En su primer acto público como nuevo presidente del PRD, Carlos Navarrete, realizó en Iguala la primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional, y declaró disparates. En el centro actual de atención por la barbarie institucional, Navarrete bañó su primer discurso con lugares comunes y confesiones de culpabilidad disfrazadas de denuncias. Dijo que el PRD está en contra de los gobiernos autoritarios y represores, tomando cínica distancia del hecho que Guerrero está gobernado por un perredista, y que el de Iguala estaba encabezado hasta hace unos días por otro perredista. Como autista de la política, Navarrete coronó con una afirmación rimbombante: tendremos más cuidado con nuestros candidatos a presidencias municipales.
La cortina de humo de Navarrete no tiene densidad. El PRD que controla Nueva Izquierda, no tiene escrúpulos para escoger con quién se acuesta electoralmente. Tres presidentes anteriores consecutivos de Los Chuchos –Navarrete es el cuarto en la línea de sucesión-, como se conoce popularmente a la corriente, regalaron puestos de elección popular a personas cuestionables a cambio de apoyos para mantener bajo su dominio el aparato del PRD, con lo cual la franquicia que han usufructuado desde 2008 les sigue dando automáticamente las prerrogativas federales para distribuir recursos y posiciones a quienes les son más leales. El último de sus inventos fue José Luis Abarca Velázquez, el ex alcalde de Iguala actualmente prófugo de la justicia.
Abarca Velázquez fue defendido por el antecesor de Navarrete, Jesús Zambrano, aún después de que se hizo público que mientras celebraba el informe del DIF que dio su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, su policía municipal y sicarios de la banda criminal “Guerreros Unidos”, dispararon contra normalistas de Ayotzinapa, mataron a seis personas, y se llevaron con rumbo desconocido a decenas de estudiantes. Ese evento mostró cómo una institución municipal se convirtió en parte orgánica de la delincuencia organizada. Pero Zambrano, con el apoyo de Los Chuchos, defendió al alcalde que pusieron en Iguala y salió al rescate del gobernador Ángel Heladio Aguirre, a quien por recomendación del ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, escogieron como su candidato en Guerrero.
No son inocentes. El ex alcalde puede ser incluso probable de homicidio, pero Aguirre y Los Chuchos, son culpables de asociación política delictuosa, que no tiene consecuencias legales, pero debe tener repercusión política. Ninguno de ellos puede decirse sorprendido. En este mismo espacio se recordó la semana pasada (“Iguala, microcosmos nacional”), cómo los igualtecos se preguntaban desde hace tiempo como Abarca Velázquez, de tener un puesto en el mercado, se convirtió en joyero y luego en dueño del principal centro comercial de la ciudad. En la prensa de Guerrero –y nacional-, se reprodujeron las incidencias y acusaciones en contra del ex alcalde, a quien responsabilizaron por el asesinato de varios dirigentes de la Unidad Popular, poco después que su esposa le reclamó airadamente al líder de ese grupo, Arturo Hernández, que hubiera criticado a su marido.
Abarca Velázquez era una papa demasiado caliente con la cual jugaron todo el tiempo Aguirre y Los Chuchos. Su esposa era hermana de Alberto Pineda Villa, uno de los sicarios de Arturo Beltrán Leyva, quien encabezaba el cártel que tenía con sus hermanos, y asesinado en 2009 por esa organización tras acusarlo de traidor. Es cierto que nadie puede ser juzgado por tener un familiar delincuente, pero el hermano de Pineda Villa, cuñado del ex alcalde, Salomón –preso en Tamaulipas hasta el año pasado-, fue el fundador y jefe de “Guerreros Unidos”, que operaban libremente en el corredor de Iguala-Ciudad Altamirano, tenían una extensión en Acapulco –el Cártel Independiente de Acapulco-, y disputaban el territorio de Guerrero y Morelos a otra banda, “Los Rojos”, y el sur del estado de México a La Familia Michoacana.
Ni Los Chuchos ni Aguirre necesitaban información confidencial del gobierno para saber esto. Como cualquier persona, pudieron leer en internet todas las vinculaciones de Abarca Velázquez con el crimen organizado. Pero hicieron caso omiso de las revelaciones frecuentes en la prensa de Guerrero, ignoraron las denuncias judiciales –como el asesinato de los dirigentes de Unidad Popular-, y cerraron los ojos ante los antecedentes públicos de sus relaciones con una banda criminal metida en secuestros, asesinatos y narcotráfico.
Quisieron defenderlo hasta el último momento. El gobernador, que recibió financiamiento de Abarca Velázquez no actuó con la prontitud debida para evitar que se fugara el ex alcalde. Zambrano peor aún. No quería expulsarlo del PRD, y cuando era inevitable que pidiera licencia y no pudo impedir su salida, platicó con él sin hacer absolutamente nada, tampoco, para que se presentara ante las autoridades para defenderse. Omisos ambos, la sospecha vuela sobre ellos.
La conclusión en el texto “Iguala, microcosmos nacional”, decía: “Aguirre no está al margen de estos hechos (en el municipio). Deslindar responsabilidades no basta. Tiene que explicar cómo fue posible que Iguala emergiera como un narco municipio ante su mirada pasiva y protectora de quien, piensan las autoridades federales, es el arquitecto de su desgracia”. El gobernador no está solo en el pozo. Los Chuchos también tienen que explicar su vinculación con personajes tocados por el narcotráfico y no pretender que ante la desmemoria nacional, puedan salir impunes de sus actos. Abarca Velázquez, pieza clave para entender el entramado criminal en Iguala, es ahora el espejo de su desvergüenza.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx