En memoria y homenaje, hace 30 años los sismos fueron tragedia y a la vez, renacimiento de la Ciudad de México
1. La FED posterga al 17 de diciembre
Finalmente, el pasado 17 de septiembre la Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió no aplicar por el momento el famoso incremento a las tasas de interés (se estima que lo haría con un cuarto de punto porcentual) que todo el año ha traído en jaque a la economía mundial. Con ello, como dicen los analistas, la FED decidió prolongar la incertidumbre y la volatilidad por un trimestre más, algo que los mercados irán asimilando y trasladando al público y las economías nacionales, sobre todo a las de los llamados países emergentes como el nuestro.
Es así que ante la desaceleración mundial y las debilidades propias de un lento crecimiento, la Reserva Federal optó por diferir un trimestre más, hacia el 16 de diciembre, postergando la normalización de la política monetaria norteamericana y extendiendo el tiempo de la incertidumbre y volatilidad mundiales. Ello, en virtud de que no obstante la economía norteamericana se encuentra ya en recuperación y tiene buenos datos de empleo, los desequilibrios del entorno económico hicieron recomendando diferir la medida. Les preocupan, por una parte, lo que está pasando en China, que es mucho más que un ajuste, así como la entrada en recesión de otras economías relevantes para los Estados Unidos, como son Canadá y Brasil, que estarían cayendo 1 y 2%, respectivamente.
En China, los analistas piensan que lo que está pasando, dada la opacidad del régimen, es un intento de transformación hacia las reglas del mercado global, lo que trae consigo un cambio estructural, pues el yuan, la moneda china, debe ser convertible para transformarse en divisa, en tanto que una incipiente apertura comercial implicaría reglas diferentes para el fondeo de los bancos chinos, que deberían contar con reservas más sólidas y propias. El yuan se devaluó alrededor de un 4%, pero para ser divisa, el cambio debería ser más drástico, quizá hasta un 50%.
Entretanto, la desaceleración de la economía china la está situando en una perspectiva de crecimiento del 6% para los próximos años, con el desplome de sus importaciones en un 13%, si bien las exportaciones han disminuido sólo 6%. El efecto neto de todo esto es que la economía china está demandando mucho menos materias primas, petróleo, cobre, acero, maderas, entre otras, no obstante lo cual está importando más alimentos para satisfacer el creciente consumo en el país.
En el caso de Brasil, los mercados leyeron muy mal el paquete presupuestal para el próximo año enviado por el gobierno al Congreso, pues considera niveles de deuda pública más altos que lo previsto, que no lo hacen sostenible. Después de ello, Standard and Poor’s degradó el grado de inversión de la deuda soberana brasileña de BBB- a BB+, que los mercados consideran propia de “bonos chatarra”.
Los números de Brasil indican una recesión para los próximos dos años, cayendo en el actual -2%, con un -1% previsto para 2016 y la búsqueda del equilibrio hacia el 2017; la recuperación del grado de inversión les tomaría por lo menos cinco años más. Brasil se ahoga en un mundo de elevada corrupción pública y privada, ineficiencia gubernamental con un elevado gasto corriente y pérdida de competitividad de la economía, que se había sustentado demasiado en el boom de Petrobras, que es hoy una petrolera prácticamente quebrada. Ante la pérdida de eficiencia pública y la bajísima popularidad de la presidenta Dilma Roussef (anda en 7%), aun y cuando el año próximo el país prevé organizar los Juegos Olímpicos, el país podría estar andando una ruta como la de Guatemala en los próximos meses. Cada vez se habla más de ello y se considera muy probable que la presidenta Roussef pudiera dimitir del cargo, sobre todo si progresa el lance de juicio al mítico Luis Inazio “Lula” da Silva con cargos de tráfico de intereses y corrupción.
2. Goldman Sachs: el petróleo podría llegar a 20 dólares
Por otra parte, la firma de previsión de riesgos de Goldman Sachs trae un dato muy inquietante, sobre todo si se piensa que lo más duro ha pasado. Goldman Sachs estima que el precio del petróleo podría desplomarse hacia los 20 dólares el barril en los próximos meses, como resultado de una reestructuración profunda en China, el menor crecimiento mundial esperado (se ha reducido ya un punto a lo largo del año, situándose hoy en 3% en promedio) y la saturación del mercado, dado el fracaso de países de la OPEP para controlar la producción, como también por la entrada al mercado de nuevos proveedores, como Irán y los propios Estados Unidos, que se están convirtiendo en un país exportador de petróleo y gas.
Esta situación, mala para los países productores de petróleo y muy dependientes de los ingresos del mismo, pero muy buena para los países importadores, está generando una ola de nueva competitividad en los países más desarrollados, como son Europa, Japón y los Estados Unidos, dueños de capital, tecnología y mercados consolidados.
La nueva competitividad y la menor demanda de petróleo, en un mercado con mucha oferta del mismo, considera Goldman Sachs, llevaría el precio del petróleo hacia los 20 dólares, lo que podría suceder tan rápido como aconteció cuando bajó de los 100 a los 50, situado por ahora todavía entre 40 y 50.
