Rogelio Hernández López

Ni de panzazo aprueba ninguno de los 32 gobiernos estatales de México el primer examen que se les aplica de contar con leyes y mecanismos de protección a la libertad de expresarse de periodistas y defensores de los derechos humanos y menos en ofrecerles seguridad y justicia con fiscalías especializadas a pesar de que en los estados se cometen la mayoría de agresiones y asesinatos.

Desde 2012, que se creó el Mecanismo Federal de Protección, la mayoría de gobernadores han firmado dos convenios en los que se comprometieron a generar condiciones para homologar leyes, medidas de protección y preventivas o protocolos de reacción rápida o al menos para investigación de agravios y asesinatos.

Pero los avances son demasiados pocos. Doce entidades carecen de leyes al respecto, 19 carecen de alguna instancia de protección y 28 no han creado fiscalías para atender delitos contra la libertad de expresión.

En México, coloquialmente se llama pachorrudo o conchudo a quien tarda en cumplir sus obligaciones o actúa con indolencia o lo hace mal.

Inusual alianza

El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (CASEDE) difunde, desde el mes de julio de 2020 el primer índice de libertad de expresión de cada una de las 32 entidades de la república.

De todos los organismos civiles nacionales o internacionales que monitorean y analizan la libertad de expresión de México CASEDE es el primero en detallar que en el deterioro del último año” lo más acuciante es en el ámbito estatal y municipal.”

Para la elaboración del Informe, el CASEDE implementó alianzas con instituciones académicas y con personas investigadoras y expertas en libertad de expresión, lo que resulta inusitado:

Contó, del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) con las doctoras Valeria Leal Ramírez (directora), Judith Cruz Sandoval y Tania Gómez Zapata; de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) con los doctores David Díaz Rascón, Rodrigo Ramírez Tarango y  Guillermo Ávila Olivas; del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) con la doctora Grisel Salazar Rebolledo;  tuvo también el respaldo del Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México.

Marco legal insuficiente

De sus hallazgos principales destacan:

Contar con un índice nacional en donde apenas siete estados rebasan 5 puntos de 10 posibles, pero no llegan a los 6: Guanajuato alcanza un indicador de 5.82; Ciudad de México 5.68; Durango 5.61; Coahuila 5.55; Jalisco 5.38; Puebla 5.08 y Zacatecas 5.01.

Sobre la armonización de las constituciones estatales con la reforma de derechos humanos de 2011, el promedio obtenido por los 32 estados es de 9 sobre 10 puntos. Pero…

En materia de la calidad de leyes para la protección de periodistas el índice general es de 3.1 sobre 10 en las 32 entidades.

Son 12 estados los que carecen de un marco jurídico apropiado para la defensa de las y los periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Fueron calificados con cero en este indicador de seis variables: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Los únicos dos estados que lograron una puntuación de 10 fueron Colima y Guanajuato.

“La falta de un marco legal que siente las bases de la coordinación federal con los estados (según el CASEDE), aunado a la debilidad normativa, institucional, técnica y operativa aquí analizada en los estados, da cuenta de lo endeble del andamiaje de protección y justicia para periodistas y personas defensoras de derechos humanos que tiene el Estado mexicano.”

En ocho años, comenta este reportero, prácticamente se ha dejado la responsabilidad a las instancias federales de proteger a periodistas y defensores y cargar con las críticas cuando se registran agravios o asesinatos.

19 sin instancias de protección

Al medir el nivel de progreso alcanzado en materia institucional local con respecto a la estructura, facultades de los mecanismos o unidades estatales de protección y de presupuesto ejercido en la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas todo el país obtuvo un promedio de 1.5 sobre 10.

“… 19 estados fueron evaluados con cero debido a que no cumplen con ninguno de los 13 aspectos que conforman los estándares internacionales en el rubro: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Esto confirma las nulas facultades en el cumplimiento de la protección de las personas de derechos humanos y periodistas en sus territorios.

