La Portada | Estados Unidos a la caza de “terroristas” en México

La detención del fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, fue el comienzo. Ahora va por, al menos, 13 blancos prioritarios que Estados Unidos cataloga como “terroristas”.

Grupos de trabajo de alto perfil trabajan en el seguimiento de cada uno de ellos, y en los últimos años han logrado descifrar una parte sustancial de sus redes de operación y protección institucional.

Su labor se ha intensificado en el último año. Están cada vez más cerca, aseguran las fuentes consultadas por ejecentral, y su punto de contacto son las unidades de élite de la Marina.

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En México no pueden llamarles terroristas, aunque de acuerdo al Código Penal Federal lo podrían ser, como lo demuestran las escenas que ocurrieron esta semana en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua.

Así, el despliegue en armamento y tácticas de contrainteligencia que evidenciaron las células “especiales” del Cártel Jalisco Nueva Generación en Guanajuato y Jalisco, a base de bloqueos, ataques armados e incendios en puntos estratégicos permitieron que el líder regional del cártel, Ricardo Ruiz Velazco alias El RR lograra escapar del operativo montado por el Ejército.

Tácticas similares, que especialistas en el tema colocan como muestras de “narcoterrorismo” se replicaron días después de ese hecho, pero ahora en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, donde el grupo de Los Mexicles, uno de los brazos armados del Cártel del Pacífico habría desatado una ola inédita de atentados y actos indiscriminados de violencia.

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Pero la resistencia del gobierno mexicano por aceptar esos hechos como actos terroristas se contradice incluso con el propio argumento con el que buscan justificar.

Esto se argumenta en el artículo 139 del Código Penal Federal que señala: “A quien utilizando… explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular u obligar a éste para que tome una determinación”.

La palabra terrorismo históricamente tiene una connotación política en México, por eso se ha resistido a llamarles de esta forma a los narcotraficantes, pues eso permitirá operaciones extraterritoriales por parte de las agencias estadounidenses. Sin embargo, en Estados Unidos así los consideran y así ha diseñado una estrategia para su captura.

Operaciones encubiertas, uso de informantes, seguimiento a llamadas y hasta uso de drones y satélites forman parte del equipo disponible. Esas acciones ya están en curso.

Una fuente de primer nivel aseguró a ejecentral, que habrá más capturas en poco tiempo. También se confirmó que la intención del gobierno mexicano es que sean procesados en territorio estadounidense y no en nuestro país. Además, presta ya todo el auxilio desde las Fuerzas Armadas.

Las razones

Desde hace dos décadas el gobierno de Estados Unidos ha buscado por varias vías que cárteles de la droga asentados en México sean catalogados como organizaciones terroristas extranjeras.

Violencia extrema, capacidad de fuego y financiera, así como mayor dominio de los mercados criminales, mediante redes de corrupción e impunidad son los argumentos que a la fecha sostienen congresistas, gobernantes, autoridades y especialistas para buscar materializar dicha designación.

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Ante las evidencias del control violento y corruptor que ejercen cabezas criminales como Nemesio Oseguera El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación; los hijos de Joaquín Guzmán Loera El Chapo al frente de una fracción del Cártel de Sinaloa, mientras que el otro liderazgo lo mantienen personajes como Ismael Zambada El Mayo en los territorios donde se incrustan, el gobierno mexicano se ha mantenido renuente que se amplíen los esfuerzos por combatir sus estructuras criminales que han logrado traspasar no sólo la frontera norte de nuestro país.

En medio de esfuerzos redoblados y la reiterada postura del presidente Andrés Manuel López Obrador por dejar de lado el combate frontal y enfocarse “a las causas” de la violencia, las labores del gobierno estadounidense parecen recibir una suerte de contención a las operaciones de sus agencias de inteligencia y seguridad que buscan cooperar en el debilitamiento y desarticulación de estas organizaciones criminales a quienes tan sólo en México se les atribuye más de 75% de los asesinatos en el país.

Franja fronteriza, alerta constante

Desde la década de 1980, la frontera entre México y Estados Unidos ha significado una histórica preocupación para dicho gobierno ante el temor de que se convierta en la puerta de entrada de grupos extremistas.

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 el nivel de alarma ha llegado al grado de incluso plantearse estrategias bélicas para hacer frente a los grupos criminales transnacionales.

