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Brenda Mireles

La vacunación contra la Covid-19 enfrenta retos en todos los países, y Estados Unidos no es la excepción. Al arribo de las primeras dosis, el 14 de diciembre, han seguido semanas de falta de organización.

Una de las principales razones para el retraso en la vacunación es la planificación descentralizada; por un lado, los planes del gobierno federal que calculaban 20 millones de ciudadanos inmunizados a la brevedad; por el otro, las administraciones de los 50 estados y jurisdicciones que no han recibido instrucciones de aplicación reglamentarias, y sólo han logrado la aplicación en poco más de nueve millones de personas.

Aunado a la escasez natural de las dosis en los primeros lotes, se suma la confusión sobre quiénes deberían recibir la inmunidad primero.

El personal sanitario de primera línea de combate contra la pandemia y las personas mayores de 75 años encabezan la lista de prioridad, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Pero esta recomendación no es una ley, y las administraciones de estados como Texas y Florida han priorizado a las personas mayores sobre el personal médico. Colorado ha ido más allá al incluir a maestros y trabajadores de supermercados como grupos prioritarios.

Con 376 mil muertes en el país, la aplicación de la vacuna podría tener además un costo extra, ya que los proveedores privados tienen la opción de cobrar tarifas de administración, aunque no queda claro sobre quién caería el precio.

El plan que se había detallado minuciosamente en la “operación Warp Speed” a inicios de 2020 simplemente se vino abajo tras la salida de Peter Marks, quien estuvo a cargo de este proyecto hasta poco después de su lanzamiento en mayo. 

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