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Jonathan Nácar

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que es su adversario, y que “no somos iguales”, la semejanza con la narrativa que en periodos electorales mantuvo el expresidente Felipe Calderón Hinojosa es total. Lo que también significa que nada cambió en casi una década. Para ambos mandatarios el motor de la violencia política y el asesinato de aspirantes tiene un común denominador: la intromisión del narco y el crimen organizado en el proceso. 

“El crimen amenazó y bajó de la candidatura a 50 candidatos, más o menos, de todos: del PRI, del PAN y del PRD. Les dijeron: o te alineas con nosotros o te desaparecemos. Y renunciaron. Es un problema grave. Y no es una cosa personal ni partidista”, reconoció en diciembre de 2011 el entonces presidente Felipe Calderón.

Nueve años después, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que al que llamó el “partido del crimen”, es capaz de promover candidatos en “regiones en donde ellos (los criminales) deciden quién debe ser el candidato y quien el presidente, y a los otros candidatos los amenazan”. 

Se trata de una posición y un discurso con el que coinciden ambos mandatarios, que además de estigmatizar de manera generalizada los crímenes contra políticos en periodo electoral en actos meramente atribuidos al crimen organizado y operaciones de narcotráfico, también resulta en una salida para evitar abordar la activa participación de autoridades y de los propios actores políticos en actos criminales que van desde amenazar hasta atentar contra la vida de sus opositores. 

En lo que va del actual proceso electoral, señala Rubén Salazar Vázquez, fundador y director de la consultora Etellekt, la mayor parte de las víctimas de políticos asesinados eran opositores. “Nunca vamos a ver al presidente reconocer que esta violencia afecta de manera particular a quien es opositor porque eso implica que finalmente hay alguien que se está beneficiando de esta violencia, sea político, sea criminal, o sean ambos. Hay quienes se están beneficiando de estos actos al apartar a un candidato de la contienda bajo amenazas o peor aún al quitarle la vida violentamente”. 

Para el especialista en temas de seguridad y análisis de riesgo, tanto el entonces presidente Calderón Hinojosa como el mandatario López Obrador han sobredimensionado el tema de la violencia política como un recurso político para desprestigiar a la oposición bajo un contexto electoral, así como de alguna manera, también, pretender justificar sus respectivas estrategias de seguridad. 

“Generalmente Calderón lo hacía para justificar su modelo de seguridad de combatir al narco con el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. Ahora ocurre algo parecido, el gobierno de López Obrador les echa la responsabilidad a los gobernadores y alcaldes para emplear a las Fuerzas Armadas. La narrativa busca justificar el empleo de su modelo de seguridad militar”, sostuvo.

La realidad —con base en el registro de las amenazas, atentados y asesinatos de aspirantes y políticos en lo que va del actual proceso que realiza Etellekt—, advierte la continuidad de lo que ha ocurrido en las elecciones de prácticamente las últimas dos décadas en el país. No se trata de un fenómeno generalizado, e incluso la incidencia de estos crímenes políticos evidencia que la ruptura o reconfiguración de los pactos entre el poder político y el criminal no está presente en la gran mayoría de los estados y municipios del territorio. 

Para muestra un botón. Según el registro de la consultora respecto a los comicios, tanto federales como locales, desde el año 2000 a la fecha, suman en total 128 personas aspirantes o candidatos a un cargo de elección asesinados, con un registro de aproximadamente 100 municipios donde se focalizaron dichos atentados. Se debilita así la teoría de la notable injerencia criminal que, de acuerdo con los presidentes Felipe Calderón, y ahora López Obrador, sostienen en lo que recientemente ha denominado la herencia del partido del crimen. 

“Si fuera cierto lo que dice el presidente (AMLO) entonces, ¿qué ocurre en los otros 2 mil 300 municipios? ¿Por qué ahí no matan candidatos? ¿Por qué ahí el crimen ya gobierna, o ya estableció regímenes autoritarios que no tienen riesgo alguno de verse afectados aun cuando cambian de color los gobiernos? Los datos duros, cuantitativos nos muestran que esa realidad no es tan cierta, porque si fuera así nos estarían matando candidatos en todo el país, y no es así”, señaló Salazar Vázquez. 

