@ja_leclercq
Sorpresa y repudio ha causado la discusión legislativa para aumentar penas de prisión a quienes bloqueen carreteras u obstaculicen el desarrollo de obra pública. Sorpresa. En tanto esta propuesta cavernaria ha sido promovida y respaldada por un gobierno y congreso estatales, con la venia del gobierno federal, cuyo origen está en la izquierda y que están en manos de Morena. Los cuales, adicionalmente, respaldaron en el pasado la manifestación social como vía para alcanzar el poder. Repudio, en tanto representa la criminalización de la protesta social y el riesgo de violación a derechos políticos como libertad de expresión, asociación y manifestación.
En el debate en medios de comunicación y redes, incluso se ha acusado a López Obrador de hipocresía, al dar su respaldo a acciones penales en contra de actos de manifestación y protesta social a los que él mismo recurrió en forma reiterada a lo largo de su carrera política. Pero no hay que equivocarse, nada más lejos que la hipocresía o incongruencia. La ahora denominada “ley garrote” es congruente con el discurso político del Presidente. Eso es lo más delicado.
A principios de la semana y en el contexto de la deliberación legislativa en Tabasco, López Obrador señaló: “A mí me gusta que la gente luche, pero me gusta que se luche por causa justa, pero no que vamos a cerrar las calles, que vamos a cerrar las carreteras. Eso ya se acabó”. Más adelante reiteró que con la ley “No se afectan los derechos humanos y no se limitan las libertades de los ciudadanos. Se tenía que poner orden ante la corrupción”.
¿Por qué ahora la protesta le resulta incómoda al Presidente y a los dirigentes de Morena? Porque la protesta social pone en riesgo la implementación de megaproyectos socialmente cuestionados y económicamente poco viables como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. Al parecer las consultas ad hoc o a mano alzada no resultaron suficientes para garantizar legitimidad y apoyo social y, ahora, la apuesta es por fomentar el miedo a terminar en prisión.
Cuando López Obrador señala que el cierre de calles o carreteras ya se acabó, nos dice a los ciudadanos que se valía protestar, manifestar o bloquear carreteras contra otros gobiernos, pero no contra la Cuarta Transformación. Que la derrota de los otros gobiernos era la causa justa que permitía la protesta, pero que eso ya se acabó en tanto ha triunfado esa causa y, por lo mismo, la protesta ha dejado de tener sentido y tampoco tiene permiso.
Entre todos los problemas que se desprenden de esta visión política, dos me parecen especialmente relevantes. Primero, se quiere imponer artificialmente un modelo y narrativa política unidimensional en un país plural y con profundas divisiones políticas y sociales. Eso no funciona para fomentar la tan cacareada reconciliación nacional y, por el contrario, puede a contribuir a erosionar la credibilidad en el gobierno, en especial frente a una posible recesión económica y el riesgo de que los proyectos impulsados no funcionen.
En segundo lugar, no deja de ser sorprendente que líderes políticos que se formaron en décadas de protestas y manifestaciones, tanto a nivel local como nacional, en verdad piensen que pueden contener el conflicto y la protesta social a través de medidas punitivas. Parecen nuevos. Más que evitar que la gente proteste contra macroproyectos arbitrarios, lo que van a lograr es echar más gasolina al fuego del descontento social.
El camino es más sencillo y pasa por reconocer que hay visiones distintas, que se requiere escuchar a la crítica y aprender a negociar. Asumir que sólo hay un proyecto político legítimo y que todos deben movilizarse para respaldar la 4T, no va a llevar muy lejos al gobierno y va crear más obstáculos a su proyecto de cambio. Mensajes como la “ley garrote”, por el contrario, hacen pensar que la 4T lleva en sí la semilla de su propia destrucción.
