Muchos comentarios y cuestionamientos ha generado el comunicado que envió la presidenta de la SCJN, Norma Lucia Piña Hernández, el pasado 31 de octubre, al presidente Andrés Manuel López Obrador.
En dicho comunicado, la ministra en general acepta la propuesta del Presidente de utilizar dinero de los 13 fideicomisos que han estado en discusión durante largo tiempo y que, por virtud de una ley aprobada en ambas cámaras, serían arrebatados del patrimonio de la SCJN.
Con ello, se ha argumentado por jueces, magistrados, ministros y la totalidad de los trabajadores, se estarían poniendo en peligro diversas prestaciones de los trabajadores y derechos adquiridos a lo largo del tiempo, con la anuencia de la Secretaría de Hacienda y con la tutela de las juntas de Conciliación y Arbitraje.
Las críticas han provenido de aquellos que lamentan que se haya hecho tanto en defensa de los fideicomisos del Poder Judicial, para que ahora la ministra ante la destrucción de Acapulco acepte la propuesta presidencial, sin mediar ninguna consulta, explicación o declaración pública. Contrario a lo que piensan dichos críticos, la ministra Piña, no ha propuesto entregar todo el patrimonio de los fideicomisos a la buena causa de aquel puerto. Me parece, por el contrario, que ha hecho una jugada inteligente y mediadora.
La comunicación de la ministra a AMLO está escrita con cuidado y en cada frase tiene un sentido. Comienza diciendo: “En representación del Poder Judicial de la Federación, le manifiesto que tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia matutina, relativa a destinar el dinero que integra los fideicomisos públicos, a la ayuda y defensa de las personas damnificadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero”.
Con lo dicho hasta aquí, lo primero que hace la ministra es actuar en consecuencia de la suspensión provisional que se le dio a la ley aprobada días antes, por un tribunal de amparo, en el estado de Chihuahua. Es decir, la ministra le recuerda al presidente que mediante dicha suspensión la ley que declara la expropiación de los fideicomisos del PJF, no es, por lo pronto, valida y los recursos siguen siendo de la SCJN.
Continua: “La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de su población. . .” Con la frase la ministra apunta a un trabajo conjunto y en favor de la población afectada y le recuerda al Presidente que son cada uno un Poder, pero que los une el propósito de Estado.
Ahora viene lo más interesante: “Como lo he manifestado antes, desde el Poder Judicial Federal, estamos obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de nuestra institución. Lo anterior al margen de que, desde que inició este año, mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería, tanto de los fidecomisos, como del ejercicio del presupuesto asignado, con el objeto de que, por un lado, se garanticen esos derechos, y por el otro, se mejore el uso y aprovechamiento de los recursos públicos para el cumplimiento de otros fines sociales, como sin duda, en este caso se requiere”. Lo anterior, deja claro que no pueden usarse TODOS los recursos de los fideicomisos, pues hay que respetar los derechos laborales de los miembros del PJF y eso ha requerido de una reingeniería, que la SCJN, desde que comenzó el amago ha venido trabajando, lo que significa que algo de esos recursos pueden, en la debida proporción, usarse para fines sociales, como el desastre de Acapulco.
Y termina: “A partir de lo anterior, quedo a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión”. Lo que quiere decir, dígame con quien tenemos que negociar montos, forma y tiempos. AMLO, no tardo en tomarle la palabra y declarar que el Poder Judicial, por fin estaba pensando en el pueblo. Se tragó el anzuelo. Nada más, pero nada menos también.