Con ese argumento es que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó durante su discurso sobre el Estado de la Unión en febrero de 2019, que “el estado sin ley de nuestra frontera sur (con México) es una amenaza para la seguridad, la protección y el bienestar financiero de todos los estadounidenses"; sin embargo, diversas investigaciones periodísticas y revelaciones de sus propios excolaboradores evidenciaron que el recelo del entonces mandatario republicano fue más allá.

Tanto el despliegue de fuerzas militares, como el lanzamiento de misiles desde territorio estadounidense hacia México para “destruir los laboratorios de drogas” fueron propuestas por Trump, quien buscará en 2024 ser elegido para un nuevo mandato.

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Incluso en febrero de este año, el expresidente defendió su programa antinmigrante Quédate en México en una entrevista con The Clay Travis Buck Sexton Show, en la que sostuvo que el envío de tropas a la frontera sur podría darle protección, mientras que la idea de un ataque con misiles fue una propuesta reiterada por el republicano desde 2019, según las memorias de Mark T. Esper, quien entonces se desempeñaba como el secretario de Defensa.

›Fue en enero de ese año –a escasas semanas de la masacre contra integrantes de la familia LeBarón, el 4 de noviembre de 2019– cuando el entonces presidente Trump estimó el envío de 250 mil soldados estadounidenses a la frontera con México, equivalentes a más de 47% de los militares desplegados en el momento más crítico de la guerra en Irak, según reveló el diario The New York Times en octubre pasado.

Esto con el objetivo de “cazar narcotraficantes de los cárteles de la droga”, refirieron funcionarios de manera anónima al rotativo. El temor del gobierno estadounidense a que su frontera sur se convierta en el punto de ingreso para atentados terroristas no es nuevo.

Una señal significativa de alarma ocurrió en 2009, cuando un grupo de funcionarios antiterroristas de ese país corroboraron un video de un reclutador de Al Qaeda, que amenazó con traficar un arma biológica hacia Estados Unidos a través de túneles de la frontera con México, según un reportaje publicado por The Washington Times.

La revista Dabiq, un medio de propaganda del Estado Islámico, retomó dicha idea y puso sobre la mesa la “hipotética operación” sobre la movilización de un grupo de combatientes islamistas, mejor conocidos como muyahidines, en poder de un dispositivo nuclear que pudiera viajar desde Pakistán hasta las costas de América del Sur, y de ahí ser transportados a través de “las porosas fronteras de América Central antes de llegar a México y hasta la frontera con Estados Unidos.

A partir de ahí es sólo un salto rápido a través de un túnel de contrabando y listo, se están mezclando con otros 12 millones de extranjeros “ilegales” en Estados Unidos con una bomba nuclear en el maletero de su coche”, se advirtió en el artículo publicado en el noveno número de Dabiq, en mayo de 2015.

Aunque a la fecha no se cuenta con evidencia actual que indique que la amenaza de grupos terroristas haya podido ingresar a territorio estadounidense a través de la frontera con México, el Manual de Prevención y Preparación Contra el Terrorismo, bajo la edición del profesor-investigador Alex P. Schmid, integrante distinguido del Centro Internacional para la Lucha contra el Terrorismo (ICCT, por sus siglas en inglés) advierte que es una posibilidad que no se puede descartar.

De acuerdo con la publicación del también director de la Iniciativa de Investigación del Terrorismo (TRI), si bien resulta muy ambiguo señalar sólo las amenazas que implican la apertura de la frontera sur de Estados Unidos por parte de los inmigrantes que son considerados por el gobierno como “extranjeros de interés especial” (SIA). El manual sostiene que existen “pruebas de que los contrabandistas que trabajan con entidades que tienen conexiones con grupos yihadistas para traer gente a los Estados Unidos, aunque el propósito puede no haber sido el terrorismo sino otras actividades clandestinas”.

La delgada línea del terrorismo

El argumento de considerar y perseguir a las organizaciones criminales transnacionales, como las autoridades estadounidenses denominan a los cárteles mexicanos, como organizaciones terroristas ha sido un planteamiento que diversos sectores de ese país, incluyendo a gobernantes, congresistas, agentes de seguridad y académicos han impulsado durante al menos las últimas dos décadas. Ante el fortalecimiento y la expansión que han evidenciado organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, entre otros, la idea parece tomar cada vez más fuerza.

