por razones familiares, cercana a Morena y a su hermana, la actual secretaria de SEGOB. Se presentó como candidata a ser consejera del INE y obtuvo una muy alta puntuación con un comité de selección que se consideraba duro e imparcial. Por falta de acuerdos, las quintetas que se hicieron en la cámara tuvieron que insacularse y de ahí surgio la actual presidenta del INE, Guadalupe Tadei.
Lenia Batres, en cambio, ha mostrado a lo largo de su vida una vinculación política con el PRD, primero y ahora con Morena que la ha definido hasta el punto de haber sido diputada por aquel partido. Otro rasgo por lo que es famosa es por su radicalismo. No por nada su nombre apela al de Lenin, lo que carga, igual que su hermano, en las espaldas a lo largo de la vida política de ambos.
Hasta aquí, la más pulcra sería Bertha Lujan. Sin embargo, el nombramiento de las tres como candidatas a la SCJN no corre por sus filias partidistas, exclusivamente. En realidad es mucho más importante el mensaje del presidente.
La SCJN está concebida como un órgano de última instancia, que debe atender centralmente hasta que punto las leyes y el comportamiento de ciudadanos y el gobierno se atienen a lo que dictan las leyes y lo que obligan para todos. Su papel no es hacer justicia conforme a la visión de alguien en particular, sino a lo que a través de una legislación construida por todas las fuerzas políticas a través de años, debe ser defendida y mantener a actores públicos y privados dentro de ese margen. Es por ello que el último párrafo del 95 constitucional dice:
“Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.
No se refiere a la capacidad de justicia, sino a la capacidad jurídica de juzgar y evaluar los asuntos con cierto criterio que ha dado la experiencia y el buen juicio jurídico a lo largo del tiempo. El poder judicial, puede tener muchos defectos, pero hasta ahora ha cumplido con su tarea de manera razonable y eficaz.
La propuesta del presidente es una afrenta incluso para las propuestas. En el fondo, lo que el ejecutivo ha dicho es ahí les van tres candidatas que piensan como yo respecto de la justicia y no, como ustedes dicen, de la legalidad. En el fondo una burla y una imposición autoritaria para influir en otro poder. Nada más, pero nada menos, también.