Simón Vargas

“En un espíritu corrompido no cabe el honor.” Tácito

La corrupción ha sido uno de los temas más abordados en los últimos años, y claro que ponerla en el ojo público es una de las medidas para comenzar con su eliminación, pero, erradicarla es algo completamente distinto, no solo se trata de políticas públicas o de sanciones, sino que es un problema polifacético que debe ser analizado desde distintos ángulos: gubernamental, social, económico e incluso personal.

De acuerdo al Estudio de la OCDE sobre integridad en México, éste es el segundo problema más importante en nuestro país después de la inseguridad y el crimen, ya que significa un alto costo económico porque incrementa las tarifas para negocios, disuade inversiones y obstaculiza la productividad; incluso el informe anual del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que el costo de la corrupción, para la economía nacional, representa hasta un 5% del PIB.

Pero además este mismo análisis afirma que este problema no solo afecta la economía, sino que además contribuye a agravar la desigualdad ya que aumenta las disparidades sociales al permitir que la influencia indebida de intereses especiales detenga el ciclo de la política pública, reduzca la capacidad de respuesta y la eficacia de políticas, así como el acceso justo y equitativo a los servicios públicos, tales como justicia, seguridad pública, educación y salud.

Durante muchos años se ha creído que la corrupción en algunas ocasiones ayuda a acortar camino o a hacer las cosas más “eficientes”, sin embargo, la realidad es que se trata, tristemente, de un mal hábito que se ha extendido a través de las diversas estructuras sociales, y que daña y perjudica a todos, por lo que dedicar más presupuesto y empeño a esta cuestión es de vital importancia.

Y es que la corrupción no solamente daña a aquellas personas que la practican, sino que afecta a todos los ciudadanos, en datos del Banco Mundial se estima que las empresas y los individuos pagan más de 1 billón de dólares anuales en sobornos, y de acuerdo el Foro Económico Mundial, los gobiernos menos corruptos recaudan 4% más del PIB en ingresos fiscales, que los países con el mismo nivel de desarrollo económico, pero con niveles más altos de corrupción.

Esta práctica no frena únicamente el crecimiento de los países, sino que además genera ineficiencia, e incluso en diversas ocasiones influye en el uso inadecuado de los recursos, generando sobrecostos que en casi todas las ocasiones son sufragados por los ciudadanos. Pero, además, hay que resaltar que en datos del análisis El Costo de la Corrupción publicado por el Fondo Monetario Internacional, la realidad que vivimos con respecto a este fenómeno puede incidir en la capacidad de los gobiernos de recaudar impuestos de manera justa y eficiente, ya que los legisladores corruptos pueden otorgar exenciones tributarias o crear lagunas en la ley a cambio de sobornos, lo cual reduce el potencial de recaudación. Cuanto más complejo y confuso sea el sistema tributario, más fácil será que los funcionarios hagan uso de sus facultades discrecionales en la administración de dicho sistema y exijan sobornos a cambio de un resultado favorable.

En nuestro país a pesar de que existe una instancia descentralizada encargada de coordinar a las autoridades a nivel federal, estatal y municipal para prevenir, sancionar e investigar como lo es el Sistema Nacional Anticorrupción, aún no existen casos emblemáticos que se hayan traducido en puntos de inflexión que contribuyan a creer que las instancias de esta índole realmente se encuentran enfocadas en castigar a los funcionarios que cometen delitos de corrupción.

Si bien es cierto que esta realidad ha existido desde hace varios años, el que sea una práctica repetida no siempre significa que sea buena, hasta hace unas décadas probar dicha actividad era complicado, hoy gracias a los avances tecnológicos es mucho más sencillo, existen audios, vídeos y fotografías que permiten la muestra de pruebas ante las instancias correspondientes.

Desafortunadamente, pese a que se ha convertido en un tópico con notable importancia aún queda mucho por avanzar, pero ¿Qué hacer para comenzar su erradicación? Lo primero debe ser disminuir la impunidad, pero además se debe continuar trabajando en un sistema de integridad coherente, que disponga de funcionarios comprometidos, y fomentar una cultura organizacional abierta, donde se proteja a los denunciantes o bien donde los colaboradores no teman expresar dilemas éticos, dudas, reportes o errores, ya que en muchas ocasiones el miedo incentiva al silencio y a la indiferencia.

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