Semejanzas. En su gestión presidencial, Calderón usó un discurso que se repite con AMLO. Foto: Cuartoscuro  

128 aspirantes o candidatos a un cargo de elección han sido asesinados desde el año 2000 en un registro de aproximadamente 100 municipios.

Crímenes ¿resueltos? 

En su conferencia mañanera del lunes 12 de abril, el presidente se aventuró en asegurar: “Afortunadamente no ha habido muchas pérdidas de vidas y en donde se han presentado asesinatos, casi en todos los casos hay detenidos o ya se sabe quiénes son los responsables, y están prófugos, pero ya se les anda buscando, de candidatos que han perdido la vida”. 

Lo cierto es que de las más de 300 agresiones contra políticos y candidatos, incluyendo amenazas y secuestros entre otros atentados, en lo que va del actual proceso, que hasta ese día de la declaración del mandatario ya acumulaban un total de 68 políticos asesinados y de ellos 21 aspirantes (cinco de los cuales ya contaban con su registro como candidatos de sus respectivos partidos), poco o nulo avance se tiene de las indagatorias donde autoridades u otros políticos figuran entre los probables responsables de planificar o ejecutar dichos atentados. 

Un hecho contrastante entre la situación actual de la violencia política respecto a la última actualización que hizo el gobierno federal el 9 de abril (a partir de la medición de su “estrategia de protección en contexto electoral”, que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó hace más de un mes, el pasado 4 de marzo), es que con un registro de más 20 aspirantes asesinados sólo consideraron como 10 “casos graves”, entre atentados y homicidios, en los primeros 36 días de su estrategia de protección. 

Sin embargo, la posición oficial sobre esta oleada de ataques en un contexto electoral, así como la alta incidencia de homicidios intencionales en el país cuenta con la misma línea discursiva por parte de las autoridades en atribuir o vincular el mayor saldo de las víctimas de la violencia con actos de la delincuencia organizada. Y así lo ha reiterado el propio titular del Ejecutivo federal en diversas ocasiones. 

Muestra de ello fue lo que declaró en septiembre del año pasado, cuando al ser cuestionado de los persistentes niveles de violencia en algunas regiones del país, particularmente en Guanajuato, refirió: “¿Por qué nos ha costado reducir el número de homicidios? Porque tiene que ver mucho con la delincuencia organizada y constantemente hay confrontación, enfrentamientos entre grupos, y eso nos aumenta el número de homicidios. Hay un porcentaje de todos los homicidios del país, del orden del 75 por ciento de los homicidios tienen que ver con el crimen organizado”, sentenció el 2 de septiembre pasado.

La intención de evadir la responsabilidad ante la vulnerabilidad que padecen varios de los aspirantes o candidatos al ser blanco de agresiones, los cuales —según lo referido por el director de Etellekt— en muchos de los casos no se denuncian por parte de los dirigentes de partidos a nivel local ante la desconfianza hacia las fiscalías o a las mesas de seguridad, se concentra principalmente, en las entidades y localidades que resultan más mortíferas para los actores políticos o quienes aspiran renovar o llegar a un cargo. 

Tal es el caso de Veracruz, donde el gobernador morenista, Cuitláhuac García Jiménez pidió a los partidos políticos que evitaran echarle la “bolita” a su gobierno sobre la responsabilidad de los candidatos asesinados en la entidad, en caso de que estuvieran inmiscuidos en temas de delincuencia organizada.

“Que no quieran echar después la bolita al gobierno y digan me mataron a este. Oye sí, pero se agarraron a balazos con otro porque eran jefes de plaza y se encontraron en un punto. No podemos hacernos responsables y andar cuidando a ese tipo de candidatos”, subrayó el mandatario el pasado 1 de abril. 

El presidente López Obrador, quien ha dicho que los responsables de la protección a candidatos a diputados federales y a gobernadores son los gobiernos locales con la colaboración del federal, le recomendó, nuevamente, el lunes pasado a los partidos: “Nosotros hicimos una recomendación respetuosa a los partidos de que antes de postular a los candidatos o antes de las elecciones, porque todavía hay tiempo, soliciten a la fiscalía general antecedentes de candidatos. Eso ayuda mucho. No creo que yo cometa una infracción al decir de que yo lo hice cuando fui dirigente; antes de, mandé la lista y aun así salen, o sea, dan sorpresas, sorpresas te da la vida, pero es mejor pedir información. Es una recomendación”. 