Así lo advierte el más reciente reporte del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, en el que destacan la creciente preocupación de los congresistas ante “los niveles persistentemente altos de violencia en México y la ineficacia de varios esfuerzos para frenar esa violencia o enjuiciar a los infractores”.

›Así, la posibilidad de designar a las organizaciones criminales transnacionales mexicanas como organizaciones terroristas extranjeras se mantiene dentro de la lista de preocupaciones que han implicado “numerosas audiencias de supervisión” por parte del Congreso estadounidense en la última década.

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Aunque el informe, publicado el 7 de junio, establece que mientras el Congreso ha considerado designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, al considerar si tanto el propósito como los niveles y tipos de violencia que utilizan los grupos ha evolucionado en terrorismo.

Los informes de países sobre terrorismo del Departamento de Estado de 2020 descartan que haya evidencia creíble de que los grupos terroristas internacionales tuvieran bases en México o “trabajaran directamente con los cárteles de la droga mexicanos, o envió operativos a través de México a los Estados Unidos en 2020”.

Sin embargo, tanto el Congreso estadounidense, como la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), entre otras agencias e instituciones especializadas han insistido en el desafío que implica la expansión y crecimiento de los cárteles asentados en México, debido a las ganancias ilícitas por el narcotráfico, pero también por una amplia gama de mercados ilícitos en los cuales se enfocan sus redes de lavado de dinero, que a su vez los ayuda a financiar la compra de armamento de alto poder, así como el dinero usado en sobornos para las autoridades y así procurar el contrabando de armas, personas, drogas y toda clase de recursos con los que pueden lucrar.

Incluso, la “corrupción endémica” es uno de los aspectos que el Manual de Prevención y Preparación Contra el Terrorismo señala que no sólo se trata de un “factor facilitador” para la delincuencia, sino del terrorismo, pues “de acuerdo con una teoría criminológica, el crimen, la corrupción y el terrorismo están entrelazados y pueden volverse inseparables”.

Muestra de ello, indica la publicación de julio de 2021, “los grupos terroristas capitalizan la corrupción de los funcionarios por eludir los controles y, al mismo tiempo, utilizar las denuncias de corrupción para legitimar sus ataques contra los gobiernos”.

En México, análisis como el libro “Crimen organizado e Iniciativa Mérida en las Relaciones México-Estados Unidos” –elaborado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE)– refiere en uno de sus capítulos, cómo es que mediante redes de corrupción e impunidad y expresiones catalogadas como “narcoterrorismo” han logrado que los “grandes” capos de la droga como sus lugartenientes mantengan “niveles de dominio (político, económico, armado y de redes sociales) que debilitan la autoridad de los representantes políticos elegidos democráticamente en las urnas”.

Respecto al término “narcoterrorismo” –identificado por los especialistas Gerardo Rodríguez Sánchez Lara y Judith A. Nieto Muñoz, autores de este capítulo titulado “El terrorismo como método del crimen organizado en México”– se conforma por una de las variaciones del terrorismo que implica “la existencia de mensajes y acciones, que buscan atemorizar a la población en general, a servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y a los tres poderes de la Unión” efectuados por los cárteles de la droga y los grupos del crimen organizado sin que se persiga un fin político o ideológico.

Multihomicidios, desapariciones, torturas, ataques armados contra autoridades de gobierno, amenazas y asesinato de políticos, funcionarios, periodistas, activistas y líderes sociales forman parte de una amplia lista de este tipo de crímenes, en su mayoría cometidos con extrema violencia.

Estas características se ajustan a la definición de “narcoterrorismo” al verse involucrados integrantes de estos grupos criminales, que son reflejo del grado de descomposición del tejido social que ha propiciado su irrupción y dominio en las comunidades.

A esto se suma lo establecido en el artículo 139 del Código Penal Federal que tipifica como terrorismo aquellos “actos de violencia extrema ejecutados para infundir terror, atentar sobre la integridad física y emocional de la población, atentar contra la seguridad nacional o realizar actos en contra de bienes o servicios a través del uso de sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, explosivos, armas de fuego, o por cualquier otro medio violento”.

