El Gobierno de México y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmaron este martes un acuerdo para que el organismo internacional brinde asesoría en la materia para la formación y operación de la Guardia Nacional.
En Palacio Nacional, donde se firmó el acuerdo marco, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que garantizar y proteger los derechos humanos es una convicción que tiene su gobierno y ahora la ONU hará un acompañamiento en el inicio de una nueva etapa en el propósito para garantizar la paz y tranquilidad en México.
“Queremos que México se abra a la observación internacional para que actuemos con absoluta transparencia… Que nos ayuden para que se formen los elementos de la Guardia Nacional en el principio de la defensa de los derechos humanos y en el uso moderado de la fuerza”, expresó el mandatario federal.
Durante su discurso, la alta comisionada Michelle Bachelet dijo que “el acuerdo firmado hoy va más allá de la capacitación e incorpora elementos que reforzarán el carácter civil que debe tener un cuerpo de seguridad”.
“Entre ellos un mecanismo de participación ciudadana, construcción de indicadores, mayor transparencia, rendición de cuentas y dignificación y profesionalización de la función policial”.
En su último día de visita oficial a México, la Alta Comisionada reconoció que escuchó diversas preocupaciones por las violaciones a derechos humanos en el País.
El convenio fue signado por Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien afirmó que este convenio garantizará que la Guardia Nacional tenga en su ADN el respeto a los derechos humanos.
Anuncian el jueves a Mando y Estado Mayor
El Gobierno federal dará a conocer el jueves al Comandante que estará al frente de la Guardia Nacional, así como al Estado Mayor.
Organizaciones y legisladores de Oposición han criticado que se designe a un mando militar al frente de ésta cuando la exigencia siempre fue que sea civil.
Especialistas en seguridad urgieron al Gobierno a fijar un plazo para que la batuta sea transferida a un mando civil, al advertir riesgos para la población con un esquema castrense. NM
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