De darse una situación como la descrita, no es difícil anticipar un nuevo golpe a las finanzas públicas, cuya disciplina habría de ser entonces más que draconiana.
3. Un año de Iguala
El 26 de septiembre, se cumplirá un año de la trágica noche de Iguala.
Obvio es decir que la investigación realizada hasta ahora se encuentra sometida a un severo escrutinio y expuesta a la metralla mediática, debido al ambiente de descrédito e incredulidad prevaleciente, en el que cayó a la medida la presentación del informe de la Comisión Interdisciplinaria de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Han aparecido sin embargo algunos elementos supervivientes en las indagatorias que refuerzan el punto de vista gubernamental, como son la captura del jefe de sicarios Gildardo López Astudillo (a) “El Gil”, importante lugarteniente del capo del cartel criminal de los Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, así como la identificación positiva por el prestigiado Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Inssbruck, Austria, de los restos de otro estudiante desaparecido, Joshivani Guerrero de la Cruz, recogidos en el basurero de Cocula.
Si bien la reacción gubernamental es considerada la adecuada al no pretender negar las dudas que se sostienen en el informe del GIEI e integrar las recomendaciones a las líneas de investigación que se sostienen, el criterio de definitividad que se buscó adoptar con la “verdad histórica” ha sido severamente puesto a prueba.
La opinión pública hoy pide responsables. Se han enfocado las baterías en contra del ex procurador Jesús Murillo Karam, a quien los padres de los desaparecidos le imputan el mentir y distorsionar los hechos, dicen, en algo equiparable al encubrimiento. Pero también, porque el otro gran responsable de la tragedia de Iguala, el ex gobernador Angel Aguirre Rivero no ha sido hasta el momento imputado ni puesto a disposición de la justicia, esperando quizá a que concluya el fuero que aún le protege como gobernador con licencia el próximo 27 de octubre cuando concluye el periodo constitucional al que fue electo, impulsado por una coalición perrepán.
Parece obvio que de aquí al 26 de septiembre, cuando se estaría organizando una megamovilización en demanda de justicia, el gobierno tendría que haber realizado medidas de mayor impacto; como podría ser el haber resuelto el caso; no obstante, ante las críticas y la disminuida credibilidad, podría tomar en cuenta las siguientes:
La designación de los dos fiscales independientes que se propusieron en el Senado, uno para buscar a los desaparecidos; el otro para investigar la investigación.
El sujetar a proceso al ex gobernador Angel Aguirre Rivero, por su omisión o negligencia en la provisión de seguridad a los guerrerenses. Cabe señalar que en términos de los tratados internacionales, la principal falla que permite imputar al Estado la responsabilidad en los casos de lesa humanidad, es la de la justicia; es decir, el Estado tiene el deber de proveer seguridad a los habitantes y es responsable subsidiario cuando se presenta esta falla. Si el Estado mexicano está imputado, Aguirre no tiene por qué resultar impune.
La reunión de los padres de los desaparecidos y los integrantes del GIEI con el presidente Enrique Peña Nieto, en algún sitio neutral como pudiera ser el Alcázar del Castillo de Chapultepec o el vestíbulo del Museo de Antropología. Algún vocero de los padres de los estudiantes desaparecidos han dicho que están más encabronados que antes en abierto rechazo a las explicaciones oficiales.
Si lo que se busca es la verdad, ésta no puede ser la que más acomode sino lo que resulte, que todas las evidencias indican hacia una masacre cometida por un grupo criminal que se apoderó del municipio de Iguala y otros colindantes como Cocula y, con las policías municipales a su servicio, aquella noche infausta del 26 de septiembre de hacer un año agredió, capturó, ultimó y destruyó los restos mortales buscando ocultar el crimen. Sin duda hay muchas dudas sobre quiénes más estaban implicados, sin que deba dejarse de lado que se trató de un gobierno municipal y estatal emanado del PRD, y que fue el Estado nacional mexicano el que restableció el orden constitucional y legal, persiguió y capturó para someter a proceso judicial a 111 responsables directos hasta el momento, dispuesto como está a profundizar la investigación y castigar a todos los culpables.
4. Reunión de los padres de familia con EPN (el 24 de septiembre)
La reunión de los padres de familia y los integrantes del GIEI con el presidente Enrique Peña Nieto, que ya el ex vocero de los padres de los desaparecidos, Felipe de la Cruz (quien ni siquiera es padre de algún desaparecido) está exigiendo se realice en Los Pinos y de manera pública, esta siendo diseñada con el debido cuidado para no convertir en rehén de lo imposible al Presidente de la República.
Habrá de realizarse el 24 de septiembre, en un lugar fuera de Los Pinos, quizá el Alcázar del Castillo del Chapultepec o el Museo de Antropología, con antelación a la marcha del 26 de septiembre y previo también a la participación del titular del Ejecutivo en la Asamblea General de la ONU, el próximo 28 de septiembre.