La Ciudad de México fue la entidad mejor posicionada con 6.7 de calificación al cubrir nueve de los 13 aspectos, tales como políticas de medidas preventivas, medidas de protección, medidas urgentes de protección, medidas sociales, incorporar la perspectiva de género en las medidas incluidas en el mecanismo o unidad, tener la facultad de elaborar estudios de riesgo, establecer procedimientos de reacción rápida y establecer procedimientos de reacción extraordinaria.

Sin embargo, la CDMX no cumple con cuatro: establecer medidas que generen planes de retorno para las víctimas, establecer medidas de reparación del daño a las víctimas, la facultad en su mecanismo o unidad de investigar oficiosamente aquellas situaciones de riesgo de agresión aun cuando no se haya presentado una solicitud expresa, considerar medidas aplicables de protección en caso de desaparición de periodistas, por ejemplo, a favor de los familiares u otros allegados, incluyendo colegas de trabajo.

Estructuras deficientes

Donde existen instancias (mecanismos o unidades de protección) los investigadores evaluaron las estructuras para toma de decisiones y su funcionalidad. La calificación para el país fue de 0.7.

Nuevamente la Ciudad de México es la entidad mejor posicionada en esta variable, al obtener 5 puntos de calificación debido a que contempla cinco de los aspectos, tales como Junta de Gobierno, Consejo Consultivo, Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, Unidad de Evaluación de Riesgo, Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis.

Esto también indica “que México tiene prácticamente una falta sustantiva en el ámbito estructural de acuerdo con estándares internacionales.”

Sólo 4 fiscalías estatales

Solamente 4 estados cuentan con áreas especializadas para la investigación de delitos contra periodistas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila y Oaxaca por lo que fueron calificadas con 10 en indicador.

Chihuahua cuenta con la Fiscalía Especializada de Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos de Chihuahua, creada en 2017;

La Ciudad de México posee la Agencia Especializada para la Atención de Delitos cometidos en Agravio de las y los Periodistas adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales desde 2010;

Coahuila opera con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos en Agravio de Mujeres y Periodistas desde 2013;

Oaxaca dispone de la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social.

Pero en contraste, los 32 estados, según el CASEDE, mantienen la existencia de leyes que criminalizan y castigan civilmente el ejercicio de la libertad de expresión.

Peor aún, hay entidades como Campeche, Nuevo León, Sonora, Yucatán y Zacatecas tienen (todavía) disposiciones penales que criminalizan la libertad de expresión.

Lo peor

En el balance general, la investigación contextualiza el empeoramiento de las condiciones generales y los males estructurales en que se desempeñan las personas defensoras de los derechos humanos y especialmente las y los periodistas:

“… es importante agregar la constante estigmatización y desacreditación hacia periodistas, medios de comunicación, organizaciones civiles, intelectuales, etc., que surgen desde la presidencia de la república e instancias gubernamentales en las conferencias matutinas.

“Por otra parte, persisten vulnerabilidades como condiciones laborales precarias, falta de conocimiento y uso de protocolos de prevención de riesgos, autoprotección y códigos de ética.

“A esto se suman condiciones estructurales como marcos legales e institucionales de protección y justicia débiles e ineficientes, concentración de medios de comunicación, leyes que criminalizan o restringen la protesta social, el conservadurismo, la discriminación y la estigmatización.”

¿Hasta cuando las y los gobernadores dejarán la indolencia y cumplirán con los convenios que signaron con la Secretaría de Gobernación federal para homologar las leyes y las instancias de Estado para proteger a estas dos actividades de alto valor social?

¿Hasta cuándo las y los periodistas cumpliremos con nuestra parte de convertirnos en sujetos sociales activos y en atajar lo que nos convierte en víctimas por ser altamente vulnerables? Hemos logrado demasiado poco en crear una red nacional de reacción rápida para la autoprotección. Ni siquiera en eso hemos avanzado.

Para conocer el informe: https://www.casede.org/index.php/biblioteca-casede-2-0/periodismo-y-libertad-de-expresion/554-informe-libertad-de-expresion-2020

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