En crisis. La estrategia de seguridad, en manos de la periodista Rosa Icela Rodríguez, no ha sido suficiente para controlar los asesinatos electorales. Foto: Presidencia 

10 aspirantes de una lista de más de 20 fueron considerados “casos graves” en los primeros 36 días de la estrategia de protección del presidente.

Detonantes de violencia 

Señalado como uno de los presuntos autores materiales del asesinato de Juan Antonio Acosta Cano, quien era candidato a una diputación local en Guanajuato en las próximas elecciones, en los primeros meses del mes en curso fue detenido y vinculado a proceso Juan Carlos Jiménez Badillo, director de Tránsito Municipal de Juventino Rosas. La Fiscalía estatal lo vincula a él y a los otros dos sospechosos con quienes fue capturado de presuntos vínculos con el llamado cártel de Santa Rosa de Lima. 

Ese caso, así como el del asesinato de quien aspiraba a ser el alcalde de Puerto Morelos, en Quintana Roo, Ignacio Nacho Sánchez Cordero, —quien denunció las amenazas en su contra que pretendían que desistiera de mantener su candidatura—, reflejan las aristas en cuanto a que las amenazas, o la consumación de atentados en contra de las y los candidatos pueden derivar de las rivalidades de la propia contienda electoral. 

Para el consultor Rubén Salazar, el atribuir insistentemente este tipo de violencia a cuestiones delincuenciales y no en una dimensión que considere la participación de funcionarios, autoridades o políticos recae en una falta de transparentar que transexenalmente se ha intentado ocultar cómo “los cambios políticos a nivel nacional, estatal y municipal han desbaratando la pax narca que todavía mantiene cierta estabilidad en algunos estados y municipios, pero que en otros es evidente que se ha roto, lo cual se traduce en una mayor confrontación por el poder”. 

En ese sentido, añadió, “el acceso al poder no sólo implica el control de negocios lícitos sino también ilícitos. Esto es algo que nunca le ha gustado transparentar porque el mismo poder (político) está dentro de esa situación”, de un fenómeno donde al menos tres principales factores convergen como principales generadores de esta violencia política. 

Dichos factores añadió, tienen que ver con el antecedente de que en nuestro país, históricamente los procesos de designación de candidaturas que ocurren en el interior de los partidos resultan generadores de inconformidades y un ambiente de inestabilidad que eventualmente se convierte en índices de violencia, “donde quienes obtienen la candidatura se ven amenazados, sufren secuestro de familiares, el robo de su patrimonio, o son asesinados en atentados”. 

También la incorporación en sus respectivos discursos político-electorales sobre el combate a la corrupción y la delincuencia organizada, como fue el caso hace tres años de Fernando Purón, exalcalde de Piedras Negras, quien buscaba contender por una diputación federal, pero su afrenta en contra de los Zetas pudo haber sido un factor determinante en su asesinato, ocurrido en junio de 2018 cuando salía de un debate electoral. 

Y la tercera variante, de acuerdo con el análisis del fundador de Etellekt, recae en las evidencias estadísticas a partir de la correlación, aunque sin considerarla como una metodología concluyente, de que los estados más pobres del centro y sur del país tienden a concentrar los mayores niveles de violencia contra políticos, particularmente en casos como Guerrero o Veracruz, donde “en la mayor parte de sus municipios, las que parecieran las únicas actividades redituales son el narco o la política”. 

Aunque para el consultor, habría que revisar los móviles que disparan este tipo de violencia, y la influencia que tiene la propia conflictividad entre familias políticas o grupos de cacicazgos en ciertos municipios.

“Lo vemos con el tipo de perfiles, ahora con el candidato de Morena a la gubernatura, que nos muestra muy bien qué es lo que pasa en Guerrero cuando no se obtiene una candidatura”. Es reflejo del México más bronco, donde hasta se puede amenazar directamente a los consejeros del Instituto Nacional Electoral.  

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