Es vergonzosa la actuación que tuvieron México y Argentina en la OEA negándose a acompañar una resolución adoptada por 26 países para condenar la persecución contra opositores perpetrada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, utilizando el trillado argumento de “la no intervención en asuntos internos’’.
Pasado el ridículo, los gobiernos del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y su homólogo argentino, Alberto Fernández, trataron de rectificar y llamaron a sus embajadores por “las preocupantes acciones políticas’’ orquestadas por Managua reconociendo que “han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición”.
Casi de manera simultánea Ortega privó de la libertad a los cinco opositores con más posibilidades de ganarle en las elecciones del 7 de noviembre, así que no es que se haya “puesto en riesgo su integridad y libertad’’ porque todos están detenidos y el daño ya está hecho.
El embajador de México en Nicaragua Gustavo Alonso Cabrera debe insistir con López Obrador y con el canciller Marcelo Ebrard en que es imposible defender lo indefendible, la democracia de ese país está en juego y se esperaría una reacción más contundente ante la detención arbitraria de la principal opositora Cristiana Chamorro quien está confinada en el dormitorio de su casa y bajo estricta vigilancia.
No se condenó que el periodista Miguel Mora fuera el quinto opositor aspirante a la presidencia detenido junto con el exdiplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro.
Según nos dijo José Miguel Vivanco, director para América de HRW, los detenidos se encuentran incomunicados en El Chipote en donde se teme que puedan ser torturados o amenazados para no presentarse a las elecciones, lo que consideró una crisis “sin precedente” desde que la región se despidió de las dictaduras militares y equiparó la situación con la represión de Fujimori en Perú.
Además, la Policía ya ha detenido también a dos empresarios, dos ex vicecancilleres, cuatro activistas opositores y dos ex comandantes guerrilleros disidentes del gobernante Frente Sandinista.
El embajador deberá recordarle a López Obrador
que en el Consejo de Derechos Humanos que sesiona en Ginebra, la Alta Comisionada Michelle Bachelet remarcó: “Desde mi último informe, el pasado 23 de febrero, mi oficina ha observado un preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos.
Esto aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones”.
“Esta crisis no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante’’ dijo Bachelet quien denunció persecución selectiva y que las detenciones son “bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria, marcadas por graves violaciones de las garantías procesales.”
Luego del informe de Bachelet 59 países suscribieron una declaración conjunta condenando la situación en Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos. Sorprendió que México no la firmó.
Y no faltó el discurso bananero del representante de Managua: “Nos presentamos a este Consejo para defender la Justicia y la Paz. El Derecho a vivir sin intromisiones extranjeras. El Derecho a protagonizar nuestro Destino de Pueblo Heroico, que no se somete a las imposiciones de las Potencias Imperiales”.
Por su parte, HRW urgió al secretario General de la ONU, António Guterres, a tomar cartas en el asunto y presentar la situación en Nicaragua ante el Consejo de Seguridad, como una crisis de proporciones cada vez mayores que involucra graves violaciones de derechos humanos y podría generar inestabilidad en la región.
Nicaragua se hunde bajo el yugo de la dictadura de Ortega, mientras que el gobierno de Palacio Nacional no ha condenado de manera categórica y enfática el peligro de la ruptura del proceso democrático en ese país. La ambigüedad de la cancillería no hace más que levantar sospechas. ¿Es López Obrador cómplice o tapadera de los Ortega Murillo?
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