“La trata constituye una injustificable violación de la libertad y la dignidad de las víctimas, dimensión constitutiva del ser humano querido y creado por Dios. Por eso, se debe considerar un crimen contra la humanidad”.
Papa Francisco
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), define la trata de personas como: el traslado de seres humanos de un lugar a otro dentro de las fronteras de un mismo país o hacia el exterior con fines de explotación, en su mayoría sexual, laboral o en la mendicidad.
Las noticias sobre desapariciones en México surgen casi de forma diaria, incluso hace pocas semanas el presunto rapto de una menor a plena luz del día conmocionó a la sociedad; ante estos hechos dos escenarios alarmantes son de destacarse: 1) la falta de confianza en las instituciones gubernamentales, y 2) el incremento de rapto en menores de edad.
El pasado 24 de enero la UNODC presentó el Informe Mundial sobre la Trata de Personas en el que se mencionan 11 hallazgos importantes entre los que hay que destacar que por primera vez en 20 años el número de víctimas ha descendido en un 11% con respecto al 2019, lo que se atribuye principalmente a que la pandemia ha limitado las oportunidades, pero de forma paradójica también se debe reconocer que esto se ha trasladado hacia la clandestinidad, lo que implica que la capacidad de aplicación de la ley de las autoridades para combatir el delito es mucho más restringida.
El análisis refiere que el 41% de las víctimas consiguen escapar y ponerse en contactó con las autoridades por iniciativa propia, el 28% son puestas en libertad por actuación de las fuerzas de seguridad, el 11% por parte de la comunidad/desconocidos y el 10% por la familia.
En nuestro país, la situación es digna de evaluación y de indignación, ya que de acuerdo al Informe la Infancia Cuenta en México 2022: niñez y desapariciones, presentado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en 2021, cada día desaparecieron 14 menores, aunque afortunadamente ocho de cada 10 fueron localizados; también se menciona que la mayoría de ellas fueron mujeres siendo las cifras más elevadas entre los mayores de 12 años.
Uno de los datos más alarmantes presentados por la REDIM refiere que, el estado de Chiapas ha mostrado cifras récord, pasando de 183 en 2019, 384 en 2020 y 625 en 2021, de los cuales casi 4 de cada 10 son indígenas y 30% de las personas entre 0 a 17 años de edad aún no ha sido encontradas, lo que significa, además, que cada dos días desaparecieron al menos tres niños, niñas y adolescentes.
No se puede negar que durante muchos años, las niñas y mujeres han sido de los sectores más vulnerados; la UNODC menciona que son sometidas a violencia física o extrema a manos de tratantes en una proporción tres veces superior a la de los hombres, sin embargo no puede perderse de vista que durante la última década, se han detectado más hombres víctimas, tanto niños como adultos, pasando de un 3% en 2004 a un 17% en 2020 y de un 13% a un 23%, respectivamente.
Es un tema amplio, complejo y lacerante que no puede encasillarse en algunas cuantas medidas, y que incluso debe alejarse de la indiferencia de las instituciones, se tiene que dejar de creer que “decidieron salirse por voluntad propia” que “se fueron con el novio o novia” o que “volverán pronto”. Como sociedad no pueden continuar racionalizándose las desapariciones. Hoy, lo extenso del problema debe impulsarnos, tanto a entidades públicas y privadas como a la sociedad en general, a tomar mayores acciones y sobre todo a denunciar de forma inmediata.
*Analista en temas de seguridad, justicia, política, religión y educación.
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