La mudanza de Benito Juárez de los billetes de 20 a los de 500, el acuerdo comercial parcial entre México y Estados Unidos o la confirmación de que el Ejército continuará realizando funciones de seguridad, han determinado el debate en medios y redes sociales esta semana. Entre los temas que recibieron menor cobertura, pero cuya importancia es mayúscula, destaca notablemente la presentación del estudio “El déficit meritocrático. Nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación” elaborado por Julio Ríos Figueroa, investigador del CIDE.
¿Por qué es tan relevante este estudio? Entre las conclusiones del Índice Global de Impunidad México 2018, señalábamos que la impunidad se explica por problemas de estructura y funcionamiento en los sistemas de seguridad y justicia, al igual que por la existencia de violaciones graves a los derechos humanos. Parte del problema se deriva de un diseño institucional inadecuado y de la falta de capacidades organizacionales y humanas para impartir y procurar justicia. Si no hay suficientes jueces, fiscales y ministerios públicos, difícilmente se puede garantizar el acceso a la justicia que demandan los mexicanos. El trabajo de Julio Ríos nos muestra otra cara de esta historia.
Si bien Ríos enfatiza que el Poder Judicial enfrenta limitaciones resultado de una arquitectura institucional inadecuada, el corazón del estudio está en la documentación y cuantificación de prácticas de nepotismo, muy arraigadas y extendidas, como la contratación de familiares a pesar de que no cuentan con las cualificaciones necesarias, relaciones endogámicas en las que familiares trabajan en el mismo espacio laboral o incluso relaciones de intercambio en la que existe contratación recíproca de familiares entre jueces, magistrados o funcionarios del Poder Judicial.
Van algunos de los principales datos: 51% de Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito tienen parientes trabajando en el Poder judicial y de estos 93% no pasaron por filtros en el proceso de selección. El 42% de las relaciones familiares analizadas en el estudio son de carácter endogámico o de intercambio, 70% de las personas involucradas tienen puestos de Juez, Magistrado, Secretario, Actuario u Oficial Administrativo y en 14% de los casos coexisten hasta cuatro miembros de una misma familia.
La transformación del sistema de justicia en una red de relaciones familiares, en realidad una red de redes familiares, tiene consecuencias muy importantes. En primer lugar, y como reiteradamente nos señala Julio Ríos, distorsiona la carrera judicial al obstaculizar la evaluación efectiva del mérito y capacidad profesional. En segundo lugar, abre la puerta para que los procesos judiciales se influyan o sesguen por intereses familiares y tráfico de influencias. Finalmente, establece un caldo de cultivo ideal para que la corrupción sea un factor determinante en la impartición de justicia, afectando especialmente a quienes cuentan con menores recursos para “lubricar” sus procesos.
Hay que revisar el diagnóstico, los datos y las recomendaciones de este trabajo, realizado en colaboración con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el cual puede consultarse completo en https://nepotismo.contralacorrupcion.mx/. No podemos ignorar este diagnóstico cuando enfrentamos las dificultades de la transición hacia el nuevo sistema penal. De nada servirá reformar instituciones y aumentar capacidades, en este caso para mejorar el acceso a la justicia, si prevalece una lógica patrimonial que pone al Estado al servicio de los intereses de los funcionarios y sus familias. La justicia no puede ser un asunto de familias acaparando recursos públicos para su beneficio.