En medio de la creciente violencia generalizada que azota varias partes del país, la organización Causa en Común señaló en su más reciente informe sobre “Atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios”, que al menos una decena de actos terroristas tuvieron lugar en el país durante el último semestre, como parte de un incremento del 18% en la incidencia de masacres, torturas, asesinatos con “extrema crueldad”, y demás hechos de violencia.

¿Negación o complicidad?

La posición del gobierno mexicano a que los cárteles de la droga sean considerados como organizaciones terroristas es casi inamovible. Sin embargo, eso no ha sido motivo para que autoridades de Estados Unidos, congresistas y gobiernos, además de los partidos demócrata y republicano mantengan vigente el objetivo de procurar un combate frontal con el fin de desarticular a los grupos criminales y sus principales liderazgos.

Hace más de 11 años, el congresista Michael McCaul advirtió que “la definición bajo la ley federal de terrorismo (de Estados Unidos) dice ‘intimidar a una población civil o a un gobierno mediante asesinatos o secuestros’. Para mí, los cárteles encajan perfectamente en esa definición (…) Me preocupa que México esté perdiendo esta guerra contra los cárteles de la droga y nosotros, también”.

La declaración del representante republicano se originó en un contexto en el que durante 2011 y 2012, él junto con otros legisladores impulsaron proyectos de ley ante la Cámara de Representantes encaminados a designar a los grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras, en particular a los cárteles de los Beltrán Leyva, el de Sinaloa, Juárez, el Cártel Golfo, así como la organización de los Arellano Félix, Los Zetas y La Familia Michoacana.

Aunado a esos esfuerzos, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes advertía en un informe de noviembre de 2012 sobre lo que denominó como “la mayor amenaza de infiltración terrorista en Estados Unidos”, al señalar los crecientes vínculos entre los cárteles mexicanos con organizaciones islámicas terroristas como el Hezbolá.

El gobierno mexicano rechazó los señalamientos, incluso el entonces embajador mexicano, Ricardo Alday, calificó como falsos dichos vínculos.

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La advertencia de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas –según amagó en 2019 el expresidente Donald Trump al gobierno de Andrés Manuel López Obrador– levantó de nueva cuenta la oposición del gobierno mexicano al grado de que el canciller Marcelo Ebrard calificó dicha medida como una violación a la soberanía nacional, por lo que se comprometió a encontrar una resolución en el combate de la delincuencia organizada transnacional, pero con “respeto mutuo” como base de la cooperación entre ambos países.

Así, ante las crecientes críticas que ha recibido la política de seguridad concebida bajo el lema de “abrazos, no balazos” –que reitera el presidente López Obrador, y que sugieren además del rebasamiento de las autoridades de seguridad frente al poderío y control territorial de las organizaciones criminales– se revela una significativa alza en la cantidad de grupos armados que operan en México y, en consecuencia, de una mayor violencia homicida.

Un análisis del International Crisis Group (ICG) señala que de los más de 500 grupos armados identificados como activos en México entre 2009 y 2020, la cifra aumentó hasta 170% en ese último año. Esta situación ocurrió cuando en 2010 se registraron 76 grupos y al cierre de 2020 se identificaron 206 de estas agrupaciones clasificadas como grupos criminales, autodefensas y organizaciones con una inclinación política.

Cerca del 40% del total de 543 grupos identificados, es decir 212, fueron bandas o grupos escindidos de organizaciones mayores, como el caso del Cártel de Sinaloa, que se ubicó con el mayor número de “brazos armados”, según el estudio.

Ante ese panorama, la reciente sentencia que un juez federal en Estados Unidos, emitió mediante la aplicación de la denominada “Ley Patriótica” o Ley Antiterrorismo, a fin de que la organización criminal transnacional identificada como La Línea, antes conocido como el Cártel de Juárez, pague una indemnización superior a 4.6 millones de dólares a favor de las víctimas de la matanza de integrantes de la familia LeBarón –en la que tres mujeres y seis niños fueron acribillados en los límites entre Sonora y Chihuahua– parece ser una nueva ventana de oportunidad para que las autoridades de Estados Unidos cuenten con la facultad legal para ampliar sus operaciones en búsqueda de los objetivos criminales transnacionales que consideren terroristas.

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“La Línea ha atacado a civiles como en este caso. Servidores públicos, expolicías, fiscales, expolíticos, y su firma o su costumbre (es) quemar vehículos”, señala una publicación de Border Report sobre la sentencia del juez federal en Dakota del Norte, Clare Hochhalter.