Al estar presentes integrantes del CIEI de la CIDH, debiera hacerse partícipe también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual, dicho sea de paso, también es cuestionada en su imparcialidad y credibilidad por los representantes de los padres de los desaparecidos.
A la reunión, el gobierno llegará con alguna medidas de alivio, como son el establecimiento con carácter de urgente y obvio, del 26 de septiembre como Día contra la Desaparición Forzada; la captura de importantes criminales con responsabilidad directa en las desapariciones y la identificación positiva de los restos de otro de los normalistas capturados en Iguala y sacrificados en Cocula.
En esa reunión, habrá de ser claro que el Estado mexicano no rehuye su responsabilidad y habrá de castigar a los responsables, asumiendo la responsabilidad subsidiaria que le compete para garantizar la reparación del daño, en este caso a los deudos; la no repetición, mediante la Ley para erradicar la Desaparición Forzada, y la restitución de la memoria de los sacrificados por el crimen organizado, con el establecimiento del Día contra la Desaparición Forzada y otras medidas que resulten quizá en las leyes electorales y de acceso a la justicia. Nada como lo de Iguala debiera repetirse nunca, para lo que deben repararse las fallas de Democracia y de Estado que desencadenaron los trágicos acontecimientos.
5. El Tercer Informe de Mancera
También, el 17 de septiembre pasado presentó su Tercer Informe de labores el jee de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Angel Mancera.
Claro está, en su visión particular, los problemas de la ciudad capital están todos en vías de solución. Casos como el crimen cometido en un departamento de la colonia Narvarte, en el que fueron ultimados cuatro mujeres y un fotorreportero en el contexto de las actividades ilegales del narcotráfico en la ciudad, sólo ponen a prueba su templanza y la capacidad de respuesta de las autoridades.
No hay nada en su discurso que refleje preocupación por lo que la DEA acredita en diversos documentos, que no es otra cosa que la ciudad de México se ha convertido en un centro de actividades de los principales cárteles del país, desde los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que queda de La Familia michoacana y los míticos grupos del Pacífico, los de Sinaloa y su desprendimiento, los Beltrán Leyva (de quienes provienen los “Guerreros Unidos” de Iguala, cuyo corredor es la principal fuente de abastecimiento de las drogas que consumen 500 mil adictos capitalinos).
En la ciudad, dice Mancera, se ha reducido el crimen pero los ciudadanos aún tienen percepción de la criminalidad que opera en todas partes. Lo que reportan los diarios, en tanto ejecuciones tipo comando, asaltos en centros comerciales, intrusión en casas-habitación, la connivencia de la policía en todos los casos criminales que acontecen –incluso en el caso Narvarte está mezclado un policía--.
Habiendo sido Procurador, Mancera conoce bien cuál es el mapa del crimen en la ciudad y en dónde se encuentran quienes le organizan.
Sin ir más allá, parece increíble que un caso de extrema corrupción, como el protagonizado por su progenitor y antecesor en el cargo, Marcelo Ebrard, siga impune. No sólo defraudó a la ciudad con la construcción de una línea del Metro mal construida y con un costo al doble de lo que fue originalmente presupuestado (el costo total llegó a 46 mil millones de pesos) sino que por casi un año ha estado sometida a rehabilitación y por ende, fuera de servicio en perjuicio de medio millón de usuarios, sino que el ex jefe de gobierno se apoderó de una casa en la colonia Roma, en el 46 de Plaza Río de Janeiro, que era propiedad del gobierno de la ciudad y la desincorporó en un precio irrisorio para sí mismo. Es decir, el corrupto estaba con las manos en la masa y ni así procedió Mancera contra el abusador.
¿Qué importa todo eso? Mancera quiere ser Presidente de la República, para lo cual buscará el impulso ciudadano al no militar por ahora en algún partido político, no obstante lo cual exige la sumisión del PRD. Contó con la presencia en su informe, del presidente nacional del PAN, el joven Ricardo Anaya, perfilando quizá una coalición útil por negociarse al estilo perrepán. Es por ello que de manera apabullante, el aparato propagandístico de Mancera estará operando en los próximos días para mostrar a los capitalinos cuán bella, segura, vivible, plural y democrática es la ciudad de México. Si la realidad no concuerda, entonces qué malo para la realidad.
Lo que ha sucedido en Guatemala, en donde el presidente Otto Pérez Molina fue obligado a renunciar y sujetado a proceso judicial debido al encauzamiento realizado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, impuesto por la ONU en el pasado para juzgar a los militares golpistas, ha resultado una combinación de populismo y depuración del sistema político.
Finalmente, el impacto en México se ha dado en el plano societal, al comentarse en las redes sociales que en nuestro país, los distintos casos que han lastimado a la opinión pública y al sentir ciudadano no podrán ser procesados hasta en tanto no se cuente con una efectiva rendición de cuentas y una instancia autónoma que asegure que no prevalezca la impunidad. Sin duda, Mancera debe rendir cuentas de su actuar como jefe de Gobierno de la Ciudad antes que pensar en la sucesión presidencial, parte de lo cual implica poner a Ebrard a disposición de la justicia para que responda por sus desfalcos.