En las últimas semanas la relación entre el INE, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Morena y la Cámara de Diputados se ha friccionado mucho más de lo que ya estaba. Y es que el INE decidió aplazar la consulta sobre la revocación de mandato del presidente de México, lo que ha causado polémica, pleito e intervención de los tres poderes del Estado.
A grosso modo y ahorrando un poco de chisme, la autoridad electoral argumenta que no cuenta con los recursos suficientes para realizar dicha consulta, pues el déficit alcanza dos mil 300 millones de pesos tras el recorte presupuestario aplicado por el Congreso al organismo electoral.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también protagoniza el pleito, pues emitió una segunda suspensión contra la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de aplazar la realización del ejercicio de revocación de mandato. Dicha resolución precisó que el acuerdo del INE “pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato del Presidente de la República, por lo que con la suspensión de dicho acuerdo se optimiza y brinda mayor eficacia al derecho de la ciudadanía, esto es, se privilegia la democracia, que es una de las obligaciones de dicho instituto”.
Como cereza del pastel, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, presentó una denuncia penal en la que pide penas de hasta siete años de cárcel para seis integrantes de la autoridad electoral, incluido su responsable, Lorenzo Córdova.
Con ese complejo panorama estamos cerrando 2021 e iniciando 2022. Como era de esperarse, los dimes y diretes entre la autoridad electoral y el Presidente no se han hecho esperar, los consejeros han cerrado filas para aguantar los embates de Morena y resistir los señalamientos del poder Legislativo.
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador esto no es una crisis, sino una oportunidad de continuar legitimando su mandato y seguir hablándole a esa audiencia que lo apoya desde de hace mucho tiempo y que mantiene cautiva desde la mañanera.
Si algo ha quedado claro en estos primeros tres años es que el Gobierno de la República sabe muy bien como capitalizar el descontento social y en más de una ocasión ha utilizado la denuncia como método de presión para conseguir sus objetivos.
Morena y el Presidente necesitan la consulta para robustecer al instituto político, legitimar al jefe del ejecutivo y fortalecer a quienes serán candidatos en los procesos electorales que le restan a la actual administración, a quienes lo que más interesa es la sucesión presidencial.
Muchos de los que hoy critican la insistencia para que dicha consulta se lleve a cabo, han guardado silencio al recibir prerrogativas, que también son dinero público, que se gasta o invierte (como cada uno prefiera calificarlo) en legitimar una democracia costosa e insipiente, pero definitivamente nuestra.