Dicha sentencia estableció que si bien el ataque contra los LeBarón ocurrió fuera de territorio estadounidense, sí involucró a ciudadanos de ese país que fueron víctimas de un acto de “terrorismo internacional”, y al tratarse de una organización criminal como La Línea, el Departamento del Tesoro deberá rastrear las cuentas ligadas a dicha organización para embargarlas y extraer los recursos de la indemnización.

“Estos cárteles traen terror a nuestras comunidades. Pasan de contrabandear narcóticos y armas a Estados Unidos para financiar sus empresas ilegales. Además, obligan a mujeres y niños a participar en el tráfico sexual y de personas enriqueciéndose con la miseria y la esclavitud de los inmigrantes. Asesinan a personas inocentes, incluyendo mujeres y niños.

Estos cárteles mexicanos de la droga son organizaciones terroristas extranjeras y es hora de que el gobierno federal los designe como tales”, advirtió el gobernador de Texas, Greg Abbot, en una carta que envió al presidente Biden en abril de 2021 a fin de que tomara “medidas inmediatas” al respecto.

Esfuerzos diferenciados

Mientras el presidente Joe Biden ha buscado en lo que va de su administración redoblar esfuerzos para combatir la capacidad financiera y operativa de los grupos criminales transnacionales –incluyendo a las organizaciones en México– el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador parece mantener un enfoque para contrarrestar o mermar la cooperación bilateral en materia de seguridad e inteligencia enfocada a desarticular a estos grupos criminales.

“En México debemos continuar trabajando juntos para intensificar los esfuerzos para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y sus redes, aumentar los enjuiciamientos de líderes y facilitadores criminales y fortalecer los esfuerzos para incautar activos ilícitos”, señaló un memorándum de septiembre de 2021, en el que el presidente Joe Biden designó a México entre los 22 principales países productores de drogas ilícitas o de tránsito de drogas importantes para este año.

En este documento señaló al Cártel de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación como principales productores y traficantes de drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo, cuyo consumo implicó cerca de 107 mil muertes por sobredosis en Estados Unidos en 2021, un alza de más de 15% en comparación con los decesos de 2020.

A dicha medida se sumó en diciembre pasado la firma de diversos decretos con los que se estableció un nuevo consejo integrado por funcionarios de los departamentos de Justicia, Tesoro, Estado, Defensa, Seguridad Nacional y la oficina del Director Nacional de Inteligencia a fin de sancionar a empresas y actores criminales de China, México y Brasil, luego de facultar al Departamento del Tesoro para “perseguir a cualquier persona extranjera involucrada en actividades de tráfico de drogas independientemente de que esté vinculada a un capo o cártel específico”.

Dentro de las nuevas designaciones del nuevo consejo se busca mayor “agilidad y flexibilidad” para perseguir estas redes criminales, según dijo un alto funcionario a la agencia de noticias EFE.

En el caso de México se incluyeron las organizaciones de Los Rojos y Guerreros Unidos, escindidas de la organización de los Beltrán Leyva, esta última se vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y con la inclusión de otros grupos y operadores sancionados, como el caso de Ismael Zambada García El Mayo, además de los hijos de Joaquín Guzmán El Chapo, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio.

En contraste, en los últimos meses se ha revelado la resistencia que ha mostrado el gobierno mexicano para la permanencia de las operaciones de agencias estadounidenses, debido en buena medida ante una crisis de confianza, por la que fuentes consultadas aseguran atraviesa la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado transnacional.

Ejemplos como este recayeron en el anuncio extraoficial que se hizo sobre una de las unidades de investigación sensible (SIU, por sus siglas en inglés) de la DEA en México, así como el retiro de una de sus aeronaves para operaciones antidrogas.

“Antes entraban y salían por el país y ellos mandaban, hacían lo que querían, incluso fabricaban delitos (…) Se puso orden y se tiene una relación de cooperación, pero con respeto a nuestra soberanía”, sostuvo el presidente López Obrador el 21 de abril pasado cuando al justificar las restricciones a la cooperación con autoridades de ese país, pidió al gobierno estadounidense revisar la “indisciplina” y “falta de autoridad” que aseguró prevalecía en las agencias como la DEA.

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