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Redacción ejecentral

El Instituto Nacional Electoral (INE) no obtendrá más recursos para realizar la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara infundada la controversia constitucional interpuesta para obtener un presupuesto adicional.

Ya en abril pasado el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova mostró su inconformidad con la consulta, pues no se les otorgaron recursos para realizarla.

“El problema es de diseño legal, porque cuando el Instituto Nacional Electoral tiene que proyectar su presupuesto para el año corriente (…) todavía no hay modo de saber si habrá o no alguna solicitud”, dijo en aquel entonces.

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La controversia constitucional fue promovida por el INE en diciembre de 2021, y admitida por el ministro Jorge Pardo Rebolledo.

El INE impugnó el Decreto de convocatoria publicado en diciembre de 2019, y el Decreto por el que se reforma el artículo primero transitorio del Decreto que expide la Convocatoria.

Para efectos del primer decreto, se establece como fecha de la convocatoria el 1 de agosto de 2021; mientras que en el segundo se impugna la entrada en vigor del decreto y la convocatoria de la Consulta popular al jueves 15 de julio.  

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De acuerdo con el proyecto, aprobado por unanimidad, no hay una obligación legal ni constitucional para que el Congreso de la Unión otorgue recursos al INE y que este pueda llevar a cabo un proceso de consulta popular.

Asimismo, se indicó que conforme al artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución, en materia de consulta popular y revocación de mandato, las atribuciones conferidas al INE se cubrirán según la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio 2019 y subsecuentes.

El pasado 2 de junio el INE aprobó la boleta sobre la consulta para enjuiciar a expresidentes, proceso que se realizará el 1 de agosto.

Mientras que la pregunta, reformulada por la Corte el 1 de octubre de 2020, será:

«¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?«

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